Bilbao. El Gobierno del PP quiere que todos los ayuntamientos estén presididos por la bandera española aun en contra de la voluntad popular y ha engrasado su maquinaria para lograrlo. Los resultados de esta planificada acometida son palmarios: los tribunales dan la razón por sistema a la Abogacía del Estado y en última instancia los consistorios están acatando las sentencias porque, de lo contrario, los alcaldes podrían ser inhabilitados para ejercer como cargo público. Está pasando en Catalunya, en Nafarroa y, sobre todo, en la Comunidad Autónoma Vasca, en donde el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha denunciado en poco más de un año a un centenar de ayuntamientos por no colocar la rojigualda en igualdad de condiciones con la ikurriña, la enseña europea y la de la localidad.

A pesar de que afecta a más partidos, son Bildu y las agrupaciones electorales que gobiernan muchos municipios tras las elecciones de 2011 los principales destinatarios de las denuncias interpuestas por los delegados del Gobierno. La mayoría de los municipios que en los últimos meses han colocado la enseña española en sus balcones, como Lekeitio, Sopelana, Markina, Zaldibar, Agurain o Bergara, están dirigidos por alcaldes de la izquierda abertzale. Aceptan así una situación que años atrás achacaban a alcaldes del PNV, a quienes acusaban de ser hipócritas o faltos de compromiso por izar la rojigualda apremiados por el Gobierno español y los tribunales. Un ejemplo del clima reinante en aquella época es la enorme pintada con la rojigualda que adornó la casa consistorial de Lekeitio en 2009 cuando gobernaba el PNV, al que se tildaba de "español". Y eso que en los mástiles del ayuntamiento solo ondeaba la ikurriña.

Con la llegada del PP a La Moncloa, se han redoblado los requerimientos y denuncias de las delegaciones del Gobierno contra los ayuntamientos remisos a colocar una enseña con la que no se sienten representados. Si el anterior delegado del Gobierno en la CAV, el socialista Mikel Cabieces, denunció durante su mandato de cuatro años a 57 consistorios, el actual representante español, el popular Carlos Urquijo, ha interpuesto denuncias contra un total 103 ayuntamientos. Y lo ha hecho en solo un año y tres meses, el tiempo que lleva al frente de la delegación.

Tribunales unánimes Se actúa con metrónomo, sistemáticamente. La delegación se hace eco de denuncias o tiene conocimiento de que un consistorio no cumple la Ley 39/1981, la conocida como ley de banderas, que obliga a que la enseña española ondee en el exterior e interior de los edificios o establecimientos de las administraciones públicas. Llegado a este punto envía un requerimiento administrativo para que se actúe según la ley. Si el municipio en cuestión no cumple con la colocación de la bandera, recurre a la vía judicial a través del juzgado de lo contencioso-administrativo. Si se recurre la sentencia, el caso puede acabar en el Tribunal Superior de la comunidad autónoma. Desde enero de 2012, la Justicia ha dado la razón a los abogados del Estado en su contencioso contra medio centenar de ayuntamientos de la CAV. En este nuevo episodio de la guerra de las banderas, que tantas páginas de periódicos llenó en los años 80 y 90, los consistorios pierden. Como último paso, la Delegación de Gobierno vigila que se acate el auto judicial.

En total, 155 municipios de la CAV han sido denunciados en el último lustro por negarse a colgar la rojigualda. Muchos otros, de hecho la mayoría han sido requeridos en el mismo sentido. Algo parecido ocurre en Nafarroa, en donde tras la llegada de la nueva delegada del Gobierno, Carmen Alba, una docena de localidades han pasado por el juzgado por este mismo motivo.

"Nos dan la razón" La evidencia de que en la mayor parte de los municipios vascos se ve la enseña española como un elemento extraño no hace mella en el ánimo de Carlos Urquijo. Para el delegado del Gobierno del PP en la CAV la colocación de la bandera en los ayuntamientos "no es cuestión de un capricho sino del cumplimiento de la legalidad", que "no puede aplicarse para unas cosas y tratar de sortearla para otras". Por eso se está requiriendo a los ayuntamientos para que "cumplan" con la ley de Banderas. "La Justicia nos está dando la razón, lo que es un indicador de que el camino iniciado era el correcto", justifica.

Una opinión diametralmente opuesta a la de los regidores de los ayuntamientos afectados, dirigidos en su mayoría por alcaldes abertzales del PNV, Bildu, EA, Aralar y diversas agrupaciones electorales. Pero no solo. Dos ayuntamientos dirigidos por alcaldes socialistas, Eibar (Miguel de los Toyos) y Zumarraga (Mikel Torres), se vieron obligados a colgar la enseña el año pasado. El primero tras la denuncia interpuesta por la Delegación; el segundo después de la sentencia judicial.

No todos los municipios agotan todas las instancias judiciales antes de dar su brazo a torcer. Un aspecto que delata las contradicciones en las que se mueven muchas de las instituciones gobernadas por Bildu, como denunció hace unos meses el presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar: "¿Dónde ha quedado aquello de Ikurriña bai, española ez, si ahora alcaldes de Bildu ponen la bandera española antes de que llegue la requisitoria del delegado del Gobierno español? Hay ayuntamientos que parecen la plaza de toros de Las Ventas", apuntaba el dirigente jeltzale. Con ello se refería a consistorios de Bildu como Mutriku, Ikaztegieta, Atarrabia o Mendaro, que pese a no haber agotado la vía judicial han optado por acatar la ley de banderas. Mientras que el alcalde de la localidad navarra, Peio Gasterena, decidía poner la enseña española "por imperativo legal", en Mendaro justificaban el acatamiento a fin de evitar gastos superfluos en abogados y procuradores, ya que todos los procesos terminan igual.

