Los vigilantes privados podrán cachear, identificar y detener en la vía pública

Ocho meses después de que el Gobierno español aprobara el primer borrador de la ley, el texto fue debatido ayer en la Comisión de Interior del Congreso y, tras su aprobación, pasa ahora al Senado.

Tras la incorporación de más de setenta enmiendas, el proyecto cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, que ven en el texto una preocupante "ruptura" de la concepción de la seguridad pública atribuida a las fuerzas de seguridad del Estado.

Desde el PSOE, su portavoz de Interior, Antonio Trevín, puso el énfasis en una de las enmiendas pactadas por PP y CiU relativa al artículo 41 de la ley, referida a las competencias de las empresas de seguridad privada. Según la enmienda incorporada al texto, la nueva norma permitirá a los vigilantes no solo identificar, cachear y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales o en espectáculos deportivos o culturales, sino también en cualquier espacio público con la autorización pertinente.

"Cuando viene un vigilante de seguridad mi tranquilidad no es la misma", destacó Trevín, para quien este proyecto contenta de lleno al sector gracias a que "el Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio".

Después de lamentar que las cerca de 50 enmiendas del PSOE incluidas en el texto son solo "de chapa y pintura" y no alteran en nada la filosofía de la ley, el diputado socialista señaló que la seguridad pública se da "por terminada". Preocupante, a juicio del PSOE, es también el poder que concentrarán las empresas de seguridad privada que con la nueva ley podrán tener entre sus empleados no solo a vigilantes sino además a auxiliares con menor salario, con lo que el proyecto, advirtió Trevin, "irá aparejado a una reducción salarial en todas las empresas".

privatizar la seguridad También muy crítico con la ley se mostró el diputado de Izquierda Plural Ricardo Sixto, quien ya defendió una enmienda a la totalidad de una norma que esconde "una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad".

Más satisfechos con la ley se mostraron PNV y CiU, después de que este última formación pactara con el PP que tanto Catalunya como Euskadi tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus territorios. "La interacción de los intereses de todos es completa", aseguró el diputado del PNV Emilio Olabarria, para quien la ley "es buena pero mejorable".

Como satisfactorio calificó el proyecto el diputado de CiU Jordi Jané que reclamó que el Senado mejore el texto. Su portavoz parlamentario, Jordi Jané, pidió que la Cámara Alta revise "en profundidad" que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública "esté enmarcada en una subordinación". De lo contrario, se corre el riesgo de establecer "departamentos estancos" de seguridad privada y pública.

Por su parte, para el diputado del PP Francisco Márquez, la nueva norma modernizará la actual ley de 1992 y, si bien es cierto que aumentará las capacidades de las empresas privadas, no persigue la privatización de la seguridad.

"El Gobierno español ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio"

ANTONIO TREVÍN

Diputado del PSOE en el Congreso