MADRID. La empresa exportadora, una sociedad domiciliada en Durango, realizaba el envío de maquinaría prohibido por la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul. El destino final del material era el programa de proliferación nuclear de la república iraní.
La operación, bautizada como Kakum, tuvo una primera fase a primeros de año cuando la Agencia Tributaria detectó actividades sospechosas por parte de una empresa de Durango, de la que no se ha facilitado el nombre.
Las autoridades competentes habían denegado a la empresa en septiembre de 2009 la licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.
Según la Agencia Tributaria, para solventar la denegación de la autorización diseñaron, en connivencia con una empresa iraní, una estrategia para eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la maquinaria a Irán.
Para ello, utilizaron una empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en Turquía con fines meramente instrumentales.
De esta forma, la empresa de Durango informaba a la aduana española de que el destino de la maquinaría era Estambul, en lugar de Irán.
"Sin embargo, la realidad era otra, dado que la mercancía, una vez llegaba a Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino", según la Agencia Tributaria.
El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la segunda fase de la operación Kakum en la que, con autorización judicial, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y expertos informáticos registraron las instalaciones de la empresa.
En la operación se intervino abundante documentación y material informático, que es estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.
La trama implicada ha vulnerado las leyes sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la normativa comunitaria en la materia.
También habría vulnerado los compromisos internacionales adquiridos por España para el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de la política exterior del Estado.
Según la Agencia Tributaria, la empresa ha incumplido asimismo la normativa contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o tecnologías impedir el suministro de sistemas de armas y de productos susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.
