Caracas - A punto de cumplirse tres meses del inicio de las protestas antigubernamentales en Venezuela, Gobierno y oposición arrancaron ayer el proceso de diálogo para resolver la profunda crisis política que atraviesa el país. Representantes de ambas partes, encabezados por Nicolás Maduro y Hernique Capriles, tenían previsto celebrar anoche la primera reunión formal y pública en Caracas bajo la mediación de la Unasur, representada por los ministros de Exteriores de Colombia, Ecuador y Brasil. El chavismo cumplió el miércoles con todos los requisitos que pedía la oposición, al invitar al secretario de Estado del Vaticano, Petro Parolin, a participar en el diálogo como "un tercero de buena fe" junto a los cancilleres sudamericanos.
Sin embargo, la Santa Sede no respondió ayer a la invitación y se limitó a decir que el nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano, es quien "sigue" la situación en Venezuela. Las otras exigencias de la oposición eran que el encuentro se retransmitiera en directo por televisión, igualdad de condiciones y una agenda abierta. Por parte del Gobierno, participan en el proceso el propio Maduro, su vicepresidente Jorge Arreaza, el canciller Elías Jaua y el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Por su parte, la oposición está representada por el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), los gobernadores Henrique Capriles, Liborio Guarulla y Henri Falcón, así como los secretarios generales de los partidos Copei, Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT).
No participan, en cambio, ni Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López, ni María Corina Machado, a quien Cabello despojó de su acta de diputada y prohibió la entrada al Parlamento. Ambos políticos se desmarcaron ya de la estrategia opositora encabezada por Capriles y Aveledo el pasado febrero y llamaron a la salir a las calles a protestar junto a los estudiantes antigubernamentales -Capriles se opuso al considerar que la calle no estaba preparada para la resistencia civil al no contar con el apoyo de las bases populares-.
"Nuestra organización no validará ningún diálogo con el régimen mientras siga existiendo represión, encarcelamiento y persecución contra nuestro pueblo", manifestó Voluntad Popular en un comunicado horas antes del inicio del diálogo, que calificó de "show político" del Gobierno para limpiar su imagen de cara al exterior.
Voluntad Popular pidió la liberación de "todos los presos políticos", entre ellos Leopoldo López y Daniel Ceballos, alcalde de la Ciudad de San Cristóbal (localidad del Estado de Táchira donde comenzaron las protestas estudiantiles), condenado a 12 meses de prisión con cese de sus funciones, por desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por no "evitar las barricadas" en esa jurisdicción.
El diario El Universal informó ayer de que en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía contra López el pasado 4 de abril se responsabiliza al dirigente político de los destrozos en la sede principal del Ministerio Público y el incendio de seis coches patrulla de la policía científica producidos el 12 de febrero tras una marcha pacífica. El diario señala que de acuerdo con el escrito, la Fiscalía califica a Voluntad Popular de "estructura criminal" cuyo "fin principal es la salida del poder del Presidente de la República". Ante esta noticia, Aveledo pidió una "inmediata rectificación" a la fiscal general, Luisa Ortega.
Exigencias La opositora Mesa de Unidad Democrática ha llevado al diálogo cuatro exigencias: una amnistía para los presos políticos y los detenidos durante las protestas, "la renovación equilibrada de los poderes públicos", una Comisión Nacional de la Verdad Independiente y el desarme de los llamados colectivos, grupos armados afines al Gobierno que están actuando contra los manifestantes antigubernamentales. Capriles señaló horas antes del inicio que la oposición aprovechará este proceso para decirle "las verdades" al Gobierno. El excandidato presidencial indicó que quienes no están de acuerdo con el diálogo "están en su derecho", pero les instó a proponer alternativas, "porque el país las necesita".
"La MUD no ha renunciado a nada, los presos, los exiliados, los maltratados por la justicia son parte irrenunciable de la agenda de lucha y diálogo, como el desarme, internacionalmente verificado, de grupos paramilitares", explicó Aveledo. La oposición pide, además, la revisión exhaustiva de cada denuncia, abuso o detención de estudiantes. "Por las dudas, para que nadie sea sorprendido en su mala fe, no ha habido ni habrá arreglos raros, repartos. El país verá, en vivo y en directo, cómo es la cosa", agregó.
Para el oficialismo, esta es una oportunidad de "acabar con el capítulo nefasto de la violencia guarimbera, que no representa el espíritu de todo el antichavismo". Uno de los desafíos del proceso, según los expertos, es la oposición de los sectores radicales, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, al diálogo. El presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Luis Cova, advertía ayer en el diario El Nacional de que "hay que tener cuidado con los mensajes que manden ambos sectores durante los encuentros porque pueden exacerbar los ánimos de los radicales". Según Cova, un fracaso del diálogo "puede acentuar las alas radicales de cada sector y complicar aún más el cuadro".
Oposición a la oposición El ministro de Industrias, José David Cabello, reconoció que "la MUD no es genuina representante de toda la oposición". "Hay que convocar a otras corrientes", manifestó. Además de López y Machado, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se ha opuesto a las negociaciones. El regidor explicó que ya en diciembre, en un encuentro similar al que asistió, se exigió la liberación de algunos presos políticos, el desarme de los colectivos y la renovación de poderes públicos y que no pasó nada. "Hoy incluso hay alcaldes presos", criticó.
