El conflicto de la red concertada conduce a cien mil alumnos a una semana en 'blanco'

Según ambos sindicatos, tras escuchar a las partes, el Departamento que dirige Juan María Aburto solicitó a las patronales la convocatoria de la mesa negociadora teniendo como referencia el convenio de la CAV en 2009, blindando los aspectos relativos a la reforma laboral: ultraactividad y descuelgues. Pidió negociar la deuda contraída con los trabajadores por la reducción salarial (18 millones de euros) y las que se está generando los últimos meses de forma que se pueda conseguir un acuerdo similar al suscrito por LAB y las ikastolas, que la semana pasada cerraron su convenio.

Asimismo, el Gobierno Vasco reclamó a AICE y Kristau Eskola que no recurran la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco (TSJPV), que la semana pasada declaró ilegal la aplicación del convenio estatal en los centros concertados, dando así la razón a los trabajadores. Según los sindicatos, Kristau Eskola anunció su intención de recurrir el fallo del TSJPV de la semana pasada, a pesar de que la propia patronal aseguró entonces que la salida a este conflicto "no va a provenir en ningún caso de instancias judiciales". La justicia, no obstante, ha dado la razón a los trabajadores en todas las demandas que han interpuesto desde que comenzó el conflicto en 2010. Además, y como muestra de buena voluntad, la parte sindical puso sobre la mesa la alternativa de abrir una mesa negociadora y aplicar el convenio de 2009 en todos los centros (como dicta el TSJPV) hasta que no haya sentencia en firme. Ello podría haber evitado las dos jornadas de huelga de esta semana si Kristau Eskola y AICE hubieran aceptado, cosa que no ocurrió.

Según las mismas fuentes, la patronal se negó a aceptar todas y cada una de las propuestas de acercamiento argumentando que la reunión de ayer era para fijar los servicios mínimos. "Para sorpresa de todos los sindicatos y de los representantes del Departamento de Empleo, Kristau Eskola ha perdido una buena oportunidad para arreglar este conflicto", afirmaron ayer desde LAB, que consideró que la actitud de la patronal en la reunión "ha sido irresponsable y vergonzosa", diagnóstico que comparte ELA. Para la central mayoritaria en los centros religiosos de Euskadi, la postura de quienes gestionan los 137 centros religiosos vascos (90.000 estudiantes, 60.000 familias) es "muy grave". Y es que, según denunciaron, "por una parte lanzan mensajes a la opinión pública sin hacer ninguna propuesta, con el fin de desactivar la huelga, y acto seguido cierran las puertas al intento de mediación del Gobierno Vasco y a las propuestas que buscan abrir un verdadero proceso de negociación".

En este sentido, LAB señaló que la de ayer se presentaba como "una oportunidad inmejorable" para solucionar un conflicto que dura meses y "la han despreciado". "¿Cuál es la intención de Kristau Eskola?, se preguntaron desde LAB, sindicato que exigió "más respeto" para la plantilla, para las familias y el alumnado.

Ante la negativa de la patronal a abrir un diálogo, ELA realizó un llamamiento a los trabajadores para que tomen "parte activa" en las huelgas de hoy y mañana, así como en las movilizaciones convocadas en las tres capitales de Euskadi. El Gobierno Vasco ha mantenido los servicios mínimos de la huelga del pasado mes de setiembre y habrá una persona del equipo directivo y un subalterno.

l Un callejón sin salida. Reducir el problema por el que atraviesan los colegios concertados vascos a una cuestión meramente salarial sería frivolizar un problema que afecta a cerca de 100.000 estudiantes y 12.000 docentes. Pero el recorte del 3% de media que la patronal aplicó en 2010 a sus trabajadores (7.500 en Kristau Eskola), a semejanza del realizado por el Gobierno de Patxi López con los funcionarios, es la base de las reivindicaciones de los trabajadores, y está en el origen del problema que amenaza con la quiebra de 110 centros religiosos. Los trabajadores se conforman con reeditar las condiciones del convenio sectorial de 2009, antes de los recortes. Y la patronal lleva la cuestión a la propia sostenibilidad de sus centros (el 30% del sistema educativo vasco), responsabilizando de la situación al Gobierno Vasco por reducir de forma unilateral el concierto educativo y al que achaca la desigual distribución de los recursos públicos entre redes: 9.164 euros por alumno en la pública, por 5.431 euros en la concertada. Esa rebaja del 3% ha acabado degenerando en un callejón sin salida debido a la judicialización del conflicto. La patronal dice que solo el 15% de sus centros tiene dinero para continuar con la persiana abierta si se atienden las demandas sindicales: el abono de los 18 millones que adeuda a la plantilla por un recorte (que el Supremo ratificó como "ilegal") y disfrutar de una situación anterior a los recortes.

l Convenio estatal. Kristau Eskola rompió en julio la mesa tras decaer el convenio propio y se acogió al estatal amparándose en la reforma laboral. El presidente de la patronal justifica la decisión de acogerse de forma "transitoria" al convenio estatal porque cada año que pasa firmar un nuevo convenio propio se acumula una deuda de 7 millones de euros. El convenio estatal (que estará vigente hasta el 31 de diciembre) empeora las condiciones salariales y laborales de la plantilla. Sin embargo, Kristau Eskola afirma que no se ha aplicado en su integridad ya que se mantiene la equiparación salarial del personal de administración y servicios, se mantienen los salarios según las tablas de 2013, así como la jornada lectiva y el plus de tutoría. En cambio, se ha eliminado la reducción horaria para el personal mayor de 58 años, así como la licencia semanal por maternidad y el complemento de dedicación.

l El TSJPV decisivo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado que el último convenio de la enseñanza concertada vasca para 2008-2009 sigue siendo de aplicación y que no se ajusta a derecho que se aplique el convenio estatal en el sector, en sintonía con las demandas de los sindicatos. En una sentencia de la semana pasada, la Sala de lo Social del TSJPV defiende la vigencia del convenio vasco al contener éste "expresamente" regulada la aplicación de su contenido hasta la firma de un nuevo convenio que lo sustituya.

Con esta resolución, el alto tribunal estima la demanda de conflicto colectivo que interpusieron los sindicatos contra Kristau Eskola y AICE. Las centrales recurrieron a los tribunales después de que los centros comunicasen en julio la pérdida de vigencia del convenio, al concluir su ultraactividad por efecto de la última reforma laboral, y la aplicación a partir de ese momento del convenio estatal. La reclamación de que se aplique el último convenio pactado en el sector y de que se negocie uno nuevo que no incluya recortes y recoja garantías de aplicación ha llevado a los sindicatos a convocar paros y movilizaciones de esta semana