Vitoria. La conflictividad social parece haberse instalado entre el personal encargado de vigilar las piscinas y llevar a cabo parte de la programación de los centros cívicos de la capital alavesa. Al parecer, el aguante y el hartazgo de este colectivo de trabajadores de dos contratas -alrededor de 150 personas- ha concluido. A partir de ahora, y tras varios amagos, los damnificados por una situación laboral muy compleja -sus respectivos convenios colectivos caducaron en 2008 y sus expectativas a corto plazo auguran nuevos recortes de salario y aumentos en la carga laboral- han convocado una huelga que comenzará el próximo 13 de mayo. Y, a tenor de los últimos movimientos observados en la sede municipal, no estarán solos. No en vano, los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria -PNV, PSE y Bildu- solicitaron ayer al alcalde, el popular Javier Maroto, que "medie" en el conflicto laboral.

Al respecto, los tres partidos han presentado una moción que se debatirá en el Pleno de hoy en la que alertan al primer edil de que "corren peligro" las condiciones laborales de los 150 monitores y socorristas de las empresas Aiteko y Disport si no se renueva su convenio colectivo antes del 8 de julio.

De manera más concreta PNV, PSE y Bildu advierten de que si el convenio finalmente decae, el salario de los trabajadores se reducirá de media un 40 % y su jornada anual se incrementará en 180 horas, lo que causará pérdida de empleo. Por ello, consideran que el alcalde "no puede permanecer impasible" y le instan a que se ponga en contacto con las empresas para que éstas reinicien la negociación con los trabajadores y "se comprometan" a llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo de las firmas.

"El alcalde debe intervenir para que prosiga la negociación entre las empresas implicadas y los trabajadores, de forma que se mantenga el convenio colectivo provincial y se garanticen así las actuales condiciones laborales, frente a las vigentes en el Estado, que son sensiblemente peores", explican PNV, EH Bildu Gasteiz y PSE-EE. Además, un cambio de situación como el anunciado acarrearía la consiguiente pérdida de empleo.

Los monitores y socorristas habían convocado una huelga indefinida a partir del pasado 22 de abril, pero la desconvocaron antes de su inicio, porque así lo "exigieron" las empresas para retomar a las negociaciones. Desde entonces se han celebrado dos reuniones pero en ellas sólo se han dado "pasos atrás", según denunciaron ayer los trabajadores, que a la vista de que "cada vez está más cerca el fin de la vigencia del actual convenio" han decidido hacer una nueva convocatoria de huelga a partir del día 13 y hasta finales de junio.

A pesar de esta convocatoria, los sindicatos y la patronal celebrarán el próximo lunes por la tarde una reunión en la que se analizará una nueva propuesta de las empresas.

Los monitores y socorristas reclaman la actualización salarial con el IPC anual, el mantenimiento de la ultraactividad, es decir que no caduque una vez pasados doce meses desde la finalización de su vigencia, que no sea obligatorio someterse a un arbitraje si hay un descuelgue del convenio y que la movilidad geográfica se limite a Álava.