gasteiz - Lakua ha cerrado la puerta al primer intento del Gobierno español de detener la nueva OPE de la Ertzaintza, una ampliación que dotará a la plantilla de los 120 agentes que le faltan para alcanzar los 8.000 pactados con el Estado. El Ejecutivo autonómico defiende el respaldo “jurídico y político” con el que cuenta esta iniciativa, los pilares que basan su rechazo al requirimiento de Madrid, pero aún así no las tiene todas consigo. Reconoce que si el Gabinete Rajoy insiste en su negativa y lleva el asunto a los tribunales podría poner en riesgo la continuidad de este proyecto.
A falta de una semana para que se celebre la primera prueba de la convocatoria pública de empleo, el Gobierno Vasco se encuentra con un nuevo escollo después de la polémica que suscitó el veto inicial a los aspirantes mayores de 35 años. En total, 680 de los 5.762 candidatos superan esta edad y, de momento, todos podrán presentarse a las pruebas a la espera de que exista una sentencia definitiva.
Con esta solución temporal, la segunda grieta que debe sellar el Gabinete de Iñigo Urkullu llega desde el Ejecutivo español. Su rechazo a reponer solo el 10% de las plazas que hayan quedado libres en el último año limitaría la OPE a “3 o 4” aspirantes, según apuntan desde el Gobierno Vasco, lo que chocaría frontalmente con las necesidades de plantilla recogidas en acuerdos de la Junta de Seguridad y de la Comisión mixta del Cupo, donde confluyen representantes de ambas administraciones.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, destacó que la intención es aplicar un plan que sirva para rejuvenecer la media de edad de la Policía Autónoma Vasca, un cuerpo que, tal y como refleja la respuesta al requerimiento de Madrid al que ha tenido acceso este periódico, “se concentra en un rango de edad de 15 años”, lo que originará que dentro de una década se jubilen “cerca de 3.500 de los 8.000 funcionarios”.
especifidades En este mismo documento, que ayer mismo enviaron desde Lehendakaritza al Gobierno del PP, destacan que dadas las “peculiaridades” de la Ertzaintza la renovación de su plantilla no puede estar sujeta a los mismos baremos que se aplican en otras convocatorias públicas de empleo, sino a los “criterios pactados con la Administración del Estado” para este caso específico.
Ahora toca esperar a conocer cuál será el próximo movimiento de Madrid: si claudica en su intento de modificar las bases de la OPE o si emprende la vía contencioso-administrativa en los tribunales. Para evitar esta segunda alternativa -dispone de dos meses de plazo-, Erkoreka confía en que la Administración autonómica cuente con el apoyo del PP vasco, ya que en diciembre de 2009 el ahora delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo presentó una iniciativa parlamentaria encaminada a impulsar el aumento del número de agentes en la Ertzaintza.
Tres meses después, en marzo de 2010, PSE y PP hicieron valer la mayoría absoluta que sumaban sus votos en una Cámara vasca sin la izquierda abertzale y con Patxi López de lehendakari para instar al consejero de Interior, entonces Rodolfo Ares, a “establecer un sistema de provisión de plazas en la plantilla que asegure, pese a las bajas que puedan producirse, una plantilla no inferior en todo momento a los 8.000 agentes aprobados por la Junta de Seguridad del 11 de noviembre de 2004”.