MADRID. Esta reforma, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, se elevará ahora al próximo Pleno del Congreso para después remitirse al Senado con la previsión de que el nuevo sistema de elección de los vocales sea puesto en práctica en la renovación que corresponde acometer en septiembre.
Los grupos han presentado 273 enmiendas al articulado, de las cuales los 'populares' han aceptado una decena de las iniciativas. Entre las transaccionadas por el PP y el PSOE, se incluye la que recoge el deber "inexcusable" de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstenciones a supuestos en los que concurra causa legal para ello. Los consejeros en ningún caso podrán votar en blanco cuando se trate de materia disciplinaria y decisiones sobre recursos.
La portavoz del PP, Sara Cobos, también ha anunciado la incorporación de una disposición adicional en la ley para "tener en cuenta" la paridad "en el procedimiento de selección de vocales", una idea que la oposición de izquierdas considera insuficiente porque su objetivo era garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el órgano de gobierno de los jueces que resulte finalmente elegido.
PUBLICAR LAS SENTENCIAS
El PP, que la pasada semana ya redujo a un único vicepresidente común del CGPJ y del Tribunal Supremo, ha aceptado este lunes introducir varias iniciativas que amplían las competencias del órgano de gobierno de los jueces. Entre ellas, las planteadas por CiU para que informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y reciba las quejas de los ciudadanos en esta materia.
Entre sus atribuciones, el órgano de gobierno de los jueces cuidará por la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones del Supremo y del resto de juzgados y tribunales.
El PP también ha pactado con el PNV que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con sede en San Sebastián, colabore con el Consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados. El director del CENDOJ deberá acreditar el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.
La Comisión de Justicia ha incluido la enmienda propuesta por los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que el expediente de inspección se complete con los informes que presente el juzgado investigado.
CONSEJO DÉBIL ANTE JUECES BELIGERANTES
La oposición ha sido unánime al advertir de los riesgos que tiene en la neutralidad y en la necesaria independencia de los vocales el hecho de que compaginen su cargo con su función jurisdiccional o su profesión. Advierten de que el "debilitamiento" de este órgano constitucional se produce en un momento en el que los jueces son "beligerantes" contra "determinadas políticas del Gobierno".
Para el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, el modelo diseñado por el Gobierno conlleva un inédito "ataque" a la independencia y una "ocupación política" del Poder Judicial, así como un "notable desapoderamiento" en sus funciones.
"Es una grave contrarreforma que ha conseguido poner por primera vez a todos los operadores jurídicos del país en contra", ha expuesto el socialista, para amenazar con que la vigencia de esta ley se acotará al tiempo en el que los 'populares' permanezcan en el Gobierno.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares ha tildado de "involución" la reforma del Consejo del Poder Judicial y ha responsabilizado al ministro Alberto Ruiz-Gallardón de no dialogar con la oposición. "La asunción de las enmiendas ha sido mínima, la deliberación prácticamente nula y el consenso inexistente", ha resumido.
Los nacionalistas de ERC y el PNV han lamentado que el Gobierno haya desperdiciado la oportunidad "histórica" de regular la creación de los consejos autonómicos de justicia o de valorar como un mérito preferente el conocimiento de las lengua cooficial. La diputada del PP Sara Cobos ha respondido que este asunto no afecta al Consejo y que deberá abordarse en el resto del articulado de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial.
El reparto bipartidista de los miembros del órgano de gobierno de los jueces ha sido criticado por grupos como Unión Progreso y Democracia (UPyD) o Izquierda Plural, que ven que este "reparto de la tarta" polariza las decisiones del Consejo y aumenta el descrédito en las instituciones. "Los desmanes han sido posibles por la impunidad de los delincuentes, que actúan en un cortijo particular por una Justicia que ellos mismos deciden por quién va a ser impartida", ha dicho Toni Cantó.
Desde el PNV, Emilio Olabarría también ha deslizado que el debilitamiento del Consejo se produce en un momento en el que la Administración de Justicia comienza a ser "beligerante" con determinadas políticas del Gobierno.
