vitoria - PNV y PSE pactaron activar una ponencia parlamentaria para que los partidos analizaran qué ha dado de sí el autogobierno vasco, con sus fortalezas y debilidades, y para que negociaran un nuevo estatus para Euskadi. El debate, por lo tanto, se desarrollaría en el Parlamento Vasco, y serían los partidos los encargados de alumbrar una propuesta desde el consenso. Sin embargo, el socialismo pedía anteayer al lehendakari Iñigo Urkullu que ponga sobre la mesa su modelo, y que no se circunscriba a delegar la tarea en los partidos. Pero el Gobierno tiene claro que va a dejar la negociación en manos del Parlamento. Fuentes de Lehendakaritza recalcan a DEIA que Iñigo Urkullu mantiene su decisión de intervenir solo al final del proceso para refundir en un articulado el texto pactado por los grupos o si no hubiera acuerdo, y siempre y cuando recibiera un encargo expreso del Parlamento para implicarse.
El precedente del Nuevo Estatuto Político propuesto por Juan José Ibarretxe sigue fresco en la memoria del Gobierno vasco. En esa ocasión, la propuesta de actualización del autogobierno partió del lehendakari, dato al que se aferraron PSE y PP para tratar de deslegitimar la iniciativa y tacharla de obsesión personal de Ibarretxe. Aunque el texto lograría el aval del Parlamento Vasco en diciembre de 2004, tampoco fue suficiente para los partidos constitucionalistas, que aludieron entonces a que el PNV se había apoyado en tres de los escaños de Sozialista Abertzaleak -los otros tres votaron en contra-. El Gobierno no quiere que se pueda imputar ningún vicio de origen a la propuesta que pueda servir de excusa para que los partidos no entren a negociar sobre el fondo del asunto, quiere quitar argumentos a la oposición para que sea más complicado justificar una negativa al diálogo y, por ello, las mismas fuentes aclaran que emplearán el "mecanismo contrario" al que planteó Ibarretxe. Si el lehendakari presentó primero su propuesta y la sometió después a votación en el Parlamento, Urkullu quiere que sea primero la Cámara vasca la que pacte un estatus para entrar él al final del proceso si es que se lo piden.
Lakua es consciente de que se trata de una cuestión sensible, y de que renovar los marcos de convivencia exige amplios consensos, que los partidos alumbren con naturalidad ese texto, y sientan el nuevo estatus como suyo y no como un texto de parte, impuesto desde el gobierno de turno. El PNV, además, aspira a concitar un consenso mayor que el recabado por el Estatuto de Gernika, ya que se propone sumar al menos a uno de los dos partidos que se quedaron al margen, el PP y la izquierda abertzale. El texto se sometería a referéndum entre la ciudadanía.
Aunque la ponencia tan siquiera ha entrado en harina -las comparecencias de expertos para evaluar el Estatuto de Gernika arrancarán tras las elecciones europeas, y la fase de concreción de un nuevo marco de autogobierno comenzará tras las municipales y forales de 2015-, Rodolfo Ares pidió anteayer a Urkullu que pusiera sus cartas boca arriba. Si presentara una propuesta ahora, se expondría a que la oposición únicamente estuviera buscando su desgaste tumbando de entrada su texto, un desenlace que, además, dejaría seriamente tocado el debate del nuevo estatus, ya que algunos partidos podrían utilizar ese veto para concluir que no se dan las condiciones, que no existe el consenso necesario para abordar las conversaciones y que los planteamientos de Lakua hacen imposible el acuerdo; es decir, podrían aprovechar para dar carpetazo a la negociación.
El modelo de Estados Unidos Por el momento, el Gobierno solo revela el espíritu del modelo al que aspira, algún dato genérico que, por otra parte, se corresponde con las nociones que ha avanzado ya el PNV en público a nivel de partido. En concreto, desde Lehendakaritza puntualizan a este periódico que el debate no estriba tanto en optar por un modelo federal o confederal. No sería una cuestión de etiquetas sino de que se opte por un modelo u otro, esa vía garantice una bilateralidad efectiva, es decir, que se respeten las competencias de Euskadi, y Madrid no apruebe leyes que se inmiscuyan en ellas. Por ejemplo, el lehendakari se ha fijado en Estados Unidos, pero no por las competencias de cada uno de los estados federados que lo componen o su nivel de autonomía -desde algunos sectores se ha señalado, incluso, que Euskadi dispone de un mayor autogobierno-, sino porque entre esos estados y el Gobierno federal estadounidense existe una relación de bilateralidad. En concreto, Lakua defiende que ninguna ley de los estados federados en materias de su competencia puede ser socavada por el Gobierno de Estados Unidos.
"Si se opta por un modelo federal o confederal pero cualquier ley del Estado español nos puede vulnerar competencias, entonces no habremos evolucionado nada", resumen desde Lakua. En cualquier caso, el Gobierno dejará el debate en manos del Parlamento, y la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, coincidió ayer en Radio Euskadi en situar el debate en la ponencia, y aseguró que el propio Iñigo Urkullu "es uno de los políticos que más ha hablado de consensos". "Me parecería un ejercicio casi autoritario que sea el Gobierno el que imponga algo, no es nuestro estilo y no veo en esa tesitura al lehendakari Urkullu", dijo.
