PALMA de mallorca - El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, pondrá fin mañana a la instrucción del caso Nóos, cuando dictará el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que decidirá si mantiene la imputación de la infanta Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales así como de la treintena de encausados restantes como primer paso para que puedan sentarse en el banquillo de los acusados.

Tras cuatro años de investigaciones, el juez determinará contra quiénes de los inculpados, entre ellos los duques de Palma, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Con esta resolución -contra la que cabe interponer recurso-, Castro dará asimismo paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -abogacías del Estado y de la comunidad autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico Somos Mayoría, PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tres delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del rey abona antes, junto a Diego Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que le será atribuido un solo delito fiscal.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal solicitará en su escrito que la infanta, se siente o no finalmente en el banquillo de los acusados, responda de los fondos supuestamente defraudados por su marido a través de Aizoon, sociedad de la que ambos son copropietarios y que se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.

En concreto, las investigaciones estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas, a través de las cuales tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las administraciones públicas.

Sin embargo, Castro ya había puesto la lupa sobre la actividad presuntamente irregular del entramado empresarial en febrero de 2010 cuando, en el marco del caso Palma Arena, comenzó a interrogar a varios exaltos cargos de la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) sobre la gestación de los foros sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma en 2005 y 2006 y por los que la entidad percibió un total de 2,3 millones de euros públicos.

Sofía visita a la infanta En vísperas de su posible imputación, la reina Sofía viajó ayer a Ginebra para visitar a su hija menor, la infanta Cristina, que reside en Suiza con su familia desde agosto de 2013, donde trabaja como directora del área Internacional de la Fundación La Caixa.

Desde el pasado 19 de junio, día de la proclamación de su hermano Felipe como rey de España, Cristina dejó de ser miembro de la nueva familia real, compuesta estrictamente por los reyes Felipe y Letizia, sus hijas -Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía- y los reyes Juan Carlos y Sofía.

La infanta Cristina no estuvo presente ni en la proclamación de su hermano Felipe como rey, ni la víspera en la firma solemne de la ley de abdicación por parte de su padre, Juan Carlos. - E.P.