SEVILLA. La juez Mercedes Alaya, en dos autos a los que ha tenido acceso Efe, acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.
La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.
Afirma Alaya que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.
Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva".
La realidad, según la juez, es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente" y González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".
Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO.
En el caso de UGT, Mera pidió que el pago se efectuase a través de la sociedad mercantil Temiqui, propiedad del sindicato.
Alaya recuerda que UGT y CCOO cobraron de Uniter, de acuerdo con lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia, 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros, según consta en el auto.
Se trataba de comisiones que a veces "se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía", como sucedió con CCOO en la empresa Delphi, afirma el auto.
Añade que se trataba de "comisiones a veces altísimas, según la documentación recabada", en alguna ocasión de hasta un 200 % por encima de la media de mercado.
Los autos les imputan un delito de malversación de caudales públicos y dada "la extraordinaria gravedad de los hechos que se le imputan, las penas elevadas a las que podría enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo", así como la posibilidad de que aparezcan nuevos actos delictivos imputables a los acusados, la juez acuerda respecto a ellos una serie de medidas restrictivas.
Así, les impone la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, la "prohibición absoluta" de salir de España y la obligación de depositar su pasaporte.
También acuerda la responsabilidad subsidiaria de sus respectivos sindicatos a la hora de hacer frente a la fianza civil.
