"Hay una desconexión entre lo que dice el colectivo de presos y lo que dice Sortu"

De las 63 excarcelaciones de presos de ETA tras la sentencia que desmonta la 'doctrina Parot', la fiscalía solo aprecia un posible delito de enaltecimiento en un recibimiento. ¿Se desmonta la alarma generada por la salida de prisión de presos?

No habiendo ningún reproche por parte de las autoridades gubernativas ni por la fiscalía, no hay nada que comentar en términos jurídicos. Pero sí entiendo que se sientan conmocionados los familiares de la víctimas del terrorismo y las personas que ven en las primeras páginas de los periódicos la imagen de quienes les han causado un gran dolor y que han sido condenado por ello.

Son dos ámbitos distintos.

Sí. Desde la justicia de los jueces no hay ninguna actuación jurídicamente reprochable, pero sí desde una justicia cívica. Probablemente lo que nos dicen los familiares -otra cosa es cómo nos lo están diciendo- es que aún la sociedad tiene una deuda de memoria con la verdad de lo sucedido en los últimos 35 años, que viene muy atravesado por la actividad terrorista de ETA, y también una deuda de justicia. Me refiero a la justicia estricta, porque hay un número significativo de crímenes de ETA que aún no han sido enjuiciados. Pero más allá de eso lo que todavía no hay es un ejercicio por parte de la sociedad vasca de reflexión, en el que seamos capaces de contestarnos con calidad ética y con sinceridad cómo pudo pasarnos esto. Tenemos todavía un largo camino por recorrer. Pero ese camino no pasa por los tribunales.

Respecto a esa deuda de memoria, ¿las autoridades vascas están haciendo lo suficiente?

Están haciendo. De hecho las instituciones en el País Vasco llevan más de una legislatura asumiendo esta responsabilidad. Pero diría que no están haciendo lo suficiente, porque percibo que existe un cáncer en el subsuelo cada vez que salen noticias como las de los recibimientos. Y es verdad que las familias sufren, sobre todo cuando ven imágenes que les recuerdan no solo lo que les sucedió sino a quienes no muestran ni una pizca de reconocimiento del dolor que han causado.

Esta polémica por los recibimientos tapa experiencias en positivo, como las que han ahondado en la reconciliación entre víctimas y victimarios.

Conozco los encuentros en Nanclares, la experiencia en Glencree y la presencia de víctimas en las escuelas. Todas ellas son las experiencias más interesantes que se han dado en el ámbito de la justicia restaurativa, cuya origen está en un principio de la Constitución, que es la resocialización de la persona que comete el delito. La justicia restaurativa pretende que, una vez se haya cumplido la condena, la persona tenga una reinserción correcta. Pero tiene como objetivo además que se repare el daño que se ha producido en el entorno social de la víctima y también en la del autor del delito. En nuestro entorno tenemos un dato que nos permite ser optimistas y es que las personas que están cumpliendo condena por terrorismo en realidad no han perdido la inserción en su sociedad de origen, no necesitan reinsertarse.

Y es positivo porque...

Porque en la sociedad de origen de estas personas hay un cauce de expresión política que tiene sus antecedentes en las organizaciones políticas en las que ya militaron, pero han tenido un cambio sustancial constituyendo un partido político, Sortu, en cuyos estatutos se hace una manifestación expresa del rechazo al empleo de medios violentos en la acción política.

¿Qué importancia le da a Sortu en el proceso de reinserción?

Tiene una responsabilidad importantísima, que es que la reinserción de estas personas se produzca en coherencia con la evolución que ha sufrido la propia sociedad en la que se van a reinsertar y la propia referencia política. Y ahí hay un desfase entre lo que ha avanzado la sociedad en cuanto a la comprensión de las formas de acción política y lo que da la impresión que ha avanzado la organización, que dentro de las cárceles da la expresión al grupo que está cumpliendo condena, es decir el EPPK, el colectivo de presos de ETA.

¿A qué se refiere en concreto?

A que hay una desconexión entre lo que dice el EPPK y lo que dice Sortu, y creo que es responsabilidad de esta organización política, y sobre todo de la sociedad que mira hacia Sortu, lograr que la inserción de las personas que han cumplido condena por terrorismo sea en términos de respeto al Estado de Derecho. Subrayo que no se trata de que se conviertan en demócratas, porque en nuestro Estado de Derecho no se les exige a las personas ser demócratas; lo que se les exige es aceptar el imperio de la ley. En ese reequilibrio creo que podemos contribuir tanto la administración penitenciaria como la administración de justicia con las técnicas de la justicia restaurativa, pero aún estamos hablando de un futuro que no se ha concretado. En esa perspectiva soy optimista, creo que tenemos todos los elementos pero nos falta ponernos de acuerdo para llevar a cabo ese proyecto.

