BILBAO. El pacto entre PNV y PSE que, entre otros temas, incluye una reforma fiscal y garantiza grandes dosis de estabilidad al Parlamento Vasco ha calado hondo en la sociedad vasca. Así se desprende de una encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, donde se constata que el 61% de los ciudadanos valida el acuerdo suscrito entre jeltzales y socialistas, mientras que el 21% lo percibe negativo, al tiempo que el 76% de los interpelados sostiene que otras formaciones políticas con representación en la Cámara deberían sumarse a la entente. O lo que es igual, los encuestados ratifican la idea sedimentada en la población de que Euskadi necesita de alianzas, y más en este periodo de crisis económica, y que éstas deben tejerse entre la globalidad de los partidos.

A la espera de concretar si el PP también se suma a la firma entre PNV y PSE, que el lehendakari Iñigo Urkullu defendió para "facilitar la velocidad y la amplitud" de la recuperación económica, el respaldo de ese 61% -un 55% lo califica muy positivamente y un 6% positivamente- avala el nuevo tiempo abierto entre sendas formaciones y su capacidad para dejarse pelos en la gatera a favor de la sociedad tras las diferencias públicas mantenidas en la pasada legislatura. Más complejo parece que EH Bildu se una también al pacto, ya que el propio líder jeltzale declaró que la coalición soberanista está "en las antípodas", si bien los preguntados al respecto en esta encuesta se han mostrado en un 77% favorables a que la izquierda aber-tzale participe igualmente de este contrato parlamentario con la sociedad. Son tales las ansias de que se produzca una especie de concentración de partidos para empujar este tren que el mismo porcentaje de ciudadanos vería con buenos ojos que se integre al único parlamentario de UPyD, y un 71% vería bien que finalmente los populares dieran el "sí".

Estos datos, que forman parte de un estudio tras la realización de un total de 950 entrevistas telefónicas entre los días 17 y 19 de septiembre, aluden también al apartado fiscal, donde un 50% de encuestados prefiere que Lakua gaste más dinero en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque para ello tuviera que abonar más impuestos. Paralelamente, un 47% de la ciudadanía se postula para que las Juntas Generales continúen disponiendo de "libertad" en materia de fiscalidad, frente a un 36% que es favorable a que sea el Parlamento quien pueda establecer unas líneas comunes para los tres herrialdes, mientras que el 16% restante o no sabe o no contesta. Sobre los objetivos del acuerdo, con un amplio porcentaje que prefiere no responder, entre quienes lo hacen una amplia mayoría apuesta por estimar que el pacto ayudará a lograr los siguientes objetivos: mantener la protección social (54%), aumentar la recaudación fiscal (52%) o impulsar la economía vasca (50%).

Entre los fines menos probables se hallan el que propicie la eliminación de las duplicidades administrativas (38%) o al aumento de la eficiencia y eficacia de la administración (39%). Interpelados por la presión fiscal y el mantenimiento de los servicios públicos, el 50% destaca su preferencia por que se sufrague más en prestaciones sociales a cambio incluso de desembolsar más impuestos, frente al 36% que quiere que se bajen estos últimos a pesar de que en la caja haya menos remanente para las ayudas sociales y servicios públicos.

la bondad del concierto vasco En el informe se pone sobre la mesa el Concierto Económico, del que un 62% de la población tiene conocimiento o ha oído hablar del mismo, es decir, un porcentaje similar al del año 2008. Durante todo este lustro se ha incrementado la percepción sobre la importancia de esta herramienta, dado que han pasado del 75% al 86% quienes le otorgan mucho o bastante efecto en lo referente al autogobierno, mientras que el 74% de las personas que han escuchado en qué consiste lo valora beneficioso para la ciudadanía. Igualmente, existe una opinión favorable a una mayor capacidad fiscal autónoma para Euskadi, algo que defiende el 49%, mientras el 36% se encuentra a favor del mantenimiento de la actual autonomía, y solamente un 7% cree que el grado de autonomía fiscal tendría que ser menor, similar o equiparable al resto de comunidades del Estado español.

El estudio expone además el papel de las instituciones públicas respecto al bienestar social, donde un 74% de la sociedad señala que éstas deben ocuparse del bienestar de toda la ciudadanía. Mientras, el 64% alude a que las instituciones no hacen lo suficiente a favor de la gente con menos recursos. Entre quienes ven que la atención ha empeorado (el 43%), los motivos aducidos serían, entre otros, la reducción del gasto en protección social (55%) o el aumento del número de personas que necesitan atención (26%). Llama la atención que solo el 47% de la población conoce las ayudas de emergencia social.

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