EL escrache -un término desconocido que esta semana suena incesantemente- se ha vuelto una estrategia de presión social que acorrala a miembros del Partido Popular. Mientras sus autores reivindican que es un método legítimo de protesta, para los perseguidos, los escraches son una forma inadmisible de violencia y de coacción sobre las autoridades. El diputado del PP, Esteban González Pons, que fue intimidado en su domicilio, ha llegado a afirmar que "se trata de una práctica delictiva, mafiosa, similar a la que utilizaban los nazis con los judíos". En este clima de tensión y consciente de que es un salto cualitativo en las protestas, la sociedad protagoniza una encendida polémica sobre si este tipo de acciones se mueven en la frontera del derecho de manifestación y libre expresión, o se trata de actos de acoso e intimidación dentro en la esfera privada de los cargos públicos.

El escrache, que consiste en denunciar a los culpables de una injusticia, señalándolos públicamente, ha llegado de la mano de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con acciones que trasladan sus demandas a los domicilios o lugares que frecuentan los parlamentarios. En concreto, los últimos movimientos de este tipo se han cometido con siete políticos del PP, para echarles en cara las situaciones derivadas de los desahucios. El pistoletazo de salida se dio el 11 de marzo frente al hotel Ritz de Madrid, en un desayuno informativo al que asistieron, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. Pero, además de González Pons, también ha sido objeto de una concentración a domicilio el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La diputada asturiana Carmen Maniega ha denunciado que le gritaron "asesina, criminal y sinvergüenza" por las calles de Oviedo. El pasado fin de semana, los activistas recorrieron los barrios del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de los diputados Jorge Moragas, María de los Ángeles Esteller y Antonio Gallego, animando a sus vecinos a "señalarles con el dedo" en caso de verlos por la calle.

Para los agitadores, el objetivo de los escraches es informar a los diputados de las "consecuencias dramáticas" que podría tener su rechazo a la iniciativa legislativa popular que han presentado en el Congreso en favor de la dación en pago. El problema es que, aunque subrayan que se trata de una campaña pacífica, los que han sufrido esta presión la consideran acoso y coacción.

"la libertad no es acoso" El diputado vasco, Leopoldo Barreda, es de la misma opinión. A su juicio, "quienes inducen este tipo de comportamientos ni son demócratas ni están al servicio de los que sufren los desahucios, que son terribles. Están instrumentalizando políticamente una situación, y haciéndolo además de una forma antidemocrática; incurriendo, en mi opinión, en un delito", asegura. Según Barreda, "supone un acoso y una coacción porque el objetivo es primero intimidar a los diputados del PP y luego, a sus familias. Quienes hacen eso deben responder ante la Justicia y nosotros vamos a llevar ante los tribunales a quienes protagonicen esos comportamientos", señala a DEIA.

"Es ilegítimo siempre, pero cuando llega a los domicilios sube un peldaño, aumenta su gravedad. Buscan un elemento afectivo en la intimidación y hay una invasión de la intimidad intolerable, llegando a la presión afectiva sobre la persona que debe tomar decisiones. No hay forma de justificar un comportamiento de este tipo. Existe libertad de expresión pero no existe derecho a acoso", resuelve Barreda.

Una versión radicalmente opuesta a la que ofrecen las personas que intervienen en estos señalamientos. Uno de los participantes en el escrache al domicilio de Alberto Ruiz Gallardón, declara que lo que más le impresionó, "además del escrupuloso cuidado en el desarrollo pacífico del mismo, fueron dos cosas; la primera, que la gente de los parques que nos veía pasar y le explicábamos dónde íbamos se nos unía y después, que los vecinos de la zona nos indicaron cuál era la casa". A su juicio, "los escraches tienen legitimidad porque hay un movimiento que les da sentido" y afirma que los continuarán llevando a cabo para sensibilizar a la opinión pública sobre el proceder de los representantes políticos en aquellas cuestiones que afectan a la ciudadanía.

Ada Colau, la cabeza más mediática de la plataforma anti desahucios, asegura sin rodeos que "perseguiremos día y noche a los responsables de este genocidio financiero". "El único acoso es el que practican las entidades financieras y el de las fuerzas del Estado que se ponen a su servicio", aseguró. Para Colau, las reacciones del Partido Popular al escrache son "un intento de desviar la atención del problema, es una campaña de criminalización en la que se hacen las víctimas. Solo hay que ver los vídeos para ver que son protestas respetuosas y pacíficas", subraya la portavoz.

a la defensiva Al tiempo que estas campañas han obligado al PP a ponerse a la defensiva, uno de sus representantes más beligerantes, González Pons, describe el amedrentamiento y asegura "que los activistas entraron dentro de su portal, subieron hasta el domicilio y estuvieron 45 minutos aporreando la puerta de la casa". Dentro no estaba el político, pero sí sus hijos.

Por su parte, el ministro de Justicia, reincidente a su pesar en este tipo de presiones, afirma que "la crítica, toda; la protesta, la que sea necesaria; pero una presión para que un parlamentario vote una cosa diferente de aquella que él piense en conciencia que debe votar, no es en absoluto lo que marca el ideal democrático de nuestro país", indica.

Mientras partidos de izquierda, como IU, han salido en defensa de los ciudadanos indignados, la líder de UPyD censura muy duramente estas prácticas. "La injusticia no se combate con más injusticia; y pocas cosas hay más injustas, más cobardes, más rastreras, que acosar a unos niños en su domicilio o en su centro escolar o de recreo", al tiempo que equipara estas acciones con la kale borroka.

El escrache se popularizó en Argentina gracias a los hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos de la dictadura, como estrategia de presión popular contra los indultos de Menem a los procesados por delitos de lesa humanidad cometidos con Videla. También en Chile, donde solo el 2% de los cómplices de la dictadura han sido juzgados, se practica el escrache para desenmascarar a los verdugos de Pinochet. Pero el escrache no es una protesta exclusiva de América Latina. También encontramos ejemplos en EE. UU. y Gran Bretaña. De la misma manera, las protestas no solo se han ejercido contra políticos o cargos institucionales, sino también con altos directivos empresariales. Así en 2011, centenares de trabajadores de Verizon se reunieron con velas frente a la mansión de uno de los directores ejecutivos de la empresa, en New Jersey, para reivindicar sus condiciones laborales.