Vitoria. La Guardia Civil hirió de gravedad a Antxone Telleria hace 35 años. Su delito fue participar en un acto pro-aministía en una iglesia. Ayer sus heridas comenzaron a cicatrizar gracias al reconocimiento del Gobierno Vasco y por extensión de la propia sociedad que admite que aquello que le ocurrió a esta lekeitiarra "fue injusto y nunca debió suceder".

Al igual que Telleria, familiares de otras siete víctimas de vulneración de derechos humanos y abusos policiales recibieron ayer de manos de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, el reconocimiento que palía décadas de sufrimiento y silencio. Todas coincidieron en aplaudir el "comienzo de un camino" cuyas próximas etapas serán la incorporación de nuevos damnificados en el listado de sucesos acaecidos entre 1960 y 1978, fechas que acotan el decreto aprobado por el Gabinete López. Y más adelante llegará el turno de las víctimas que desde la Transición hasta nuestros días han padecido abusos policiales, una tarea que recaerá sobre el próximo Ejecutivo autonómico.

"Es el principio de algo que tenía que venir, un paso adelante", acertó a explicar con emoción Telleria después del breve acto que tuvo lugar en las dependencias de Lakua.

Ella fue la única de las víctimas reconocidas que pudo recoger la distinción en persona. El resto estuvo presente en el recuerdo de sus familiares, como la madres y el hermano de Juan Paredes, Txiki, el activista que junto a Angel Otaegi fueron fusilados por orden de Francisco Franco cuando el régimen dictatorial languidecía.

Mikel Paredes destacó que el trabajo más complicado era "empezar" una carrera que deberá desembocar en el reconocimiento de otros muchos casos, lo que, a su juicio, contribuirá, a consolidar la convivencia en la nueva etapa iniciada con el cese de la actividad de ETA. "En España no entienden que aquí podamos arreglarnos, pero estamos hablando y lo estamos consiguiendo", señaló.

Así, Paredes confía en que dentro de un tiempo pueda explicar el caso de su hermano "con normalidad fuera de Euskadi y que la gente entienda lo que pasó".

"poder contarlo" El padre de Inés Núñez de La Parte, Francisco Javier, falleció en 1977 a consecuencia de las hemorragias producidas por la ingesta forzada de alcohol y aceite de ricino. Inés daba gracias ayer por "poder contar" lo que le había sucedido a su progenitor y acabar con el silencio en el que toda su familia se ha visto inmersa en estas décadas.

El reconocimiento debe demostrar, a su juicio, que no se trata de "una cuestión política, sino de justicia" en la que "todos los partidos" acabarán reconociendo la condición de estas víctimas y de las que incluirá el segundo decreto que analizará casos a partir de 1978. El objetivo de estas familias es que se logre "equiparar estas víctimas con todas las víctimas del terror", señaló Núñez ante la consejera de Justicia.

Mendia, quien estuvo acompañada en el acto por la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y el adjunto a Dirección de Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo, como principales representantes institucionales, destacó que reconocer a estas víctimas "cierra el círculo de la memoria en este país", ya que aunque el "origen del sufrimiento sea diferente", al final "el sufrimiento de todas las personas es el mismo".

Al reconocimiento se sumarán indemnizaciones que oscilan entre los 35.000 y 95.000 euros para los heridos y de 135.000 euros para las familias de los fallecidos.