HAY mimbres. La Ponencia sobre el estatus político puede empezar a rodar el próximo año en virtud de la actitud favorable que los partidos han manifestado en los encuentros liderados por el PNV. Los baches vendrán después pero el hecho de que haya un punto de partida no es indicio menor. Al menos por comparación con la Ponencia de paz y convivencia, que semanas atrás se convertía en el marco de un desencuentro al que algunos asistimos atónitos por el absurdo argumental con el que justifican algunos partidos su bloqueo después incluso de quedar definido su suelo ético, que es el mismo que hace un año.

De la percepción de que esto va en serio hablan tanto los silencios de quienes no han tenido nunca voluntad de abrir ese melón -PP y PSE-; como la escenificación de quienes, sin tener más criterio, saben que el tren va a ponerse en marcha y algún equipaje habrá que llevar -EH Bildu-. Los primeros llevan décadas instalados en el rechazo a cualquier reforma. Bien es verdad que al menos los socialistas han barajado algunas reflexiones a remolque de paso ajeno. No es cuestión de recordar aquí todas ellas pero sí sería interesante preguntarse qué fue de la última -el Plan Guevara- porque quien la pidió sigue siendo secretario general del PSE. Aquel documento proponía la "construcción de la comunidad nacional vasca de ciudadanos libres" dentro de una configuración "plurinacional" del Estado español. Era una reforma estatutaria que debía iniciarse con una mesa de partidos y concluir con un referéndum de ratificación.

Esa era la postura socialista en 2004, alternativa al Nuevo Estatuto Político -confieso que llamarlo "Plan Ibarretxe" no me gustó nunca ni por lo que supone de rebajar escalones de calidad jurídica a un texto aprobado por el Parlamento Vasco ni por el maltrato al que por la iniciativa tuvo que soportar desde la dignidad de su cargo el lehendakari-. Aquel proyecto exquisito en las formas y procedimientos y sometido a vilipendio y portazo en el Congreso, parece gustarle a la izquierda abertzale más que entonces en su esencia pero todavía no en su formulación jurídica.

Esta semana, hacía suyo EH Bildu su preámbulo y prometía llevarlo a la Ponencia sobre el estatus político en un gesto que suena a improvisado. Tiene su ironía acogerse al preámbulo de aquel texto estatutario para construir un discurso que rechaza una reforma estatutaria; y más si reprocha al lehendakari Urkullu falta de vigor hacia la construcción nacional por basar su estrategia en un procedimiento de naturaleza jurídica y formulación legal. ¿Cuál es la alternativa a un proceso así? La ausencia de seguridad jurídica no es un modo más comprometido sino uno más aventurero. ¿Dónde se asienta un procedimiento constituyente extrajurídico? ¿En tres territorios, en cuatro o en siete; en las calles, en asamblea popular? ¿Cuántos procesos de esa naturaleza han derivado en Europa en la conformación de nuevos estados?

Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Se intuyen, cuando no se conocen, las limitaciones prácticas del proceso de reforma que conlleve un reconocimiento de la libre decisión con cobertura legal. Exige un pacto bilateral con el Estado y el choque con el discurso nacional de la derecha española no solo es inevitable sino que es compartido en sus fondos -y en ocasiones también en sus formas, pregunten a Alfonso Guerra- por su alternativa de gobierno. Igualmente, es obvia la campaña de amedrentamiento en los procesos refrendarios en marcha o anunciados -Escocia y Catalunya- con el doble argumento de la pérdida de la moneda y del estatus de socio de la Unión Europea. Ciertamente, en el apocalíptico escenario que se dibuja a quien ose abandonar la supervisión del Estado-nación hay una amenaza clara: la modificación del statu quo conlleva como revancha ese escenario de expulsión y no, por ejemplo, uno de estatus transitorio y convivencia amable.

El problema es que cuando EH Bildu aboga por planteamientos extrajurídicos no contempla la solución a esas ecuaciones. Ni a la vigencia de los acuerdos y relaciones económicas con la unión económica y monetaria europea ni la definición de un modelo social y económico sostenible al margen de ella. En el hoy de la globalización no basta con definir el mañana de una Euskal Herria desvinculada de todo; hay que trazar con nitidez los procedimientos que la mantendrán a flote. Ese legítimo proceso de voluntad que es la independencia puede ir a la Ponencia sobre el estatus jurídico de Euskadi con respuestas a esas preguntas. Y quienes más lo agitan son quienes más exigidos están para responder a las dudas sobre los escenarios que deberíamos afrontar. De lo contrario, no cabe engañarse: el día a día es suficientemente grave como para añadirle a la sociedad vasca un dilema sin respuestas después de seis años de crisis.

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