MADRID. Flores ha dicho que la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, dependiente del consistorio madrileño, fue la encargada de contratar a la empresa que se hizo cargo de la seguridad de la macrofiesta, mientras que la Policía no hizo nada para evitar el botellón de miles de jóvenes que luego entraron en avalancha al pabellón, momento en el que se desencadenó el suceso.
Tras su declaración judicial, que ha durado más de tres horas, el titular del Juzgado de Instrucción número 51, Eduardo López Palop, que investiga los hechos, ha rechazado el ingreso en prisión del empresario y le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.
El letrado de la familia de Katia Esteban, una de las chicas fallecidas en la avalancha humana, había solicitado para Flores prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, mientras que el colectivo Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, ha pedido prisión provisional para el empresario.
El juez no ha imputado todavía unos delitos concretos al empresario, pero sí la Fiscalía: cuatro homicidios imprudentes y un delito de lesiones graves e imprudentes por la muerte de cuatro jóvenes y una chica que se encuentra aún hospitalizada en estado grave.
Durante su declaración ante el juez, según el letrado de la acusación particular Gerardo Viadas, Flores ha responsabilizado "absolutamente" de la tragedia a Madrid Espacios y Congresos, empresa del Ayuntamiento de la capital propietaria del recinto, y ha señalado que la seguridad no le correspondía a él, sino a Seguriber, que estaba contratada por esa empresa municipal.
Además, ha dicho que la Policía Municipal "no hizo nada" para evitar un "botellón" de unas 4.000 personas en los alrededores del recinto, junto al Metro de Lago, durante más de cuatro horas, a partir de las 23:00 horas.
Flores ha sostenido ante el juez que, a través de Internet, Fnac y Carrefour, se vendieron 9.650 entradas, y que puede que hubiera alguna duplicidad en la venta de tickets.
Los problemas surgieron a partir de las 03:00 de la madrugada por la entrada "en masa" a la pista central del Madrid Arena de 3.000 ó 4.000 personas que estaban en el "botellón", que "esta vez fue escandaloso", ha dicho el empresario ante el juez, tal como ha relatado el abogado.
Para el representante legal de la familia de la fallecida, sobre las 04:00 de la madrugada pudo haber cerca de 15.000 personas.
El empresario ha insistido en que registrar los bolsos de los asistentes no era su competencia, a lo que el juez ha apuntado que igual que algunos participantes introdujeron bengalas podrían haber entrado con "ametralladoras", ha explicado Viada.
Ha relatado que la caja que Diviertt hizo en la barra de la fiesta fue "escasa" y solo alcanzó los 40.000 euros, cuando lo habitual son 100.000, "porque la gente ya venía bebida y con botellas propias".
El empresario ha manifestado que estuvo toda la noche en la fiesta y que no oyó ningún petardo porque desde el momento en que se produjo la avalancha acudió a la enfermería a ayudar a las personas accidentadas hasta que fue a declarar a Comisaría a las 09:00 de la mañana.
Flores ha aportado al juez documentación relativa al suceso, al aforo, a las entradas y a comunicados entre Diviertt y Madrid Espacios y Congresos.
El empresario llegó y se marchó de los juzgados de Plaza de Castilla por la puerta situada en la calle Capitán Haya, para eludir a la mayoría de los medios de comunicación, que se encontraban en el acceso principal.
En el interior de los juzgados, ha sido visto con un gesto apesadumbrado, acompañado por su abogado, Jorge Morales.
Tras la declaración, el abogado del colectivo Manos Limpias, Antonio Alberca, ha relatado que el gerente de Diviertt ya había advertido hace dos años al Ayuntamiento de Madrid de que no podía controlar la entrada en ese recinto, con el tipo de accesos existentes.
Flores ha aportado dos correos electrónicos intercambiados entre su empresa y el Ayuntamiento de Madrid: uno que asegura que es el original y otro que el Consistorio habría "falseado" para responsabilizarle del dispositivo de seguridad.
Por su parte, el letrado Óskar Zein, que representa a la empresa Kontrol 34, encargada de controlar los accesos y el interior del pabellón, ha recordado que, según el contrato firmado por Diviertt y Madrid Espacios y Congresos, la seguridad correspondía a Seguriber y no al organizador del evento.
El juez tomará mañana declaración al responsable legal de Kontrol 34, mientras que el viernes se hará un recuento de las entradas en la Policía judicial en el marco de la investigación.
