Barcelona. El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, facturó a través de empresa Aizoon, de la que es titular junto a la Infanta Cristina, trabajos de asesoramiento a varias firmas que tendría que haberlos declarado como persona física, con el fin de defraudar a Hacienda, aseguraban ayer fuentes judiciales. Así se desprende de las declaraciones que, como testigos, prestaron ayer en Barcelona ante el juez José Castro los responsables de las empresas mercantiles Mixta Africa, Aceros Bergara y Seelinger y Conde, que reconocieron haber contratado al Duque como asesor por su imagen.
Según valoró ante los periodistas la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, estas declaraciones han servido para acreditar que, al margen de sus actividades en el Instituto Nóos, Urdangarin también cometió delitos fiscales al declarar estos trabajos a través de Aizoon y no como IRPF tributando aproximadamente un 25% en vez de sobre el 40% que le correspondería.
Tres directivos de la firma Mixta Africa, del sector de la construcción, aseguraron que pagaban al Duque 6.000 euros al mes por sus trabajos de "asesor" y también le dieron una partida de 150.000 euros que Urdangarin utilizó para comprar el 0.09% de las acciones de la propia compañía. Fuentes judiciales explicaron que esta empresa (participada por fondos de inversión de Arabia Saudí) recibió un crédito de 20 millones de euros de bancos marroquíes poco después de contratar al yerno del Rey.
El representante de la empresa Aceros Bergara explicó por su parte ante el juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que contrató al Duque para que asesorara a la firma en materia financiera y sobre aspectos relacionados con la Bolsa, pese a no ser especialista en esta materia.
No cumplía Tanto los directivos de Aceros Bergara como los de Mixta Africa defendieron y respaldaron, sin embargo, los trabajos de asesoramiento de Urdangarin. Todo lo contrario que el representante de la empresa cazatalentos Seelinger y Conde S. A., que contrató al Duque como asesor pero dejó de contar con él porque no cumplió con sus expectativas, según explicó la firma.
También compareció como testigo la productora Yuri F. para explicar unas facturas de 1.000 euros por trabajos como traductora en 2005; los investigadores sospechaban que estaban infladas, pero finalmente han averiguado que fue un trabajo de cuatro días y no de uno, con lo que todos los datos estaban correctos.