El consistorio de Mutriku, gobernado por Joseba Palenzuela, se vio obligado a publicar en la web municipal la impopular decisión: "En vista de que el no cumplimiento de la ley acarrearía daños irreversibles para los representantes municipales, el consistorio no ha tenido otra opción que la de cumplir la ley. En consecuencia, el ayuntamiento de Mutriku queda obligado a poner la bandera española".

No andaba muy desencaminado el equipo de gobierno de Bildu en el municipio guipuzcoano a la hora de identificar la amenaza que subyace en su negativa a "hacer frente a la imposición", como pedían no hace tanto al PNV. Y es que diferentes sentencias del Tribunal Supremo han establecido que el incumplimiento de esta ley es un delito de desobediencia y prevaricación, que podría llevar asociadas penas de inhabilitación especial para cargo público de hasta diez años y multas de hasta doce meses.

Las instituciones que han marcado el camino al resto de ayuntamientos de Bildu son la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia. En contra de lo que se pudiera suponer teniendo en cuenta la postura crítica esgrimida por Bildu tiempo atrás con el resto de partidos, una vez en el poder Martin Garitano y Juan Karlos Izagirre acataron el statu quo y no retiraron la rojigualda colocada en ambas instituciones. No solo eso. El pasado mes de octubre, Garitano ordenó retirar la placa que el anterior diputado general, el jeltzale Markel Olano, había colocado en el palacio foral para dar cuenta de que la rojigualda ondeaba a consecuencia de una "imposición" a Gipuzkoa y contraria a su "voluntad". Una orden del Tribunal Supremo obligaba a la retirada de la placa para que la bandera española ondeara "sin interferencias". Garitano, como en todos los demás casos, obedeció.

Sentencias recientes No hay punto final a la vista. Las delegaciones del Gobierno tanto en la CAV como en Nafarroa siguen hostigando a los municipios y los tribunales les dan la razón. La reciente remesa de sentencias en firme han llevado a Lekeitio, Sopuerta, Bergara, Eskoriatza, y Okondo (gobernadas por Bildu), Balmaseda, Ugao y Elorrio (PNV), Doneztebe (EA), y Lantz (agrupación electoral) han izado recientemente la rojigualda. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha condenado en las últimas semanas a Lesaka y Bera a colocar la enseña española. También hay excepciones, como las recientes sentencias de un juzgado de Donostia que desestiman las demandas de la delegación contra los consistorios de Alegia y Anoeta. Pero el auto no entra en el fondo de la cuestión y solo las desestima por un defecto procesal. Una victoria pírrica que seguramente será enmendada en el recurso.

Justificaciones Ante tales evidencia, los municipios de Bildu están tratando de enmascarar lo inevitable. Si la ley de banderas habla de colocar la enseña en un lugar "preferente", algunos alcaldes intentan que su acción desapercibida. La última maniobra es colocar la rojigualda mezclada con decenas de banderas de las nacionalidades de quienes están empadronados en el municipio en cuestión. Bildu lo ha hecho en Bergara -llegó a colocar 55 enseñas entre las que coló la española-, Lekeitio, Soraluze o Eskoriatza. Pero la Justicia empieza a pronunciarse ya en este asunto y ha ordenado a este último municipio a que coloque la rojigualda en "el lugar destacado, visible y de honor que le corresponde" con su "correspondiente mástil".

En vista de que no caben resquicios para esquivar la ley, los consistorios de la izquierda abertzale han ideado maneras de significar su frontal rechazo a la bandera española y a explicar a sus ciudadanos los motivos por los que acatan los requerimientos de la delegación del Gobierno español o las sentencias de los tribunales. Las manifestaciones contra la "imposición" están a la orden del día (Tolosa, Sopelana, Markina-Xemein), también la colocación cerca de la casa consistorial de una ikurriña de considerables dimensiones que deje bien a las claras la preferencia de sus habitantes (Agurain, Aiara) o mociones municipales de rechazo y bandos que apelen a que la ciudadanía cuelgue la ikurriña en sus balcones (caso de Mañaria, Villabona, Ikaztegieta u Ormaiztegi).

l "Cumplir la legalidad". El actual delegado del Gobierno en la CAV, Carlos Urquijo, ha denunciado a 103 municipios en solo año y tres meses, por las 57 denuncias interpuestas por el anterior delegado en casi cuatro años. En Nafarroa, se han llevado a los tribunales a 12 ayuntamientos esta legislatura.

l Sin solución de continuidad. No hay visos de que la arremetida vaya a finalizar. Mungia, Ondarroa u Ormaiztegi se verán obligados a colgar la enseña española en fechas próximas.

l Catalunya también. Aunque es bien conocida la acometida protagonizada por Carlos Urquijo o Carmen Alba, lo cierto es que estas medidas de coacción no se limitan a la CAV o Nafarroa. Catalunya pasa por su propia 'guerra de las banderas'. La delegada del Gobierno, María de los Llanos de Luna -que esta semana ha tenido su momento de gloria al alabar a los pijos- ha denunciado a 35 ayuntamientos catalanes por no izar la rojigualda, además de enviar innumerables requerimientos administrativos.