MADRID. La crisis del modelo territorial que azota al Estado español concita cada vez más voces que abogan por la reforma constitucional, posibilidad que tampoco desdeña el Gobierno del PP, aunque el presidente Mariano Rajoy defendiera ayer esta vía solo siempre y cuando se alcanzase el consenso de 1978. En el 35º aniversario de la Carta Magna, celebrado casi en familia, la ausencia de unidad fue el argumento esgrimido por la mayoría parlamentaria popular para negar la apertura de un proceso de cambio; mientras desde la oposición el PSOE incide en avanzar hacia una España federal, y los nacionalistas, cuestión de la consulta catalana aparte, reclaman mayores cotas de soberanía. En este escenario, el PNV plantea una remodelación que reconozca "la existencia de una nación vasca y la bilateralidad con el Estado", ya que la prioridad "debe ser dar solución a dos problemas, dos ámbitos territoriales nacionales", el vasco y el catalán.
"La Constitución se puede reformar, como cualquier obra humana, y, es más, ya se ha hecho en dos ocasiones. Creo que está en pleno vigor y que se puede reformar, pero para eso se necesita un consenso muy amplio, similar al que tuvo en 1978", incidió Rajoy, o lo que es igual, que no es el momento pero que todo es mejorable, porque a su entender, y el de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "para cambiarla hay que tener objetivos claros y señalar para qué queremos" transformarla. Ahondó igualmente en que ello tendría que servir para unir, para "defender la paz, la libertad y la convivencia más allá de las lógicas diferencias", y no para generar una división entre los ciudadanos.
Los reproches desde las filas socialistas, y de su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardaron en llegar, pues éste acusó al Ejecutivo español de falta de iniciativa, sobre todo porque "no se puede decir que no hay consenso si no se ha hablado del contenido de la reforma". "¿Usted cómo sabe que no hay consenso si no nos hemos reunido, si no hemos hablado de qué se puede reformar, si no sabemos si puede haberlo o no? En suma, si no se abre un proceso de diálogo es imposible saber si se puede llegar a alguna parte", le espetó el secretario general del PSOE. Y, en clara alusión a las reformas y recortes aplicados por el Gobierno del PP, prosiguió: "¿A alguien le puede molestar que la Sanidad pase a ser un derecho de todos los españoles reconocido por la Constitución?", preguntó Rubalcaba, empeñado además en su propuesta federalista en el afán de que Catalunya encuentre mejor acomodo y desistan quienes están a favor de la independencia. En su opinión, esto no significa iniciar un proceso constituyente, sino solo de reforma a fin de "dotar al país de un nuevo proyecto político compartido" que debería servir para que "la nueva España que empieza a salir de la crisis" afronte el futuro.
Cada vez más ausencias La pérdida de credibilidad de la Carta Magna lo ejemplifica que varios millones de ciudadanos del Estado no estuvieron representados ayer en el Congreso, por la masiva deserción de CiU, PNV, Amaiur, BNG, ERC y Geroa Bai, así como de hasta doce presidentes autonómicos y los representantes de Izquierda Plural, que denunciaron los incumplimientos de la Constitución vigente. Es decir, la menor representación política, institucional y social en años. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, explicó que, "con la cantidad de leyes orgánicas cercenadas, incluso parte del bloque de constitucionalidad, como son los estatutos de autonomía y la interpretación muy restrictiva y muy cerrada de la Constitución, ésta queda abocada a su reforma", un valor, a su juicio, "asumido por una gran mayoría de la Cámara". Para el jeltzale, la idea es que "se reconozca una presencia vasca en la UE de manera específica y, desde luego, hace falta una reorganización competencial adecuada a los nuevos tiempos". Esteban constató además "la sensación generalizada de que el problema con Catalunya y Euskadi sigue existiendo, y hay que darle una salida". Lo corroboró el propio Rubalcaba, dado que aunque cree que en estos momentos se ha bajado un poco "el soufflé" catalán, avisó de que se equivocan quienes piensen que se va a arreglar "con unas cuantas transferencias y una carretera", porque se trata de un problema político de calado.
Por su parte, la portavoz de Sortu, Amaia Izko, apostó por "romper con las cadenas que nos amarran al marco constitucional para emprender la vía vasca hacia la soberanía y lograr la independencia de Euskal Herria". En una comparencia a pocos metros de la Delegación del Gobierno en Nafarroa, los asistentes portaron distintos carteles con los artículos 1, 2, 8 y 135 de la Carta Magna que, según Sortu, "son los que recogen a la perfección cuál es la esencia de la Constitución, basada en la imposición y que es profundamente antidemocrática". Asimismo, el secretario general del PSE, Patxi López, publicó un artículo en su blog donde propuso "renovar el contrato ciudadano para adaptarlo a las necesidades de este nuevo siglo y hacer posible el progreso colectivo". A su vez, desgranó que "la España que defendemos los socialistas no españoliza las identidades de nadie, sino que garantiza la libre identidad de cada uno". "Los que hoy festejan la Constitución de 1978 como un texto sagrado quieren que España sea un puzzle de territorios encadenados al centro, y se equivocan", puntualizó.
En otro prisma se situó el delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, quien, aun aceptando una posible reforma, rechazó que "se ponga en riesgo lo construido entre todos" porque, en su opinión, la Carta Magna "ha permitido la consolidación de una democracia con cotas de libertad, progreso y bienestar jamás conocidos hasta ahora". Mientras, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón se posicionó en idéntica sintonía que Rajoy: "¿Reformas de la Constitución? Siempre y cuando se alcancen los mismos consensos de 1978". Todos hablan de la reforma, pero la evidencia es que no se concretará en esta legislatura. El PP, con la mayoría absoluta parlamentaria de su lado, no está por la labor.
