Vitoria. El Gobierno Vasco prepara una ofensiva judicial para "esquivar" la Lomce después de que ayer en el Parlamento Vasco se descartase por inviable la línea de la insumisión, ya que cualquier Gobierno se debe la principio de legalidad frente a una norma básica. Lo contrario, trabajar fuera del marco legal del Estado (como solicitaba EH Bildu), introduciría a todo el sistema educativo -centros, alumnos, profesores- en una situación de inseguridad jurídica, un escenario que el Gobierno Vasco pretende evitar a toda costa "por responsabilidad".

Tal y como señaló ayer la consejera de Educación, Cristina Uriarte, la estrategia que se seguirá será la de judicializar todos los aspectos de la ley Wert que atenten contra las competencias educativas de Euskadi y, en paralelo, seguir trabajando "mano a mano" con la comunidad escolar en la elaboración de una Ley Vasca de Educación para "consensuar los contenidos que nuestro sistema necesita", con el fin "evolucionar hacia la excelencia".

Aún y todo, ello no impedirá la aplicación de la Lomce. Solo se logrará ganar tiempo a la espera de un eventual cambio de Gobierno en Madrid, posibilidad que las últimas encuestas descartan. La única solución para no implantar la Lomce en Euskadi es su derogación por parte de las Cortes y, en el camino, ir arrancando en los tribunales las cotas de decisión que la reforma del PP ha hurtado a Euskadi (en materia lingüística, definición del currículum, los criterios de evaluación, etc.) Así, una vez el Congreso de los Diputados (con los votos del PP y UPN) refrende hoy la ley Wert, el Gobierno Vasco recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional. Posteriormente, se analizarán los reales decretos que aprobará el Gobierno de Mariano Rajoy para desarrollar los aspectos básicos de la ley y éstos también "serán recurridos si nuevamente invaden competencias", afirmó Uriarte.

Tras un primer análisis del texto por parte de los servicios jurídicos del Gobierno Vasco, la Lomce supone "una injerencia en el ámbito competencial", además de un "menoscabo efectivo del derecho fundamental a la educación" y "violenta principios constitucionales". Según explicó la titular vasca de Educación, la reforma invade competencias en cuanto a la evaluación de los estudiantes y a la hora de definir los contenidos de las enseñanzas. También cuestiona, tanto las condiciones de acceso a la FP, como la participación de la comunidad escolar. Estos argumentos seguramente se ampliarán cuando la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado y se conozca la letra pequeña de la misma.

Por otro lado, la consejera explicó que "existen situaciones técnicas objetivas que harían imposible" que se implante la Lomce en Primaria y la FP básica el curso que viene. Además de normativos, la aplicación de la Lomce se enfrenta en Euskadi a dos problemas esenciales: económicos y organizativos. La consejera explicó que "no hay una previsión económica para abordar la implantación" de la reforma y que, a día de hoy, existe "una imposibilidad material para implantar la FP básica".

Tras el recorte de 4.000 millones de euros en educación ordenado porMadrid, Uriarte recordó que la memoria económica de la ley recoge que el Gobierno central solo aportará 407 millones en su aplicación frente a los 927 millones que deberían costear las comunidades. En su opinión, aunque se haya retrasado en parte la implantación de la reforma "es inabordable económicamente" y menos en una situación de crisis.

Problemas para la FP básica Por otro lado, desveló que Euskadi tendrá serios problemas para poder implantar la FP básica que sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y que posibilitará la entrada a la FP de Grado Medio a chavales sin el título de ESO.

La ley Wert plantea que esta FP se imparta en centros con profesorado que esté dentro del sistema educativo. Sin embargo, en Euskadi los PCPIs se imparten en centros dependientes de los ayuntamientos y de entidades sin animo de lucro. "Nos encontramos que gran parte de los centros que debieran impartir la FP básica no tienen profesorado ni espacios habilitados para poderlo hacer", aseguró la consejera. A este problema se une que los centros de Secundaria que tienen profesorado preparado para poder impartir dicha formación, "no tienen ni el equipamiento necesario ni el profesorado habilitado para impartir la parte técnica", dijo. Esto dejaría en el aire a más de 5.000 alumnos de PCPIs y más de 500 profesores que no son funcionarios. "A la vista de esto, parece a todas luces que resultaría imposible su puesta en marcha", aseveró Uriarte. Por todo ello, la consejera pidió a los grupos de la Cámara su apoyo para las medidas planteadas con el fin de "preservar nuestro sistema a los efectos de que colaboremos en un fin que compartimos: defender y proteger nuestro sistema educativo".

Soledad de PP y EH Bildu Con matices, la mayoría de la Cámara aceptó el planteamiento defendido por Uriarte. El pleno monográfico de ayer también sirvió para constatar la soledad del Partido Popular del País Vasco en esta cuestión, así como la falta de alternativas de EH Bildu a la Lomce. Igual que Amaiur en el Congreso, EH Bildu se abstuvo en la votación de las cerca de 90 propuestas presentadas por el resto de los partidos para hacer frente a la reforma. Solo votó a favor de su única propuesta para crear una ponencia parlamentaria, que decayó por falta de apoyos.

El pleno también logró unir a PNV y PSE entorno a un mismo diagnóstico contrario a la Lomce y sobre la estrategia a seguir a partir de ahora. Pese a las duras críticas vertidas por Isabel Celaá a la consejera Uriarte por su gestión "claudicante" frente al ministro José Ignacio Wert, socialistas y jeltzales transaccionaron 15 propuestas de resolución.

Todas ellas estaban encaminadas a proteger el sistema educativo y continuar con el proceso de mejora iniciado con los agentes del sector. Gracias a ello, el Parlamento Vasco "respalda" el recurso al Constitucional. Asimismo, la Cámara vasca pedirá la derogación de la Lomce "tan pronto sea aprobada" y da su apoyo al acuerdo suscrito en julio por todos los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados para proceder a su derogación cuando el PP pierda su mayoría absoluta.