Vitoria. Cuando se forma un gobierno, la oposición acostumbra a concederle un margen de cien días para que tome contacto con sus nuevas responsabilidades institucionales. En ese ínterin, el gabinete de turno suele poner en marcha gestiones menores, y se centra en apuntalar su acción futura. El lehendakari Iñigo Urkullu franqueará hoy esa barrera psicológica con la sensación de que los partidos no le han concedido ningún periodo de gracia. La gravedad de la crisis y una campaña en la que el PNV se comprometió a liderar un Ejecutivo de acción dispararon las expectativas de una asunción inmediata de decisiones, de tal modo que la oposición ha acusado a Lakua de falta de pulso a pesar de que haya presentado sus Presupuestos antes que el anterior gobierno, y aunque también haya puesto de largo un plan de empleo y otro de financiación para pymes.

El temporal económico ha propiciado que las primeras decisiones del Gobierno giren en torno a la gestión de la crisis, y que haya tenido que enfrentarse ya a las primeras protestas sociales. Urkullu ha pedido "realismo" y ha tratado de trasladar que, independientemente de quién gobernara, hubiera tenido que gestionar un Presupuesto con 1.132 millones menos. Las Cuentas presentadas el día 12 contemplan severos ajustes en infraestructuras, pero blindan las ayudas sociales y aplican recortes mínimos en Osakidetza (1%) y los programas de concertación educativa (1,7%), lo que no evitó que miles de personas protestaran el día 16 en Bilbao, y que la oposición amagara con una enmienda a la totalidad. Además, los cambios en la jornada de los funcionarios, aun siendo menores que los exigidos por Mariano Rajoy, caldearon los ánimos hasta tal punto que LAB ligó a ese decreto el suicidio de un trabajador público que iba a ser desahuciado.

Consciente de su minoría, el Ejecutivo ha huido de la confrontación, un proceder que podría procurarle aliados para aprobar sus Cuentas. En este sentido, ha podido reconducir su relación con PSE y PP prácticamente desde el primer minuto de la legislatura. Tras el traumático desalojo de Ibarretxe por el pacto constitucionalista, jeltzales y socialistas han enterrado el hacha de guerra para pactar cuestiones clave como la dirección general de EITB -también se comprometieron a renovar sin sobresaltos el Tribunal de Cuentas y el Ararteko-, o dar un impulso a la Ponencia de Paz.

Con el PP, con quien no llegaba a acuerdos de entidad desde el pacto presupuestario con José María Aznar, o desde las alianzas en el Ayuntamiento de Bilbao de los años noventa, el PNV ha pactado evitar la prórroga de las Cuentas en el consistorio de Vitoria y en la Diputación de Bizkaia.

El arranque Urkullu comenzó su andadura en el Gobierno con guiños sociales. En su discurso de investidura, apostó por trabar consensos para que "todas las personas gocen de la mayor justicia social posible", y el destino de su primera visita oficial fue Lantegi Batuak, que trabaja para la inserción de las personas discapacitadas de Bizkaia. Unos gestos que han sido traducidos en cifras en el proyecto de Presupuestos: el 73,9% de los fondos se centra en las políticas sociales.

Con el objetivo de minimizar el recorte en ese área, Lakua ha comenzado a elaborar un plan de ajuste del gasto administrativo, con el compromiso de eliminar, sin despidos, una de cada cuatro sociedades públicas o participadas, y de recortar en un 20% los altos cargos. Aunque el guión verá la luz en junio, la reducción se llevará a cabo paulatinamente en el transcurso de la legislatura. El Gobierno ya ha suprimido algunos altos cargos en Metro Bilbao o la Spri, y ha predicado con el ejemplo al rebajar el número de consejerías de diez a ocho y al configurar, así, el Ejecutivo vasco más reducido de la historia. Aun así, la escasez de recursos y la necesidad de blindar lo social han terminado limitando las medidas a favor del crecimiento. Por el momento, ha tratado de amortiguar el golpe con el plan de empleo -1.000 millones de euros públicos y privados para minimizar el paro-, y el de pymes.

Conflictividad laboral Sus primeras decisiones, de hecho, se centraron en la crisis o, concretamente, en tratar de preservar cierta paz social. Cuando no habían pasado diez días desde que jurara el cargo, el lehendakari trató de dar una solución a la supresión de la paga extra navideña del funcionariado. Llevó el debate al segundo Consejo de Gobierno, en el que redactó el anteproyecto para adelantar la extra de junio a enero y paliar así los efectos que pudiera ocasionar la pérdida de la paga navideña en el poder adquisitivo de los trabajadores.

