Vitoria. Apoyados en un grueso dossier de medio centenar de folios, los concejales del PSE en Vitoria Patxi Lazcoz y Maite Berrocal hicieron público ayer el presunto vínculo entre el Gobierno municipal de Alfonso Alonso, alcalde de Gasteiz entre 1999 y 2007 y actual portavoz del PP en el Congreso, y dos empresas implicadas en la trama Gürtel. Los hechos constatados por los socialistas se sustentan en diversa documentación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), las actas de la Junta de Gobierno Local de Vitoria, y diversas informaciones de prensa, y son los siguientes.

En abril de 2005, el Ayuntamiento adjudica en concurso público las obras y explotación por 15 años de la planta de reciclaje de residuos de construcción de Gardelegi a la UTE formada por las empresas Escor, Lanbide y Sufi, empresa ésta última que figura en la contabilidad B requisada por la UDEF a Francisco Correa, presunto líder de la trama Gürtel, y que éste trató de ocultar en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, gestor de esa Caja B (ésa era la inscripción que figuraba en la carpeta azul hallada por los agentes). Según la Policía, en dicha carpeta y en el pendrive adjunto figuraban los pagos de responsables de empresas constructoras como Sufi (adquirida en 2005 por Sacyr, también investigada en el marco del caso Gürtel) a dirigentes políticos y a empresas de la propia red de Correa, fondos que iban a parar a la Caja B de la trama. En las anotaciones manuscritas figuraban además las empresas beneficiarias de adjudicaciones públicas.

En el caso del contrato de Vitoria, Sufi pagó 330.600 euros en concepto de "apoyo a la licitación de la planta de residuos" a otra empresa, Nige, que también está siendo investigada, en este caso como firma testaferro de la trama Gürtel. Según Maite Berrocal, no hay constancia documental alguna del trabajo por el que Nige recibió esos 330.600 euros, un pago, por cierto, anotado en la contabilidad B de Francisco Correa.

Posteriormente, en marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones en las que el PP perdió el poder en Vitoria y una semana después de que la planta entrara en funcionamiento, la Junta de Gobierno Local aprueba una actualización de tarifas, al alza, del contrato con los explotadores de la planta de Gardelegi. El monto total del contrato, explicó ayer Lazcoz, oscila entre los 12 y 14 millones de euros "como mínimo", cantidad a la que hay que descontar los 8 millones que le costó a Sufi hacer la obra y gestionar la explotación de la planta, al margen del lógico beneficio empresarial.

la carpeta 'bilbao' El pasado mes de julio, Luis Bárcenas entregó al juez Ruz una carpeta con la inscripción Bilbao, en la que al parecer figuraba el pago, entre 1999 y 2005, de un millón de euros en comisiones ilegales por parte del PP vasco al tesorero ahora encarcelado. A raíz de esta información, el PSE vitoriano decidió indagar en los contratos del Ayuntamiento de Vitoria, sacó de la web municipal las actas de las Juntas de Gobierno Local en las que se adjudicaba el contrato de Gardelegi a Sufi de 2005 y se hizo también con el expediente correspondiente.

Sin embargo, cuando pidieron el expediente de la revisión de precios de 2007, donde deben figurar la solicitud y justificación de la medida o los informes de Hacienda, Medio Ambiente o los servicios jurídicos municipales, se encontraron con que no está en las dependencias municipales. "Están todos los expedientes en Hacienda menos éste", denunció Lazcoz. Por ello, el 2 de agosto, el PSE pidió al concejal del ramo, Manu Uriarte, que se lo entregara, y al no haberlo hecho a fecha de ayer, Lazcoz y Berrocal decidieron hacer públicas sus sospechas.

Hasta aquí todo lo expuesto son hechos probados y comprobables documentalmente; que el Ayuntamiento de Vitoria adjudicó un contrato a una empresa imputada en el caso Gürtel en los tiempos en que la red trabajaba a pleno rendimiento, y que esa empresa pagó más de 300.000 euros no justificados a otra firma investigada como testaferro de Correa. Hasta aquí, de hecho, no hay actuación municipal irregular alguna probada, y por tanto el PSE urgió al concejal de Hacienda, Manu Uriarte, a comparecer urgentemente y a que entregue el expediente sobre el aumento de tarifas en favor de Sufi antes de "seguir indagando", señaló Berrocal. "El expediente tiene que aparecer -insistió- porque vamos a llegar hasta el final".

"en aras de la transparencia" Y apareció. Mediada la tarde de ayer llegó a las redacciones de los medios de comunicación vitorianos y al despacho del grupo municipal del PSE en Gasteiz el documento que justifica el incremento de precios y que remitía el equipo de gobierno "en aras de la transparencia". En el mismo figura que debido a que el Gobierno Vasco obligó a realizar un estudio medioambiental del suelo donde se iba ubicar la planta y que retrasó la obra, al aumento del precio de las materias primas, al gasto e impermeabilización de la zona, a la instalación de equipos más modernos y al incremento del IPC, la UTE pedía un incremento de precios del 18%. El Consistorio concedió finalmente un aumento del 8%.

el 22 de abril de 2005 Con toda esta suma de hechos y documentos sobre la mesa, el PSE sospecha que el Ayuntamiento de Vitoria otorgó la obra y la gestión de la planta a Sufi, propiedad de los imputados Rafael y Gonzalo Naranjo, a cambio de una comisión que éstos habrían pagado a través de Nige, propiedad del también imputado Plácido Vázquez. Rafael Naranjo ya admitió en 2011 haber pagado una mordida de un millón de euros al Ayuntamiento de Madrid para obtener una adjudicación. "Gürtel obtenía dinero de adjudicatarias que pagaban en B a empresas testaferro como Nige", señaló en ese sentido Berrocal.

Si las sospechas del PSE son una realidad, el Ayuntamiento de Vitoria habría tenido que amañar un concurso público. Así pues, ¿cómo fue aquella adjudicación del 22 de abril de 2005? La Junta de Gobierno Local abrió cinco sobres con otras tantas ofertas y se decantó por la UTE de la que formaba parte Sufi porque las otras "no alcanzaban la puntuación mínima en la oferta económica, aunque no sabemos exactamente las razones", explicó Berrocal.