guatemala. El Tribunal Constitucional guatemalteco propinó el lunes un duro golpe a las víctimas y supervivientes de la política de exterminio del pueblo ixil así como a los defensores de derechos humanos del país centroamericano al anular el histórico fallo que el pasado 10 de mayo condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de guerra. En una decisión dividida, tres votos a favor del exgobernante y dos en contra, los magistrados del máximo tribunal de Guatemala aceptaron los recursos presentados por la defensa del general por supuestas irregularidades y ordenaron llevar el proceso judicial al punto en el que estaba el pasado 19 de abril.

En su resolución, los magistrados de la Corte Constitucional consideraron como una irregularidad por la que debía ser anulada la sentencia que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo no resolviera una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura por parte del abogado de la defensa, Francis García Gudiel. "Todo lo actuado a partir del 19 de abril queda anulado", explicó la noche del lunes el secretario de la Corte Constitucional, Martín Guzmán, en una rueda de prensa. También ha quedado sin efecto, pues, la absolución del general retirado, José Rodríguez, antiguo jefe de Inteligencia de Ríos Montt, que ahora debería sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados junto al exdictador.

Sin embargo, las víctimas recibieron un nuevo golpe ayer, después de los magistrados que debían reanudar el juicio contra ambos decidieran inhibirse de la causa, que topa así con un nuevo obstáculo para alcanzar una sentencia definitiva. Con la inhibición de los magistrados titulares de la Sala Tercera de Apelaciones, ahora será necesario convocar a los suplentes.

Histórico La sentencia del pasado 10 de mayo, anunciada por la jueza Jazmín Barrios, fue recibida con entusiasmo por los presentes en la sala del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, que estallaron en júbilo. Durante semanas, estos mismos habían relatado el horror que vivieron durante el mandato de Ríos Montt, de 1982 a 1983. Sin embargo, tras la euforia inicial, los temores a que la sentencia, que además exigía seguir investigando el genocidio y una reparación moral por parte del Estado a las víctimas, fuera anulada.

"El Poder Judicial en Guatemala aún no está tan fortalecido como para que nos aguante presiones de los poderes en este país", sostiene Carlos Aldana, responsable de la Fundación Rogoberta Menchú. El activista se refiere a dos sectores en concreto: el de los militares y el de los empresarios, que expresaron públicamente su oposición al fallo poco después de conocerse la sentencia. "El Tribunal Primero A de Mayor ha hecho una calificación inadecuada de la figura de genocidio, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular", expresó el Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) en un comunicado en espacios comprados en la prensa, la radio y la televisión.

Según la patronal guatemalteca, en el proceso quedó de manifiesto una vulneración de la legítima defensa y del principio de inocencia así como la desobediencia pública del tribunal a las resoluciones emitidas por otras instancias. Pero más dura fue la respuesta de los militares, que, en boca de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), amenazaron con marchar sobre la capital guatemalteca y paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación de Ríos Montt.

Reacciones encontradas Los dos votos en contra de la resolución de la Corte Constitucional correspondieron a los magistrados Mauro Rodrigo Chacón, que representa a la Universidad de San Carlos, y a Gloria Porras, por parte del Ejecutivo, aunque fue nombrada por el anterior Gobierno del socialdemócrata Álvaro Colom. El actual está encabezado por el general retirado Otto Pérez Molina, cuyo nombre también salió a relucir en el juicio a Ríos Montt, cuando un superviviente le ubicó en una de las matanzas perpetradas por los militares en aquellos oscuros años 80.

Ambos magistrados advirtieron que la decisión del Constitucional "está dejando desprotegidas a las víctimas". Tanto Chacón como Porras consideraron que la Corte se ha extralimitado al anular la sentencia, "pues si las partes consideran que en la tramitación del proceso existieron vicios de procedimiento tienen a su alcance los recursos ordinarios". El conflicto comenzó con las artimañas de la defensa de Ríos Montt para retrasar la celebración del juicio. El primer día de las audiencias, el 19 de marzo, el abogado Francis García Gudiel recusó a dos de los tres integrantes del tribunal por parcialidad, pero sus argumentos fueron rechazados por la corte, que decidió seguir escuchando a los testigos.

Posteriormente, la defensa solicitó amparo ante una Sala de Apelaciones, que el 19 de abril ordenó suspender el juicio de manera provisional. Ahora, el Constitucional establece que todo lo ocurrido a partir de esa fecha deber repetirse. "El fallo de este lunes es un golpe devastador para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto", señaló ayer el investigador para Guatemala de Amnistía Internacional, Sebastián Elgueta. "Las bases legales de este fallo no están claras y tampoco se sabe cómo el tribunal puede darle al botón de reinicio para volver a la situación en la que nos encontrábamos a mediados de abril", dijo.

"Con la sentencia del 10 de mayo, el tribunal envió el claro mensaje de que los crímenes contra miles de víctimas mayas no serían tolerados. El Tribunal Constitucional ha cuestionado el mensaje, poniendo el derecho a la verdad, a la justicia y a las reparaciones en peligro en Guatemala", concluyó. El pasado día 10, el país centroamericano se convirtió en el primer ejemplo de justicia en una región en la que históricamente ha regido la impunidad. Sin embargo, la histórica condena al exdictador entra un periodo de oscura incertidumbre. "Es posible que una caso de genocidio sea demasiado para el sistema política y judicial del país, pero se ha reconocido al fin a las víctimas y eso es algo positivo para la memoria de los fallecidos y la dignidad de los supervivientes", tratan de consolarse los activistas.