un drama. Una familia rota. Dos cadáveres en un piso en estado de descomposición. Unas evidencias que sugieren la necesidad de marcar con una nueva muesca el epígrafe que recoge a las víctimas de la violencia de género a las que ya no se puede proteger. Una más. Y van... Ellas son el ejemplo de que en esta sociedad la igualdad de géneros es una quimera. Los discursos oficiales y las campañas de las distintas administraciones se suceden. La palabra igualdad ya preside departamentos de ejecutivos, comisiones en legislativos y planes para recortar las diferencias subjetivas (y las objetivas) que existen entre hombres y mujeres. Sin embargo, cada estudio, cada estadística de nuevo cuño, cada suceso espeluznante vuelve a demostrar que queda un mundo por hacer y otro por deshacer. Mientras tanto, la sociedad avanza intentando recortar las desigualdades. Lo hace. Sí. Pero a un ritmo que desespera. Hay muchos lastres heredados de cientos de generaciones en las que el rigor de la historia y de la cultura han pesado demasiado como para obviarlas de golpe. Los resultados de las políticas de igualdad ya no los podrá contemplar María Ángeles, supuestamente, la última víctima mortal de la violencia de género en el territorio histórico.
El cadáver de María Ángeles apareció en la noche del pasado miércoles junto al de su marido en la calle Voluntaria Entrega. Pese a que no hay certeza oficial, la investigación trabaja con la idea de que la muerte responde a las claves de la barbarie machista y de un posterior suicidio del presunto asesino, si es que la investigación policial no dice lo contrario. Sin embargo, la violencia no lo es sólo en su grado supino. De hecho, la sufren tantas féminas como afectadas hay por la institucionalización de las desigualdades entre hombre y mujeres.
Es el caso de Estíbaliz. Su relación de pareja es estimulante. Trabaja en un laboratorio. Está contenta. Trabaja las mismas horas y realiza su labor sin diferencias respecto al resto de la plantilla. Y, sin embargo, el trato que recibe no es el mismo que se dispensa al resto. ¿Las causas? Simplemente, porque es mujer, y eso, en esta sociedad, es una desventaja capital.
Los datos que ilustran esta situación dibujan una realidad que resiste inamovible al paso del tiempo. Pese a todos los desvelos de las luchadoras y los luchadores por la igualdad real entre géneros, ésta es aún una mera entelequia. En concreto, según los últimos datos aportados por Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, la diferencia salarial entre ambos sexos en el conjunto de los tres territorios históricos es de más de 7.000 euros anuales. Asimismo, ellas asumen más del 85% del trabajo a tiempo parcial. La discriminación salarial es uno de los factores que "reproduce y perpetúa" la desigualdad de género, según Emakunde.
Por ámbitos, las mayores diferencias se registran en servicios. Lo peor es que, además, éste es el sector que mayor número de mujeres emplea. Precisamente, la segregación por ocupaciones se ha convertido en uno de los factores que perpetúan esta discriminación. A ellas se las dirige hacia estándares concretos y prefijados, a aquellos que se consideran femeninos y que coinciden, precisamente, con los nichos de actividad peor remunerados.
Sobre el particular, Emakunde afirma que tal situación impide a las mujeres ocupar posiciones de liderazgo. Además, la institución que vela por la igualdad real en la CAV advierte de que, en muchas ocasiones, ellas "tienen que aceptar" ocupaciones de mayor flexibilidad laboral para equilibrar las necesidades del trabajo y la familia, lo que contribuye a la citada segregación laboral". De este modo, de cada 10 mujeres ocupadas en Euskadi, 2,7 tienen un contrato parcial, mientras que la proporción es de 3,8 de cada 100 en el caso de los hombres. Asimismo, Emakunde subraya que "no se puede olvidar" que un elevado porcentaje de las personas ocupadas en el sector informal son mujeres. Las labores de cuidado de los familiares y del hogar les impide, en muchos casos, la promoción en igualdad con los hombres en el mercado laboral.
