madrid. Cuando Artur Mas apostó por el proceso soberanista y la consulta, el Gobierno español le avisó de que no permitiría un solo paso en esa dirección. Ese empeño le condujo a pedir al Tribunal Constitucional que impugnara la declaración aprobada por el Parlament el 23 de enero, y que calificaba a Catalunya como sujeto político soberano, a pesar de que el texto careciera de valor jurídico. Con ese gesto dejaba clara su intención de cortocircuitar desde el minuto uno los planes de Govern, que podría haber sustentado la futura convocatoria de una consulta en la existencia de un sustrato legal en el Parlament, como lo hubiera sido esa declaración soberanista que ponía sobre la mesa la soberanía catalana. El Tribunal Constitucional ha truncado en parte esa vía y ha avanzado su posición sobre el plebiscito al admitir ayer a trámite la impugnación del Ejecutivo español contra el texto, que quedará en suspenso durante los próximos meses a la espera de que los jueces fallen sobre el fondo del asunto. El Parlament dispone de veinte días para presentar alegaciones.

La decisión, adoptada por un tribunal de mayoría progresista, encuentra escasos precedentes. En concreto, el TC únicamente ha anulado declaraciones parlamentarias en tres ocasiones, al tiempo que esos textos versaban sobre cuestiones muy puntuales o bien técnicas. Aunque la medida suponga un primer obstáculo en el proceso soberanista, el Govern seguiría contando con base jurídica propia para tratar de convocar la consulta, ya que el Parlament aprobó en marzo una segunda declaración sobre la que no se ha pronunciado el tribunal. Esa segunda iniciativa, presentada por el PSC, abogaba por el derecho a decidir y por el diálogo con Madrid.

La postura del Constitucional, sin embargo, no hizo mella en los partidos que auspiciaron la declaración soberanista. Aunque con matices, abogaron por seguir adelante. En este sentido, el president Artur Mas avisó de que su gabinete "seguirá con el camino trazado". "De esto no debe haber ninguna duda", zanjó, para añadir a renglón seguido que dar marcha atrás supondría una deslealtad hacia los catalanes y la voluntad expresada en las urnas. No obstante, se inclinó por cooperar con el Gobierno español, y mantuvo un tono conciliador al asegurar que, haga lo que haga el Estado, "el diálogo no se abortará". Mas y Rajoy se verán las caras mañana mismo en un almuerzo con empresarios del automóvil.

Más taxativos se mostraron en ERC, entre quienes ha comenzado a levantar suspicacias la interlocución de CiU y el Gobierno español sobre la flexibilización del déficit. Las distintas informaciones que apuntan a la posibilidad de que la Generalitat suavizara su hoja de ruta a cambio de recibir aire a nivel financiero han enfriado las relaciones entre los socios. En las últimas jornadas, de hecho, ERC ha tratado de apretar las tuercas a CiU, pidiendo incluso que la consulta se celebre este mismo año. Ayer, su presidente Oriol Junqueras avisó de que el Parlament se mantendrá fiel a sus planes "diga lo que diga" el tribunal. Por ello, pidió atender a lo que dicte el legislativo catalán, y no la institución judicial.

El diputado de la CUP Quim Arrufat subió un peldaño más al proponer la "desobediencia institucional y la convocatoria unilateral" de una consulta, mientras el coordinador de ICV Joan Herrera descartó que la decisión invalide el proceso soberanista. Desde el socialismo, que se partió en dos al votar el texto -cinco de sus parlamentarios no participaron en la votación para no tener que rechazar la declaración-, Pere Navarro aseguró que CiU y ERC sabían que el veto llegaría y que, por tanto, buscarían la confrontación. La popular Alicia Sánchez-Camacho exigió acatar la resolución.