madrid. La Comisión de Economía aprobó ayer con los votos del PP la Ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas contra los desahucios, entre duras críticas de la oposición, que acusó a los populares de dar la espalda a lo que los ciudadanos están pidiendo en la calle. Sin embargo, el texto no incluye una de las demandas más importantes de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) donde se pedía la dación en pago retroactiva.
Pero las críticas de la oposición llegaron incluso antes de que se debatiera esta ley. En vez de elegir debatir la norma en el pleno del congreso se optó por hacerlo en la comisión de economía y no se permitió la entrada de enmiendas de la oposición. Al final el texto salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP.
Ahora deberá pasar por el Senado, que lo valorará en otra comisión en vez de en el pleno. Algo que es un mero trámite ya que el PP también cuenta con mayoría absoluta así que será aprobada. El hecho de que el texto sea aprobado en las comisiones hace que su entrada en vigor sea mucho más ágil y se prevé que esté ya en activo a principios de mayo.
UNA única MODIFICACIÓN El PP sólo admitió una enmienda en el debate de este texto que corresponde con el último borrador. La enmienda fue presentado por uno de los pocos aliados de los populares en el congreso, UPN, y es relativa al fondo social para alquiler.
En ella se estipula que en un plazo de 6 meses se debe evaluar ampliar el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse del fondo social de vivienda de la banca, que cuenta con casi 6.000 viviendas.
Todos los grupos de la oposición criticaron con dureza el texto elaborado por los populares al considerar que no resuelve el problema de los desalojos y que no incluye sus enmiendas.
Durante el debate de la Comisión, la portavoz de vivienda del PSOE, Leire Iglesias, señaló que la nueva ley supone un "cierre en falso" del problema de los desahucios y "finiquita" la esperanza que pusieron los ciudadanos en la iniciativa legislativa popular (ILP) donde se incluía la dación en pago.
Iglesias afirmó que la legislación hipotecaria es "tremendamente desequilibrada", advirtió de que esta ley representa "el fracaso de la política" y alertó de que en breve será superada por la realidad social.
La diputada de CiU Lourdes Ciuró criticó que la nueva ley solo recoge las enmiendas del PP, excepto en cuestiones "puntuales y anecdóticas", y no refleja la pluralidad de la Cámara. Ciuró apostó por una ley más ambiciosa que de una solución a todas las personas que han sufrido un desalojo y quienes pasan "penurias para seguir pagando" e insistió en que no se aborda las situaciones de sobre-endeudamiento familiar, una de sus principales reivindicaciones.
rechazo a la ilp Desde la Izquierda Plural Joan Coscubiela criticó que el grupo popular "vuelva a dar la espalda a la realidad", a una ILP apoyada por 1,5 millones de ciudadanos y auguró que la futura ley "muy pronto quedará desbordada por los tribunales" porque continúa negándose a incorporar una solución a la segunda oportunidad.
En el mismo sentido Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, volvió a pedir la ley de segunda oportunidad, una de las principales demandas de este partido, y cargó contra lo que calificó de "obcecación irracional" del PP y del Gobierno en no llegar a acuerdos en cuestiones en las que todos los grupos de la oposición coinciden.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu lamentó que sea imposible lograr un acuerdo entre todos los grupos para abordar el problema de los desahucios y coincidió en que la nueva norma será superada en poco tiempo por la justicia y la situación social.
Por el grupo mixto, la diputada Olaia Fernández (BNG) acusó al PP de hacer de "cinismo puro" y simular "una pose inicial" con la ILP para después "ignorarla" y opinó que el nuevo texto no supone ningún avance respecto a la situación que existía al comienzo de la tramitación de las leyes sobre desahucios a finales de 2012.