madrid - El Pleno de Congreso aprobó ayer la reforma de la justicia universal propuesta por el PP con el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria a una iniciativa que supondrá el archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como el caso del Tíbet que tanto ha molestado a Pekín. Con el único apoyo del PP, la Cámara baja aprobó con 179 votos a favor y 163 en contra (PSOE, la Izquierda Plural, UPyD, PNV, CiU, BNG, Amaiur, ERC y Geroa Bai) la proposición de ley que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, lo que se conoce como la justicia universal.

En el debate de la propuesta, los grupos de la oposición acusaron al Gobierno de "arrollar" los derechos de los españoles al plegarse a los exigencias de países como China para eliminar la justicia universal en España. La iniciativa, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue tachada por los portavoces de la oposición de "inconstitucional" al permitir el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles.

El diputado popular Jose Miguel Castillo, afirmó que la reforma "no crea espacios de impunidad para nadie" sino que, al contrario, "permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados, de manera más efectiva y eficaz que antes" al considerar que el sistema actual promueve, comentó, una justicia "quijotesca" que no logra resultados. "Esto y no los conflictos diplomáticos es lo que nos preocupa", en alusión a presiones de terceros países.

"estrangular" la justicia No lo entiende así el grupo socialista que por medio de Soraya Rodríguez señaló que la norma pretende "estrangular" la justicia universal ya que "todos los procesos abiertos se sobreseerán de forma automática".

Más crítico fue el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que tildó la iniciativa de "vergonzosa" por suponer una "ley de punto y final que sigue con obediencia los mandatos del resto de gobiernos a cambio de relaciones comerciales". Desde CiU, Jordi Jané lamentó que la propuesta convierte a España en "cómplice" en la impunidad de crímenes de guerra, mientras que la diputada de UPyD Irene Lozano denunció la "manera vergonzante" de legislar del Ejecutivo. "¿Qué les ha prometido China a cambio de esta faena?", se preguntó.

Tampoco se apoyaron la proposición del PP el PNV ni el Grupo Mixto, al que pertenece Geroa Bai, que criticaron las formas del Ejecutivo para "esquivar" los informes de los órganos consultivos del Estado que serían preceptivos en caso de que el Ministerio de Justicia se hubiese inclinado por presentar un proyecto de Ley.

El monje tibetano Thubten Wangchen asistió al debate invitado por UPyD, mientras que la familia de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Irak en 2003, mantuvo a lo largo de la mañana de ayer una ronda de reuniones con todos los grupos para trasladarles su "preocupación" por un inminente archivo de su caso. - Efe/E.P.