Vitoria. Los aires de renovación se han adueñado del Departamento de Seguridad tras la llegada del PNV al Gobierno Vasco. El final de la violencia de ETA ha provocado un golpe de timón, comandado por Estefanía Beltrán de Heredia, que persigue acercar la Ertzaintza al ciudadano, una vez han desaparecido los condicionantes propios de la actividad armada de la banda. Tal y como ha defendido la consejera desde su primera intervención en el Parlamento Vasco, el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deberían ser ajenos a esta adaptación, en el sentido de dar marcha atrás en el importante despliegue que llevaron a cabo en la CAV por la presencia de ETA. Cabe recordar que dicho despliegue -actualmente hay destinados 3.060 guardias civiles y 1.520 agentes de la Policía española- ha provocado que el País Vasco tenga el mayor ratio de policías por habitante de Europa, siete por cada mil.
Pero no se trata tan sólo de reducir el número de efectivos de las FSE. En esta reivindicación también pesa la disminución del gasto -su mantenimiento supera los 500 millones de euros anuales-, atender a la mayoritaria demanda social que aboga por su abandono del País Vasco y acabar con las duplicidades de funciones con la Ertzaintza. De hecho, la expansión que el Ejecutivo de Gasteiz busca para la Policía vasca, es decir, la asunción de sus competencias plenas como policía integral ahora que no existe la amenaza de ETA, tendría como consecuencia añadida dicho repliegue. Y es que, a juicio del Gabinete de Iñigo Urkullu, la actual cifra de 4.580 policías y guardias civiles resulta excesiva para las competencias que tienen asignadas.
Los responsables de la consejería de Seguridad defienden que el cumplimiento estricto del Estatuto de Gernika en su artículo 17 y del ordenamiento jurídico vigente propiciaría esta redistribución del peso de los distintos cuerpos policiales en la CAV en favor de la Ertzaintza. Sin embargo, parece que queda un largo camino por recorrer hasta lograr ese objetivo, toda vez que, al menos desde el final de la pasada legislatura, se ha detectado una progresiva apropiación por parte de la Guardia Civil y la Policía española de atribuciones que corresponden a la Ertzaintza. Una "invasión competencial", tal y como la definen desde el equipo de Estefanía Beltrán de Heredia.
Los sindicatos de la Policía vasca coinciden en denunciar esta pasada de frenada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y defienden adoptar medidas contundentes para situar a la Er-tzaintza en el lugar que le corresponde. El portavoz de ELA Tomás Rodríguez pone como ejemplo "los permanentes controles de carretera que llevan a cabo, cuando no tienen competencia para ello", así como "diversas investigaciones, no de uniforme, en las que también se produce una invasión".
Reclama por ello "el traspaso de la totalidad de competencias como policía integral", una posibilidad que, a su juicio, ahora mismo impiden "el Estado y la Junta de Seguridad" y que, de llegar a fructificar, "tendría como consecuencia la desaparición de las FSE de Euskadi". En declaraciones a DNA, Rodríguez agrega que "ya no sirve como excusa la falta de confianza que alegaban en su momento sobre el modo en que la Ertzaintza iba a responder ante ETA", e insistía en que "ELA aspira a lograr la totalidad de las competencias" para la Policía vasca.
Capacitados El secretario general del sindicato ESAN, Eneko Urkijo, es asimismo contundente al reclamar no solo el cumplimiento de las actuales competencias de la Er-tzaintza, sino "la transferencia total del control fronterizo, de los puertos..." que están dentro del ámbito de actuación de las FSE. Se muestra de acuerdo con el repliegue que reivindica el Departamento de Seguridad y recuerda que "siempre hemos pensado que no tenía ningún sentido su presencia en la CAV, y ahora, con la ausencia del terrorismo, con más razón".
Urkijo coincide en censurar extralimitaciones como los controles de carretera, que "no sabemos si los hacen solo en el ámbito antiterrorista o con otro fin, pero invaden la competencia de tráfico, que es exclusiva de la Ertzaintza". Respecto a la denuncia de Lakua sobre la falta de flujo de información desde las FSE hacia la Ertzaintza, opina que "desde el momento en que no nos dejan participar en Schengen -el acuerdo europeo de colaboración transfronteriza- nos están hurtando información, que es fundamental en el actual mundo globalizado. Nos están restringiendo totalmente".
En la misma línea, el miembro de la Junta Rectora de ErNE Jesús Uribe afirma que, "una vez que el problema terrorista parece estar en vías de solución, la Ertzaintza debe adaptarse a estos nuevos tiempos". Reivindica para ello "recuperar el modelo policial del 82, que por desgracia no se pudo desarrollar fundamentalmente por la violencia de ETA". A preguntas de este periódico, expresa además la exigencia de "hacernos con todas las competencias que establece el Estatuto", también aquellas que se atribuyen a Policía española y Guardia Civil. "Estamos capacitados para asumir todas las competencias, incluidas las que ahora mismo no nos corresponden", señala, aunque esta cuestión corresponderá a la "negociación política".
Uribe manifiesta a su vez el "enfado" de la central mayoritaria por la "invasión de competencias" de las FSE. "Nos están quitando el trabajo", dice, recordando el papel central que la Guardia Civil pretendía asumir en las dos etapas de la Vuelta que atravesaron el País Vasco el año pasado, así como diversas "acciones encaminadas a la resolución de delitos" en asuntos de Seguridad Ciudadana o incautación de drogas. El presidente de Euspel Txutxi Castelo abunda en esta idea y opina que las FSE "se guardan información y llevan a cabo operaciones que no les corresponden para anotarse puntos y justificar su permanencia" en la CAV.
Reunión Mientras, la negociación política a la que aludían desde ErNE ya está en marcha y el pasado miércoles se produjo en Madrid la primera reunión entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la consejera de Seguridad Estefanía Beltrán de Heredia. Tras dicho encuentro, el primero aseguró que "en ningún caso he hablado de repliegue. No nos lo estamos planteando, aunque sí toda la coordinación que sea necesaria".
Una aparente cerrazón que, a juicio de Tomás Rodríguez, de ELA, podría no ser tal. Así, opina que "sus palabras se pueden entender de dos maneras: o quieren seguir aquí o no dicen que vayan a abandonar Euskadi pero solo dejarán el personal necesario para cumplir las competencias que les corresponden". El siguiente capítulo en este toma y daca se producirá en la próxima reunión de la Junta de Seguridad, aún sin fecha establecida.