MADRID. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, está dispuesto a revisar el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) para que se ponga en marcha de forma "escalonada". Esta concesión a los grupos de la oposición, sin embargo, no va a afectar a la entrada en vigor de la norma (prevista para el curso 2014-2015). Así lo afirmó ayer el ministro en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada en el Senado, a la que asistieron todos los consejeros de Educación. Sesión en la que la consejera Cristina Uriarte reiteró el rechazo del Gobierno Vasco a la Lomce porque invade competencias, supondrá un retroceso de la calidad del sistema, Euskadi cumple ya los objetivos de fracaso escolar que fija la norma para 2020 o el tratamiento que recibe la Formación Profesional.

"Quiero poner de manifiesto la disposición del Ministerio de Educación de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación, que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento", señaló Wert. Esta muestra de flexibilidad de última hora responde al problema de tiempo que incluso las comunidades gobernadas por el Partido Popular han manifestado las últimas semanas. Y es que cada comunidad debe elaborar y aprobar sus propios decretos que desarrollen la Lomce a su contexto, un proceso que normalmente no tarda menos de nueve meses. Además varias comunidades, como Catalunya, ya han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la Lomce porque supone una invasión competencial, extremo que el ministro rechazó ayer en la Comisión.

Frente a las críticas de la oposición, el ministro afirmó que dictamen del Consejo de Estado reconoce que la forma de materializarse las competencias compartidas es "susceptible de enfoques diversos" y que su enfoque de ajusta a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Más allá de la problemática política y jurídica que se ha planteado, la norma se enfrenta a otro gran problema, la financiación, que ayer Wert vinculó directamente al calendario de la ley.

El dictamen elaborado por el Consejo de Estado del anteproyecto de ley ya advertía de que las provisiones económicas del Gobierno Rajoy para su aplicación eran insuficientes. Ayer mismo varias comunidades del PP, como Galicia, reclamaron a Wert una financiación económica "suficiente" ya que la Lomce exigirá una mejora de los equipamientos, formación del profesorado, más personal o la creación de servicios complementarios. Por no hablar de las dudas surgidas entorno a la viabilidad económica de la FP dual, en la que las empresas deberán contribuir con una parte importante a su sostenimiento. El propio Wert ha reconocido que la aplicación de la ley "va a ser cara" pese a estar en un contexto en el que se han recortado 6.400 millones de euros en enseñanza.

Cabe recordar que el Gobierno español no tiene atada la financiación de su reforma y que confía en que el Fondo Social Europeo costee la mitad del gasto (unos 200 millones de los 400 previstos para tres cursos). Según la fórmula del ministro, el Gobierno central pagaría los costes directos de su aplicación -23 millones el primer año, 130 el segundo y 255 el tercer curso- y las comunidades asumirán los gastos de consolidación que variarán en función del éxito en términos de abandono escolar. Este último punto abre numeras incógnitas ya que todas las comunidades arrastran unas cuentas restrictivas. Por otro lado, la tasa de abandono escolar de Euskadi se sitúa en el 11% cuando la Lomce fija lograr el 15% en 2020.

Choque de trenes En el ámbito puramente político, el PSOE, la Entesa, el PNV, CiU y Grupo Mixto descartaron en el Senado la posibilidad de un acuerdo entorno a la ley porque consideran que su redacción invade competencias autonómicas, incurriendo así en incompatibilidades tanto con la Constitución como con los distintos estatutos de autonomía. Así lo defendieron mediante la presentación de votos particulares al informe de la ponencia, elaborado por el PP, según el cual la reforma es compatible con el marco competencial.

Por su parte, las comunidades del PP cerraron filas frente a las críticas y la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, y sus homólogos en Cataluya, Andalucía, Asturias y Canarias, reiteraron su rechazo a la reforma. En su comparecencia, Uriarte advirtió de que "esta ley, de evidente intencionalidad política, no puede hacernos retroceder en los resultados que estamos obteniendo". En cuanto a la regulación de las lenguas oficiales, la consejera vasca señaló que supone "una intromisión absolutamente inaceptable" y una "involución constitucional cercenadora del autogobierno vasco".