DONOSTIA. Unai Iraola (Alegia), Andoni Gartzia (Astigarra) y Ohiane Zabaleta (Urretxu) se han pronunciado hoy en una rueda de prensa sobre las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Donostia, que obliga a estos ayuntamientos y al de Oiartzun a retirar esas banderolas.

Han asegurado que "una amplia y plural mayoría social hace suya" la petición para que los presos de la banda terrorista sean "repatriados" y que, en los cuatro casos, la colocación de los carteles se adoptó por decisión plenaria.

No comparten el pronunciamiento del Juzgado porque, según destacan, no hacen "más que exigir que se aplique la legislación penitenciaria ordinaria" y, al tratarse de "decisiones adoptadas de forma democrática" por las corporaciones locales, no consideran que "de ninguna manera que suponga una violación de la 'neutralidad política'".

Han denunciado la "labor" que desempeña el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, que es quien ha promovido éstas y otras demandas, pues creen que "se aprovecha de su cargo para inmiscuirse en ámbitos que no son de su competencia, pasar por encima de la autonomía municipal y realizar apología del inmovilismo".

"Le exigimos que pase de la amenaza, coacción y desprecio de los derechos de los presos a una actitud por la resolución", subrayan los regidores de Bildu en un texto que han leído en euskera y castellano.

Han manifestado su "firme voluntad política para mantener la reivindicación del respeto a los derechos de los presos", aunque no han aclarado de qué forma y si mantendrán los carteles en las fachadas de los consistorios.

Sí han dicho que harán uso de "todos los recursos" que estén de su mano "para seguir reivindicando los derechos de los presos".

"Hacemos nuestra la reivindicación mayoritaria de nuestros pueblos y mantenemos nuestros compromisos hacia la misma", han recalcado.

Han explicado que hasta hoy por la mañana el fallo judicial sólo había sido notificado al Ayuntamiento de Alegia, que cuenta con quince días para recurrir, si bien no decidirán si lo hacen hasta que no lo estudien los servicios jurídicos municipales.