MADRID. La medida principal, comunicada esta misma semana, consistirá en un recurso contra la decisión de la Comisión Europea (CE), que se presentará junto a las comunidades autónomas afectadas (Galicia, País Vasco y Asturias), sindicatos y patronal.

El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval deben reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.

A pesar de que el importe de estos beneficios fiscales todavía está siendo evaluado por el Ministerio de Hacienda, el rechazo a la decisión ha sido unánime y ha contado incluso con el apoyo del Congreso.

Soria anunció el lunes que presentará antes de la fecha límite, 28 de septiembre, un recurso "muy sólido, con los argumentos jurídicos que hasta ahora hemos estado utilizando".

Estará apoyado por los gobiernos de Asturias, País Vasco y Galicia, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal de los pequeños y medianos astilleros Pymar.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha decidido si solicitará medidas cautelares, como había anunciado inicialmente, a la espera de que se pronuncien los servicios jurídicos.

Soria también ha destacado esta semana "la necesidad de poner en valor el extraordinario nuevo sistema de 'tax lease' (beneficios fiscales a la financiación de la construcción naval) que tenemos en España", que cuenta con el visto bueno de Bruselas, pero que todavía no se ha utilizado por la "incertidumbre" que pesa sobre el sector.