La medida fue aprobada en el Parlamento el 28 de diciembre, durante el primer pleno de la nueva legislatura, y la paga comenzó a abonarse el 4 de enero. Sin embargo, el incremento de la jornada laboral en 22,5 horas anuales por decreto y tras haber encallado las negociaciones ha torcido la relación de Lakua con los trabajadores públicos, aunque haya habilitado medidas para facilitar la conciliación familiar.

Urkullu tampoco dejó correr el tiempo para proponer una solución al error en las nóminas denunciado por los ertzainas y cometido por el anterior Ejecutivo. La consejera de Seguridad tardó 24 horas en responder a la queja y pidió perdón. El PNV y la oposición coincidieron, además, en la necesidad de imprimir velocidad a la gestión de la crisis habilitando el Parlamento en enero. Poco después arrancarían las comparecencias de los consejeros en comisión, donde explicaron sus planes para los próximos años. Por su parte, y como colofón a una semana de intensa actividad presidida por la presentación de los planes de empleo y financiación, el lehendakari anunció el jueves la inminente puesta de largo de un programa de gobierno con 610 iniciativas.

Días antes había puesto sobre la mesa sus Presupuestos, cuando no habían pasado 90 jornadas desde que asumiera el poder. Acortó así el plazo que necesitó Patxi López -más de cinco meses-, el diputado general de Gipuzkoa Martín Garitano -cuatro meses-, y el presidente español Mariano Rajoy, que dejó pasar casi cien días a pesar de que las autoridades europeas y la sombra del rescate acecharan al Estado.

El adelgazamiento de la Administración no se aplicará de forma tan inmediata, si bien ha podido materializarse ya en la composición del Ejecutivo. Esa reducción se vio favorecida por la decisión del PNV de gobernar en solitario. Tras una ronda de contactos que le sirvió para descartar, por el momento, coaligarse con EH Bildu o PSE, Urkullu se zambulló en la confección de su equipo, en el que buscaba un doble perfil: por una parte, quería garantizar la competencia de sus consejeros para gestionar la crisis y, por otra, que contaran con habilidades comunicativas, una cualidad nada anecdótica dada su minoría. Los primeros días de ese equipo han sido avalados con un aprobado justo por los ciudadanos en el último Sociómetro.

nuevo tiempo sin eta Quien ha centrado más miradas ha sido la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, responsable de un departamento que experimentará más de un cambio por el cese de ETA. Tras haber apostado en campaña por dar un nuevo enfoque a Interior y por redirigir los efectivos de la Er-tzaintza hacia la seguridad ciudadana, el Gobierno ya ha podido materializar algunas propuestas. No solo ha modificado la denominación del área -de Interior a Seguridad- y ha colocado al frente a la primera mujer que gestiona esa cartera -si no se tiene en cuenta el breve mandato de Idoia Mendia tras la marcha de Rodolfo Ares-, sino que ha ultimado un esquema que permitirá destinar más agentes a las calles.

En virtud de ese organigrama, el Cuerpo pasa de contar con cinco divisiones a concentrarse en dos -seguridad ciudadana e investigación-, al tiempo que se habilita un servicio de inteligencia. Una organización que casaría con el objetivo de potenciar una Policía cercana y ducha en la prevención del delito. Pero el fin de ETA no solo posibilitaría liberar más agentes para esas tareas, sino que pondría de manifiesto el sobredimensionamiento de la Guardia Civil y la Policía española en la CAV.

Beltrán de Heredia pidió el repliegue al ministro Jorge Fernández Díaz amparándose en el Estatuto y el ahorro, ya que el mantenimiento de las fuerzas de seguridad estatales en el territorio supone 500 millones de euros al año. El popular no accedió, pero se mostró dispuesto a reconducir las invasiones competenciales en controles de carretera o investigación de delitos.

La consejera también ha tenido que lidiar con situaciones comprometedoras, como los incidentes registrados en Anoeta durante el partido de Euskal Selekzioa y Bolivia, en los que resultaron heridos 14 ertzainas. Parte de la oposición atribuyó el desenlace al supuesto buenismo de Lakua y a esa apuesta por readecuar la labor de los agentes al nuevo tiempo. Aunque los altercados supongan un borrón en el arranque del Gobierno, la celeridad con la que abordó el problema podría computar a su favor. Seguridad indagó lo sucedido y, si los hechos sucedían un 29 de diciembre, la decisión de activar una comisión de investigación se tomaba el 3 de enero. Con la misma presteza llegaban las conclusiones, el 8 de febrero. Los datos recabados ponían en evidencia a la Brigada de Refuerzo como fuente de descoordinación, y arrojaban varios errores -reconocidos por Lakua- en la puesta en marcha del operativo.