¿Quién debe dar el primer paso para desbloquear esta situación?

Hay que tener en cuenta que la ejecución de las penas siempre es individual. En el caso de la reinserción de los presos de ETA, el protagonismo solo lo puede tener quien, sin haber terminado de cumplir condena sin embargo quiere cumplir una parte de la misma fuera de la cárcel. Si quiere hacerlo de esa manera tiene que mostrar su voluntad, y si lo hace es ahí donde podrían entrar tanto la administración penitenciaria como la administración de justicia. Pero nada de esto está hablado. Todos los presos, salvo el grupo de Nanclares, están cumpliendo la pena íntegra porque no han querido actuar de manera individual.

¿Cuáles son las consecuencias de que el Gobierno español no haya hecho ningún movimiento adelante en la política penitenciaria?

No tengo noticia de que el Ministerio del Interior haya realizado ninguna iniciativa en positivo, pero no debemos despistarnos. El problema no está en las declaraciones del Gobierno, sino que está situado en los aplicadores de derechos. Somos nosotros, los jueces, a los que se nos llama para esta labor, y los que tendríamos que movernos. Confiaría más en ese nivel que en declaraciones de miembros del Gobierno, porque estas tienen menos importancia a efectos prácticos.

¿Cuando habla de la aplicación de derechos se refiere por ejemplo a la inmediatez con la que han actuado los diferentes tribunales tras la sentencia de Estrasburgo que derogaba la 'doctrina Parot'?

Así es. Para un juez no hay una situación de mayor responsabilidad que decidir mantener a una persona en una situación de privación de libertad. Por tanto no hay una afrenta mayor al derecho y a la deontología profesional de un juez que se le diga que no tenga prisa en poner en libertad a un preso. El juez debe tener una hiperresponsabilidad en este sentido. ¡Dios santo! ¿Cómo no se va a dar prisa el dueño de la llave de la cárcel cuando sabe que un tribunal que está por encima ha decidido que una persona no tiene que estar con la cárcel? No cuentan los días, sino las horas y los minutos.

¿Cómo se han tomado las críticas?

Entendemos en lo humano la reacción de las víctimas pero, aparte de eso, a los jueces nos ha sorprendido que la opinión pública no haya mostrado más sensibilidad con el principio de libertad. Los jueces han demostrado en estos meses que no se dejan influir y han tomado las decisiones con una diligencia exigible cuando se trata de libertades.

¿Ha cerrado el capítulo de la discrepancia con el Departamento de Seguridad sobre la retirada de escoltas a los jueces?

Sí, está cerrado desde el pasado mes de octubre. El eje central de las relaciones de la sala de gobierno del TSJPV con el Departamento de Seguridad, por suerte, ya no es la protección de las personas frente la amenaza terrorista. Ahora que se está reestructurando la Ertzaintza, hemos planteado desarrollar la Ley de Policía del País Vasco, en el sentido de contar con una Policía Judicial dependiente orgánicamente de la Ertzaintza pero que opere funcionalmente bajo el mandato de los jueces. No lo hemos conseguido a pesar de que han pasado más de veinte años de aquella ley. Es una de las reivindicaciones más importantes que tenemos durante esta legislatura.

¿A qué achaca la decisión del PP de endurecer la ley de seguridad ciudadana?

Todavía es un borrador de anteproyecto de ley, pero con él y con el proyecto de ley de reforma del Código Penal podemos sacar una conclusión: se da un salto hacia atrás en la concepción sobre el orden público. Lo que late ahí es una concepción del orden público que habíamos abandonado hace veinte años. Confunde la seguridad ciudadana, como forma de garantizar el ejercicio de las libertades, con lo que es el orden público en el sentido tradicional, superado, como forma de controlar los movimientos sociales cuando inquietan al gobierno de turno.

¿Qué ocurrirá si sale adelante la ley en el sentido que propone el Ministerio del Interior?

Sucederá que los ciudadanos nos lo tendremos que pensar varias veces antes de ejercer derechos que la Constitución nos reconoce y garantiza. Las leyes no están para amedrentar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos fundamentales, sino para garantizar que se puedan ejercer de manera segura. Si se sigue por esa línea los ciudadanos tendremos los mismos derechos pero nos costará más ejercerlos.