Vitoria. Está a punto de concluir un año crítico, tanto en lo social como en lo judicial, legislativo, político o en lo meramente económico, en relación a los procesos de desahucio. Ayer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio a conocer sus últimos datos, relativos al tercer trimestre del año, sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales; datos todavía anteriores a la reforma legislativa desencadenada en noviembre a raíz del clamor social y la protesta del sector judicial tras el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo. Y la estadística ofrece una de cal y otra de arena en Euskadi, donde los procesos de desalojo recibidos en los servicios comunes de los tribunales se han incrementado un 23,8% en los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo del año anterior -casi ocho puntos por encima de la media estatal y muy por encima del 14,16% del incremento alavés-, pero las ejecuciones hipotecarias -el procedimiento previo al desahucio- han caído un 8,2%, pese a que la media en el Estado ha subido un 18,3%.
La estadística del CGPJ todavía no recoge el impacto que haya podido tener la reforma que vía decreto aprobó el Gobierno y que abrió la posibilidad de una moratoria de dos años en los desalojos para familias en especial situación de vulnerabilidad, normativa que ahora se halla en trámite como proyecto de ley en el Congreso, para intentar recoger aportaciones del resto de grupos, aunque su tramitación está paralizada por ahora.
A la espera pues de esa lectura, los datos alaveses del tercer trimestre referidos a los "lanzamientos" resultan inquietantes: los procesos de desalojo registrados se incrementaron un 27,1% respecto al tramo julio-septiembre de 2011, 108 procedimientos abiertos que, al menos, suponen una notable disminución respecto a los dos primeros trimestres de 2012 -consolidan la tendencia a la baja iniciada este año-, pero que lastran sin lugar a dudas la estadística vasca en ese tramo del año (11,83%): en Bizkaia, estos procesos se incrementaron en el tercer trimestre un 9,2%, dato que cae hasta el 2,7% en el caso guipuzcoano. La comparación del dato acumulado de los nueve primeros meses de 2012 sobre 2011 rebaja el incremento alavés al 14,16%, 51 desalojos más.
2011 fue un año récord en lo que se refiere a este apartado en Álava, con 580 lanzamientos recibidos en los servicios comunes -hay que tener en cuenta que la estadística incluye todo tipo de bienes inmuebles objeto de impago, vivienda, finca rústica o urbana, y tanto en caso de hipoteca como de alquiler-; los 411 inscritos en los nueve primeros meses del año vaticinan que 2012 no será peor, pero sí que se mantendrá en la parte más alta de la tabla de estos cinco últimos años desde que se desencadenó la crisis. En este sentido, en el Estado se pulverizan también todas las marcas de la serie estadística: 49.702 desahucios que hacen temer que el cómputo final pueda superar de largo el fatídico cierre de 2011, teniendo en cuenta que las tablas reflejan que el tercer trimestre es el que presenta datos más bajos.
Mejor en ejecuciones En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, y en contraste con el apartado anterior, el territorio alavés se suma también al descenso registrado en Euskadi (-8,2%), en contraste con el incremento del 18,3% en el Estado. De hecho, la Comunidad Autónoma Vasca es al única que presenta un bajada en este epígrafe, en contraste con Navarra, por ejemplo, que lidera las subidas con un 33,8%. Los 29 procedimientos registrados en el tercer trimestre de 2012 elevan a 136 el total de los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 24,8% respecto al mismo periodo del año anterior, triplicando la caída media en Euskadi aunque casi punto y medio por debajo de la bajada registrada en Gipuzkoa. En cambio, en Bizkaia este tipo de procedimientos subió en los primeros nueve meses un 10,9%.
La evolución en estos nueve meses de las ejecuciones hipotecarias en territorio alavés (136) hace prever que este año no superará el peor de la serie estadística, 2009 (292).