En cualquier caso, los recelos de la oposición ante el nuevo planteamiento dan fe de la disparidad de criterios a la hora de abordar el tiempo sin ETA. Prueba de ello sería el reciente enfrentamiento entre EH Bildu y PP en el Parlamento, que obligó a posponer la Ponencia de Paz; o el rechazo que ha suscitado entre los populares, UPyD y determinados colectivos de víctimas el nombramiento de Jonan Fernández como secretario de Paz y Convivencia, que provocó que la AVT rompiera con el Gobierno. En sus primeros cien días, el lehendakari no ha logrado conciliar las posturas de la izquierda abertzale y el PP, aunque se prevén avances y que la Ponencia pueda ver la luz la próxima semana.

Otro de los terrenos que ha tratado de cultivar es el de la interlocución con Madrid. Lakua se ha decantado por huir de las posturas maximalistas y, en lugar de pedir la retirada de los proyectos de Mariano Rajoy -un desenlace improbable dada la mayoría absoluta del PP-, ha potenciado el diálogo para tratar de introducir sus reivindicaciones. La tesis sería simple: no se consigue más por levantarse antes de la mesa negociadora, sino que la clave pasaría por dialogar hasta el final y, en el supuesto de que no sea aceptada ninguna petición, ya habría ocasión de plantear respuestas más contundentes.

Ese modelo lo ha seguido la consejera Cristina Uriarte ante el ministro de Educación José Ignacio Wert, y lo ha hecho también el lehendakari ante el presidente español para reclamar una solución al conflicto del Cupo. Aunque cuente con mayoría absoluta en el Congreso, al PP podría interesarle, en términos de imagen y para paliar su soledad, tender puentes con el PNV tras haber perdido su interlocución con CiU.

La estrategia, por el momento, va dando sus frutos: el 30 de enero, durante su cita en Moncloa, Rajoy se comprometió a convocar inmediatamente la Comisión Mixta para renovar el Cupo y dirimir sobre los 800 millones que adeudaría el Estado a la CAV, una discrepancia irresuelta durante años. A finales de febrero, el consejero Ricardo Gatzagaetxebarria y el ministro Cristóbal Montoro desatascaban la Comisión Técnica como paso previo para reunir a la Mixta. Lakua también ha arrancado el compromiso de convocar la Junta de Seguridad para discutir sobre las invasiones competenciales de los cuerpos policiales del Estado y, desde enero, ha resuelto sus discrepancias con Madrid en cinco normas sobre sanidad o educación, evitando así acudir a la justicia.

El riesgo de esa estrategia pasaría por que la oposición le acusara de tibieza, un fantasma que ha podido espantar recientemente el Gobierno Vasco anunciando un recurso contra los Presupuestos estatales de 2012 y 2013 por invasión competencial en áreas como la dependencia o la contratación de trabajadores públicos. Lo ha hecho tras constatar el fracaso de las conversaciones sobre esas reivindicaciones, lo que acreditaría que no va de farol cuando dice que, aunque defiende el diálogo, será contundente una vez agotada esa vía.

Acuerdos El lehendakari también ha buscado acuerdos con la oposición, concediéndole incluso algunas de sus demandas. Esos gestos podrían ser interpretados a partes iguales como una muestra de cintura, o como una prueba de su necesidad de apoyos por su minoría parlamentaria. Lo cierto es que siguió buscando el pacto con el PSE sobre la dirección general de EITB después de que vetara varias de sus propuestas anteriores, y propuso a un profesional de la casa con un perfil más técnico que político. Además, accedió a celebrar el pleno monográfico sobre fiscalidad que demandaba López para negociar los Presupuestos. Urkullu puntualizó que el PNV no se oponía a la reforma fiscal, sino a llevarla a cabo en órganos sin competencias.

La imagen más elocuente de la voluntad de acuerdo la ofreció la primera reunión del Consejo Vasco de Finanzas de su mandato. Tras haber criticado a López durante la pasada legislatura por cerrar reuniones con las diputaciones sin buscar consensos, Urkullu se aplicó en lograr una fotografía conjunta aunque para ello tuviera que renunciar al recálculo de ingresos para 2013, que hubiera engordado las Cuentas en 210 millones. Aparcó la fórmula ante el rechazo de la oposición, a pesar de que la Diputación de Bizkaia y el Gobierno sumaran la mayoría necesaria.

Sindicatos Urkullu ha tocado hueso en sus relaciones con EH Bildu -que podría encontrarse más cómoda en su rol de alternativa al PNV- y con ELA, que ha dado portazo al diálogo social y se ha posicionado a favor de la movilización. LAB también se ha mostrado crítica, aunque más abierta a acordar. Deberá tratar de atraerse a los sindicatos para poner en marcha sus planes, y también a los funcionarios. Entre ellos, a una Ertzaintza que ha subido el tono en los últimos días. Como señal positiva, puede quedarse con que los sindicatos han modulado su postura y se han abierto a usar las EPSV de los funcionarios para dotar de fondos al plan de pymes.