Donostia/Bilbao. Cerrado el acuerdo fiscal entre PNV, PSE y PP, y a falta de unos flecos, las formaciones trabajan a contrarreloj para aprobarlo en los tres territorios de la CAV este trimestre. Mientras Araba y Bizkaia no presentan dificultades -en ambos gobiernan partidos firmantes del acuerdo y podrán impulsar las normas desde los ejecutivos-, las complicaciones pueden aparecer en Gipuzkoa.
Con Bildu al frente de la Diputación pero fuera del acuerdo, y con unos plazos legislativos que cumplir salvo que la Mesa de las Juntas Generales acuerde reducirlos, los tres partidos deberán trabajar con celeridad si pretenden que el pacto fiscal se aplique el 1 de enero. Ayer mismo, Bildu rechazó de nuevo sumarse al pacto y anunció que impulsará su propio proyecto de Impuesto de Sociedades en Gipuzkoa.
PNV, PSE y PP registrarán mañana la propuesta de norma foral, idéntica a los otros dos territorios, según fuentes del acuerdo. A partir de ahí, y con el Reglamento de las Juntas Generales en la mano, el ejecutivo foral dispone de 30 días "para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración" del texto, "así como su conformidad o no a su tramitación". Un trámite que en los otros dos territorios no es necesario, porque las normas forales partirán de los propios ejecutivos.
Luego será el turno de la cámara, cuyo pleno decidirá la toma en consideración de la propuesta, que iría a la comisión de Hacienda. Tras 15 días para presentar las enmiendas -la Mesa, con mayoría del PNV, PSE y PP, podría acortar los plazos-, se iniciaría un debate que concluiría con un dictamen de norma foral que pasaría de nuevo al pleno. En total, y si no hay dilaciones, los firmantes del acuerdo calculan que entre dos y tres meses de proceso bastarán para activar la norma foral.
Lo que ocurra con los plazos dependerá en parte de la actitud del gobierno foral. Su portavoz, Larraitz Ugarte, volvió a mostrar ayer su disconformidad con la reforma porque "tiene intereses que van más allá de los de Gipuzkoa" y "quiere poner toda la carga fiscal sobre los trabajadores". Insistió en que el ejecutivo foral "irá en contra" de los postulados acordados y anunció que prevé impulsar al mismo tiempo modificaciones en el Impuesto de Sociedades: "El impuesto sobre beneficios lo vamos a presentar y queremos que esté aprobado para el 1 de enero".
Alargar los plazos En el caso de que Bildu adoptara una "postura dilatoria" que varios junteros de la oposición no descartan, PNV, PSE y PP barajan introducir lo pactado en torno al Impuesto de Sociedades en el debate específico que impulsará la Diputación. El resto de la reforma fiscal proseguiría su camino para que quede aprobada en enero. En el caso de que Gipuzkoa quede desarmonizada como fruto de una confrontación entre el gobierno foral y la oposición, esta no descarta tampoco aplicar desde el Parlamento Vasco la Ley de Armonización.
Estos debates irán vinculados al presupuestario, que arrancará en breve y debería tener su pleno de aprobación en las dos últimas semanas de diciembre. Si el gobierno foral logra sacar adelante sus cuentas, la reforma fiscal del PNV, PSE y PP tendría un nuevo plazo y debería estar aprobada antes, ya que al modificar las previsiones de recaudación del ejecutivo, este podría hacer frente a la norma foral.
Por de pronto, la portavoz foral prefirió no aclarar la posición que adoptará ante la presumible aprobación de la reforma fiscal, aunque reconoció que "se puede dar la paradoja" de tener que gestionar algo que el ejecutivo no comparte: "Muchas cosas no están en nuestra mano. Por desgracia estamos bajo el Estado español y también de muchos marcos legales que, pese a no estar de acuerdo, están ahí".
El posicionamiento de Ugarte fue ratificado por la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, que consideró que sería "un error, por intentar salvar intereses personales o partidistas, sumarse a un acuerdo que va a perjudicar a mucha gente, aunque vaya por triplicado". En una entrevista en Onda Vasca, tras calificar de "equivocación" el pacto fiscal, consideró que el mismo está "vendiendo una ficción" y que tan solo persigue que "cada cual consiga su estabilidad institucional".
Bizkaia y Araba El escenario está mucho más clarificado en Bizkaia y Araba, cuyas diputaciones están gobernadas por el PNV y el PP, respectivamente. El portavoz de la Diputación vizcaína, Unai Rementeria, recordó ayer que el proyecto de Impuesto de Sociedades fue remitido el pasado 27 de septiembre al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Según él, también se ha trasladado a este órgano el proyecto del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Donaciones y Sucesiones, mientras que la propuesta sobre el IRPF será enviada a la OCT esta semana.
La valoración de este órgano tributario es un paso necesario a la hora de aprobar estas figuras impositivas. La Diputación las llevará después a su consejo de gobierno como proyectos de norma foral y, una vez aprobadas, serán trasladadas a las Juntas Generales para su ratificación definitiva. Los proyectos de norma forales serán aprobados por el consejo de gobierno antes del fin de este mes.
En lo que a Araba se refiere, tras la suma del PP al pacto, el gobierno que lidera Javier de Andrés retirará el proyecto de norma foral sobre medidas fiscales que había empezado a tramitar y lo sustituirá por otro adaptado al acuerdo. Fuentes de la Hacienda foral alavesa explicaron que "actualmente se está ultimando la redacción de la nueva norma" siguiendo "el mismo procedimiento que en Bizkaia", ya que se trata de "las mismas normas". Contemplan por ello que la reforma se apruebe a tiempo para el 1 de enero de 2014.
