VITORIA - El afán recentralizador del Gobierno español también se extiende a la acción exterior de las comunidades autónomas, en este caso a través de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado. Así lo cree al menos el Gobierno Vasco, que tras analizar con detalle el texto de esa ley, ha decidido recurrirla finalmente ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu considera que es "unificadora" y "controladora", hasta el punto de que pretende cercenar gravemente las competencias vascas en materia de acción exterior reconocidas en el Estatuto de Gernika.

En un comunicado difundido ayer, el Gobierno Vasco considera que esta ley confunde los conceptos de política exterior y acción exterior, de manera que obvia la capacidad de Euskadi para actuar en materia de proyección internacional. La confusión entre ambos conceptos es tal, asegura la nota, que la ley llega a atribuir al Consejo de Política Exterior -órgano que asesora al presidente del Gobierno español en materia de política exterior- el control de las actuaciones de las comunidades autónomas en este campo. El Ejecutivo de Gasteiz va más allá y señala que la Ley de Acción Exterior se excede en la capacidad coordinadora que atribuye al Estado, de manera que limita la autonomía que tienen las diferentes comunidades para planificar y regular sus acciones en esta materia.

La secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Marian Elorza, citó ayer dos razones fundamentales para la presentación de este recurso. Por un lado, que el Estado, "más allá de fijar las prioridades de su propia política exterior, trataría también de fijar las prioridades de la acción exterior de las comunidades autónomas". Esta pretensión del Gobierno del PP afectaría incluso a aquellos asuntos que son competencia exclusiva de Lakua.

"Se podría llegar incluso a que el Estado pretendería fijar prioridades sectoriales y geográficas, y nos parece que esto es una invasión inadmisible de la capacidad de autogobierno" del Ejecutivo vasco, añadió Elorza. En segundo lugar, el recurso obedece a que "la propia ley prevé una serie de mecanismos de control político que creemos que están fuera de todo lugar". La secretaria de Acción Exterior puso como ejemplo unos instrumentos "de control e información tanto sobre las acciones como los viajes o la apertura de oficinas en el exterior".

En este sentido, en el comunicado hecho público ayer el Gobierno Vasco consideraba "inadmisible e injustificable el control político" que el Ejecutivo español pretende ejercer sobre la capacidad de decisión de las comunidades autónomas para abrir las oficinas que consideren oportuno en el exterior. La ley española establece, entre otras medidas de control, la obligación de comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación la intención de abrir estas oficinas para que sean revisadas y valoradas por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, en su caso, el de Economía y Competitividad.

El Gabinete de Iñigo Urkullu califica asimismo de "inconstitucional" el mecanismo de autorización previa impuesto por la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, ya que, a su juicio, pretende limitar las acciones de las comunidades autónomas no incluidas en la Estrategia de Acción Exterior aprobada por el Gobierno español.

En esta coyuntura, y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno Vasco propondrá a Madrid abrir una negociación sobre los artículos en discordia antes de la interposición del recurso propiamente dicha. Dicha negociación se prolongará durante seis meses en la Comisión bilateral entre el Estado y el País Vasco para debatir los puntos de esta ley que considera que invaden las competencias de Euskadi.

Competencia legítima La secretaria de Acción Exterior, Marian Elorza, consideró que la ley de Moncloa "trae consigo un peligro de cercenar o delimitar la capacidad del Gobierno Vasco para desarrollar una acción exterior propia". Todo ello cuando, según su parecer, "en este momento es más necesario que nunca hacer una política de internacionalización que esté absolutamente pegada a las necesidades de nuestro propio tejido y a la mejor defensa de nuestros intereses en el exterior". La acción exterior está siendo, de hecho, una de las principales líneas de actuación del Ejecutivo de Urkullu desde el inicio de la legislatura.

Elorza rechazó a su vez las políticas impulsadas por el Gabinete de Mariano Rajoy en esta materia defendiendo que "la acción exterior del Gobierno Vasco es legítima, y de hecho está absolutamente vinculada a las competencias que nos han sido atribuidas por el Estatuto de Gernika". Lógicamente, nuestra acción exterior ni pretende ni le corresponde tampoco causar perjuicio a la política exterior del Estado", concluyó.