Brahim Dahan figura en una extensa lista de heridos a manos de la Policía marroquí. Su estado es una incógnita, al igual que el de la mayoría de participantes en la marcha convocada por la coordinadora Gdeim Izik, el campamento de resistencia en El Aaiún ocupado.

Tres semanas antes, Dahan sirvió de guía a la delegación del Parlamento Vasco desplazada hasta la capital del Sáhara Occidental. En ella viajaron Carmelo Barrio (PP) e Igor López de Munain (EH Bildu). Ambos fueron testigos de la realidad que sufre el pueblo saharaui bajo la soberanía de Marruecos.

Las antípodas ideológicas en las que cada uno defiende sus postulados políticos en la Cámara vasca desaparecen al narrar su relato. Sus ojos compartieron la vulneración de derechos humanos a la que se ve sometido un pueblo que desde 1991 espera a que se haga efectiva la resolución aprobada por la ONU para celebrar un referéndum que fije las bases del futuro saharaui.

Dos años después del pronunciamiento de las Naciones Unidas, Barrio realizó el primero de los cerca de veinte viajes que ha completado a estas latitudes. "El balance en este tiempo es muy desalentador dada la incapacidad de la ONU o de determinadas potencias por liberar el último proceso de descolonización pendiente en África", apunta quien ve en la realidad del pueblo saharaui una verdadera "necesidad de aplicar el derecho de autodeterminación como síntoma de libertad". Para el dirigente aber-tzale, éste fue su primer contacto con el Sáhara Occidental, donde constató un día a día ligado a "una especie de limbo de Derecho muy peligroso".

A los saharauis les está vetada cualquier iniciativa emprendedora para ganarse el sustento, no tienen acceso a unos puestos de trabajo reservados para la escasa elite de su población y los nacionalizados marroquíes. Y tampoco les está reconocido el derecho de asociación o el de ejercer cualquier actividad política.

Pero no todo queda ahí. López de Munain pone el acento en que el Estado marroquí "no solo ha empobrecido a su población, sino que está llevando a cabo una política de exterminio contra este pueblo".

Barrio lo define como una doble tortura. Por un lado, la que padecen los saharauis de El Aaiún ocupado, "sometidos a un régimen dictatorial férreo" y, por otro, los habitantes de las zonas liberadas, "desierto pedregoso con unas condiciones de vida lamentables, aunque libres de alguna manera", recuerda.

La delegación parlamentaria tuvo la oportunidad de visitar la misión de la ONU y de recibir explicaciones de quienes se encargan de velar por el alto el fuego en el muro de minas -"una franja de norte a sur que sirve de frontera artificial con el territorio liberado que controla el Frente Polisario", según explica Barrio-, y de redactar un censo, "una actividad que parece puede llevar décadas", apunta López de Munain.

Sus recuerdos confluyen de nuevo en un lugar común: "falta lo básico, el respeto a los derechos humanos". Los boinas azules de la ONU, "militares sin armas", como describe el aforado abertzale, se limitan a labores de vigilancia y no interceden por el pueblo saharaui cuando padecen el rigor del Estado marroquí.

Con fotografías en sus manos, la mente de los dos parlamentarios regresa a El Aaiún. También lo hace el temor por lo que le pueda haber ocurrido a su guía, Brahim.