GASTEIZ. El portavoz de este colectivo ciudadano, Alberto Frías, ha afirmado en una comparecencia de prensa que "hoy no es un buen día" para quienes piden el cierre de Garoña pero menos aún para quienes creían en el Estado de derecho y en la democracia, pese a que entra en vigor la orden ministerial de cierre de la central burgalesa.
Frías se ha referido a los cambios normativos que está preparando el Ministerio de Industria y que posibilitarían una continuidad de Garoña, y ha advertido de que la plataforma quiere estudiar el proyecto de real decreto del Gobierno porque el Ejecutivo podría haber incurrir en "un delito de prevaricación".
No obstante, ha considerado que habrá que analizar "despacio" esta vía por "la ingeniería jurídica" que han articulado con el nuevo real decreto.
En este sentido, Frías ha explicado que lo que habrá que demostrar es que los cambios normativos que contempla el real decreto están hechos "ad hoc", para un caso particular.
Frías ha recordado que las normativas "ad hoc" están prohibidas en España y ha opinado que aunque no se cita a Garoña en el proyecto de real decreto del Gobierno, "está claro" que está dirigido a ella.
En cuanto a los motivos económicos alegados para su cierre, ha indicado que las verdaderas razones son "los más de 129 millones de euros que se tendrían que invertir en la central por razones de seguridad derivadas de las pruebas de esfuerzo impuestas por la UE y por las condiciones que la prórroga de 2009, que caduca hoy, impuso a Garoña y que están sin cumplir".
