VITORIA. Dos meses y medio después de quitar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles el Gobierno Rajoy se ha propuesto convertirse en una inmobiliaria con ofertas incluidas. Justo coincidiendo con la puesta en marcha del banco malo el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, anunció ayer que regalará el permiso de residencia en España a todos aquellos inmigrantes que compren un piso por valor de más de 160.000 euros.

"En unas semanas se va a poner en marcha una reforma del Decreto de extranjería para conceder permisos de residencia a extranjeros que adquieran una vivienda en España a partir de un determinado nivel de precio", indicó García-Legaz en su intervención en un foro económico. El secretario de Estado apuntó a los 160.000 euros como el límite de precio de los pisos que se fijaría en esta medida, un importe que estima "equilibrado". "No se puede poner un límite de precio más bajo, porque generaría una demanda masiva de permisos de residencia y la vivienda sería la excusa para conseguirlos", apuntó al respecto. En cuanto a los destinatarios, Gargía-Legaz destacó que la medida se dirige sobre todo a mercados como el ruso o el chino, donde ya se detecta "una demanda importante de vivienda en España".

Quizá asustado por la oleada de críticas e incredulidad por semejante oferta, el propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, matizó que la propuesta no está todavía adoptada pero se justificó diciendo que "necesitamos vender esas viviendas y que el sector pueda salir adelante. No para construir 900.000 viviendas al año, pero es importante porque da trabajo a mucha gente".

Una propuesta que no ha gustado nada entre los propios inmigrantes que la ven como "una burla a miles personas que durante años han trabajado y que ahora se tienen que marchar porque no pueden pagar el piso en el que viven". "Es una tomadura de pelo por parte del Gobierno, pues, con esta iniciativa sólo incluye a colectivos como el chino y el ruso que tienen un poder adquisitivo superior al resto de inmigrantes que ahora se encuentran en España", criticó el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España, Gilberto Torres. Para SOS Racismo resulta "chocante que se relacione la posibilidad de compra de un inmueble con el otorgamiento de un permiso de residencia, sin atender a otras cuestiones como pudieran ser posibles estrategias de blanqueo de dinero o abuso de posición en un tema tan sensible para la población en general como es el de la vivienda".

Una medida que tampoco encuentra cobijo en el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, para quien cabría hablar de "arbitrariedad", "amiguismo" o "corporativismo". "Lo que tenemos que plantearnos es que la solución tiene que venir de la mano de leyes generales que resuelvan problemas generales, no de parches", advirtió.

Los partidos de la oposición y los sindicatos fueron mucho más duros. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, señaló que la propuesta no parece "ni siquiera verosímil" y añadió también que parece "poco elaborado", porque no se sabe qué nacionalidades o si la cantidad que se propone para la compraventa es cerrada o no. En cualquier caso, dejó claro que para fomentar la compra de viviendas por parte de extranjeros "hay fórmulas bastante más rigurosas que esa". Mucho más duros fueron desde UGT, que acusó al Gobierno de pretender "canjear" autorizaciones de residencia, y asegura que esta propuesta refleja que el Ejecutivo entiende la migración "desde un punto de vista utilitarista y económico". En un comunicado, el sindicato liderado por Cándido Méndez asegura que esta medida que baraja el Gobierno es "descabellada, injusta e impresentable" y es un nuevo "regalo" que el Gobierno le hace a la banca para que den salida a sus viviendas. "Difícilmente se puede modificar el reglamento de la Ley de Extranjería para incluir este requisito sin contravenir sus procedimientos, requisitos y principios".