Según el contrato de alquiler, los duques de Palma se pagaban a sí mismos 12.000 euros al año durante un plazo de cinco años, además de una fianza de 2.000 euros en metálico, con la supuesta intención "generar gastos falsos para pagar menos impuestos y, al mismo tiempo, desviarse fondos de las arcas de Aizoon".
Según El Mundo, la infanta emitía cada mes una factura de entre 500 y 600 euros, que de dinero público. Según El Mundo, la Agencia Tributaria disponía de estas facturas, así como del contrato de alquiler cuando recomendó no imputar a la infanta, alegando que no podía considerarse a Cristina de Borbón "cooperadora por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad".
