MADRID. La misiva ha sido firmada por Alianza por la Solidaridad; el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal; Human Rights Watch; y Rights International Spain.
Las organizaciones muestran su "profunda preocupación" por el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo porque supone "una grave amenaza" para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, "dado que elimina su derecho a elegir" y restringe el aborto seguro y legal.
Recuerdan que la interrupción voluntaria del embarazo se limitará a los casos en los que exista un riesgo para la salud física y mental de la mujer -hasta las 22 semanas- y en los de violación -hasta las doce semanas-.
"El anteproyecto también crearía barreras injustificadas, tanto médicas y prácticas como de otro tipo, para acceder a abortos legales, lo que supondría una violación de los derechos humanos", señalan las ONG.
Argumentan, entre otros, que las normas internacionales de derechos humanos reconocen que la posibilidad de acceder a abortos legales y seguros es "fundamental" para el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de las mujeres.
Las organizaciones aseguran que existen evidencias que sugieren que las leyes que restringen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo tienen un "escaso impacto" sobre la cantidad de abortos realizados pero, en cambio, "contribuyen" a que las mujeres recurran a métodos inseguros.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud recogidos por las organizaciones en la carta, el 13 por ciento de las muertes maternas en el mundo se atribuyen a abortos practicados en condiciones inseguras.
Asimismo, citan a varios organismos internacionales como la declaración del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) realizada en febrero de este año, en la que indica que el derecho a la salud incluye el derecho a la autonomía corporal y a la autonomía sexual y reproductiva.
Para las ONG, el anteproyecto elaborado por Justicia niega a las mujeres su derecho a tomar decisiones independientes y podría poner "gravemente en riesgo" el cumplimiento de otros derechos fundamentales.
Con los cambios propuestos por Gallardón, España "quedaría descolgada de la mayoría de los Estados miembros de la UE que permiten el aborto sin restricciones relativas al motivo" y "expondría" al país "al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos".
