SEVILLA. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica este sábado un decreto de la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que restituye las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento y Vivienda y deroga el anterior decreto que dejaba dichas competencias en manos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

La norma, que entra en vigor este mismo sábado, se produce después de que PSOE-A e IULV-CA hayan alcanzado un acuerdo tras las diferencias surgidas a raíz de la solución que adoptó Fomento para el realojo de familias de la Corrala Utopía, en Sevilla y que ha causado una crisis de gobierno.

El decreto publicado este sábado, consultado por Europa Press, tiene un artículo único que es la derogación del Decreto de la Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías.

"Queda derogado el Decreto de la Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de consejerías, debiendo este último considerarse plenamente vigente, por tanto, en su redacción originaria", se añade.

En la exposición de motivos, se justifica que "con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa para el desarrollo del programa político del Gobierno y teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de Andalucía, se considera conveniente proceder a la modificación de las competencias que se atribuyen a determinadas consejerías".

Pasadas las 01,00 horas de este sábado, el Gobierno andaluz emitía un comunicado en el que anunciaba que la presidenta de la Junta había firmado un decreto de devolución de competencias sobre adjudicación de viviendas del parque público andaluz a la Consejería de Fomento y Vivienda, una vez "restablecida la normalidad" tras un reajuste sobre el realojo de familias.

Como se recordará, este viernes ya salió publicado en el BOJA un decreto de la presidenta por el que se retiraban provisionalmente las competencias en materia de adjudicación de viviendas del parque público de la Junta a la Consejería de Fomento y Vivienda, al frente de la cual se encuentra Elena Cortés (IULV-CA), quedando en manos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Esto motivó la reunión inmediata de la dirección colegiada de Izquierda Unida, que concluyó que está situación había dado lugar a una "suspensión momentánea del pacto de gobierno".

En cuanto al comunicado remitido por la Oficina del portavoz del Gobierno andaluz, se exponía que ante las discrepancias surgidas en el proceso de realojamiento y la controversia acerca de la idoneidad del mismo, se tomó la determinación de atribuir provisionalmente las competencias relativas a la adjudicación de viviendas protegidas, que estaban asignadas a la Consejería de Fomento y Vivienda, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se ha efectuado un análisis pormenorizado de las circunstancias acaecidas y del conjunto de actuaciones llevadas a cabo desde febrero de 2014 hasta la fecha, con el objeto de garantizar el pleno y estricto cumplimiento de la legalidad vigente, así como la igualdad de oportunidades de todos los demandantes de viviendas protegidas.

En la nota, que tiene un marcado carácter técnico, se añade que una vez examinados los casos de las 22 las familias del primer compromiso entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía de 5 de marzo de 2014 se comprueba que la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla, teniendo conocimiento de extractos de informes sociales en los que se acreditaba la circunstancia de existencia de menores y riesgo de exclusión social, emitió resoluciones para el realojo provisional y transitorio de 17 familias.

OCHO FAMILIAS PERMANECERAN PROVISIONALMENTE EN LOS PISOS

Según el Gobierno andaluz, revisadas pormenorizadamente las circunstancias particulares de todos y cada uno de ellos, "se ha concluido que ocho de estas familias pueden permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que han sido realojados de forma transitoria" hasta que, con carácter urgente, los servicios sociales comunitarios ratifiquen su situación y acrediten fehacientemente el riesgo de exclusión social.

En ese caso, podrán continuar disponiendo de esos alojamientos, mientras que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares.

En el caso de las otras nueve familias, según la Junta, queda suspendido el realojamiento hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias para su realojo. En este sentido, se les pedirá a los servicios sociales comunitarios, también de forma urgente, que actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.