vitoria. El Gobierno Vasco ha dado a conocer en las últimas jornadas las propuestas clave con las que espera asentar la paz y la convivencia. Sin embargo, y al margen de esas iniciativas propias, Lakua comenzó a trabajar en mayo de 2012 en un proyecto conjunto con el Ejecutivo español. Durante el mandato de Patxi López, la CAV acordó impulsar con Madrid un Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, centrado exclusivamente en los damnificados por ETA, y cuyo patronato, adscrito al Ministerio del Interior, sería presidido por Mariano Rajoy, mientras el lehendakari ejercería de vicepresidente, y el monarca español ocuparía la presidencia de honor. No obstante, los recelos de determinadas asociaciones de víctimas terminaron lastrando el plan y dejándolo en suspenso. La entonces representante del Gobierno español en la comisión bilateral del proyecto, Teresa Díaz Bada, abandonó la nave el 22 de mayo del pasado año denunciando que los trabajos sobre el centro no eran sino "concesiones políticas a Batasuna", y acusó a los ejecutivos vasco y español de "ningunear el discurso de las víctimas". Aunque las dificultades, por lo tanto, se remontan a la pasada legislatura, el adelanto electoral en la CAV y el cambio de gobierno habrían contribuido a perpetuar el impasse. El Gobierno español podría estar apostando por tomar primero el pulso al nuevo gabinete vasco y ver por dónde respira en materia de pacificación, aunque el PP ya ha dejado ver sus recelos y, de hecho, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha lamentado en las últimas jornadas que Madrid no haya respondido a sus peticiones formales de convocatoria de la Comisión Mixta para avanzar en el centro. En ese sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quiso asegurarse el control del Memorial al avisar de que "será un centro nacional, gobernado, dirigido y liderado por el Gobierno español".
El ministro podría haber tratado de dar un golpe sobre la mesa para reivindicar su papel en el proyecto. En ese sentido, el equipo de Rajoy podría recelar de la apuesta de Lakua -contemplada en el Plan de Paz- por que el Memorial forme parte de la red de centros que, desde Euskadi, coordinará el Instituto de la Memoria, proyecto del Gobierno vasco que también abarcará el sufrimiento ocasionado en la Guerra Civil y que, a juicio del PP, mezcla todo tipo de violencias y peca de equidistancia. El último Euskobarómetro, sin embargo, señala que el 79% de los ciudadanos de la CAV avala que se haga justicia "con las víctimas de ambos bandos". Esa tesis la apoya un 53% de los votantes del PP.
En el marco de la inauguración de los cursos de verano sobre Memoria y Justicia ante el relato final del terrorismo de la Complutense de Madrid, el ministro dejó patentes sus "importantes" reservas ante el Plan de Convivencia, y acusó a Lakua de pretender que el Memorial sea "un eslabón más de una cadena de acontecimientos que va a liderar y dirigir el Instituto para la Memoria del Gobierno Vasco". "Pues mire usted, va a ser que no", despachó. A pesar de la interpretación del ministro sobre el Plan de Paz, desde Lakua aseguran apostar por la colaboración.
reservas También podría interpretarse que Fernández busca congelar el debate hasta citarse con el Gobierno Vasco y conocer de primera mano qué pretende con sus planes, y si esas iniciativas podrían chocar con el espíritu del Memorial. En cualquier caso, las reservas de Madrid ante el Plan de Lakua suponen un importante escollo en el camino trazado por Urkullu y podrían dificultar la colaboración.
La opción que más podría preocupar al Ejecutivo de Gasteiz pasaría por que, con sus declaraciones, Fernández haya pretendido no solo poner en valor su papel, sino directamente apartar a Lakua del diseño del proyecto para que Madrid lo gestione en su totalidad. El Ministerio podría entender que el acuerdo de colaboración no es vinculante, y menos aún cuando ha mediado un cambio de gobierno. Amarrando la gestión del centro, el PP podría diseñarlo a su medida en un momento en que las víctimas han estrechado su marcaje al Gobierno español. El propio Fernández se descolgó ayer con esas declaraciones ante representantes de la AVT y de Dignidad y Justicia, y ante la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo Mari Mar Blanco, que pasó a representar al Gobierno español en la comisión bilateral tras la marcha de Díaz Bada.
Fuentes del Ejecutivo vasco consultadas por este diario aseguran seguir esperando la llamada del ministro para que pueda citarse con la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos de Lakua al objeto de departir sobre el proyecto e, independientemente de las palabras de Fernández, continúan apostando por la colaboración entre Madrid y la CAV para que la iniciativa del Centro Memorial se ponga en marcha de forma conjunta. Desde Lakua se decantan por la prudencia hasta que puedan reunirse ambas partes para extraer una conclusión del entuerto.
Además, llaman a la calma porque la parálisis del proyecto no sería consecuencia de una ruptura de relaciones entre ambas partes por la llegada del PNV al gobierno. No se trataría de una cuestión de siglas: el parón viene de lejos, ya que la última reunión de la comisión bilateral se remontaría a mayo del pasado año. En cuanto al carácter vinculante del acuerdo o su pervivencia tras las elecciones vascas de octubre, explican que, pese al cambio de gobierno, el pacto se firmó entre ejecutivos, y no entre siglas.
negociación Por otra parte, Fernández avisó a ETA de que, si no se disuelve porque está esperando una negociación con el Ejecutivo popular, "va a necesitar más paciencia que el santo Job". Tras recalcar que el gabinete de Rajoy no baja la guardia y que "no habrá impunidad", puso sobre la mesa que, en lo que va de legislatura, han sido detenidos 62 miembros de la organización. "Lo que le queda es disolverse por las buenas o por las malas", sentenció.
La presidenta de la FVT Mari Mar Blanco, y el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ayer en Madrid. Foto: efe