Casos y desvelos Dichas desigualdades no son únicas. El mero hecho de ser mujer implica otro tipo de consideraciones difíciles de obviar. Según los datos del Ayuntamiento de Vitoria, el pasado año, 37 mujeres víctimas de violencia doméstica, con 32 menores a su cargo, fueron atendidas en los nueve pisos de emergencia de los que dispone el municipio. Doce de ellas abandonaron el circuito de inserción en el que se encontraban amparadas. Cada víctima acude a los centros municipales con diferentes problemáticas en la mochila, ya que al maltrato por parte de su pareja se suman a menudo dificultades añadidas económicas sobre todo que suelen derivar en hogares desestructurados.
Y si los preocupantes casos de violencia machista se han convertido ya en un fijo en las páginas de sucesos, también lo son los expedientes que llegan a los servicios sociales. A pesar de que todavía son muchas las mujeres que no dan el paso de poner la denuncia, el pasado año Vitoria tendió diez unidades convivenciales más que en 2011, un ejemplo de que los episodios de malos tratos se suceden día a día habiéndose convertido ya en una lacra a la sociedad no sabe cómo poner fin.
Incluso, los datos que aparentemente son positivos esconden una explicación que avala la persistencia de comportamientos machistas. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género en el País Vasco descendieron un 6,6 % en 2012, año en el que se contabilizaron un total de 3.853 denuncias frente a las 4.125 registradas en 2011. Estos datos se recogen en un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, texto que detalla que el número de denuncias por violencia machista en el conjunto del Estado descendió un 4,1 % en 2012. Para la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, esta disminución puede deberse al impacto de la crisis económica tanto en la víctima como en su familia y en la propia sociedad, impacto que "no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia". "Si se compara el año 2012 con el año 2008, cuando comenzó la crisis económica, la disminución de denuncias se sitúa en el 9,6%", ejemplificó.
Además, Montalbán destacó "el esfuerzo" social e institucional realizado en los últimos años en la lucha contra la violencia de género y expresó su confianza en que "los recortes económicos no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia". Por ello, pidió que se mantengan "todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas". Según indicó, si bien en el siglo XX dichos recursos han estado enfocados a la protección de la mujer, en este nuevo siglo, los esfuerzos de la sociedad y de sus instituciones tienen que centrarse en la mujer y en sus hijos. "Los menores son utilizados como instrumentos para causar daños a las madres, fenómeno que lleva a pensar que este tipo de violencia machista tiene una especial intencionalidad", subrayó.
En lo que se refiere al conjunto del Estado, las denuncias por violencia de género registradas en los juzgados y tribunales alcanzaron en 2012 las 128.543, lo que supone un descenso del 4,1% respecto al año anterior, cuando se registraron 134.002. En 2012 hubo una media de 352 denuncias diarias (15 menos al día que en 2011). Además, muestra que en 2012 se produjeron 15.592 renuncias a la continuación del proceso en fase de instrucción, lo que supone un 12,1% en relación con el número de denuncias presentadas y un incremento de un 0,9% respecto a 2011.
Por otra parte, de los datos se desprende que en casi seis de cada diez casos (55%) la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección. El año pasado se adoptaron 66.706 medidas penales, entre ellas, al igual que en 2011, la orden de alejamiento (acordada en el 81,2% de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en el 81%) y la prohibición de volver al lugar (15,2%). Además, en 2012 un 11,5% del total de denuncias acordaron medidas civiles cautelares de protección al menor. Entre ellas se encuentran la suspensión del régimen de visitas (3,1%); la suspensión de la patria potestad (0,4% del total); la suspensión de la guardia y custodia (7,1%) y las medidas de protección del menor para evitar un peligro (0,9%). El estudio, basado en los datos obtenidos de los 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) revela que el 72,06% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas.
