Vitoria. La situación que atraviesa la Policía Local de la capital alavesa tiene una virtud: no deja indiferente a quien la conoce. Bajo tal perspectiva, un breve repaso a los postulados del documento en el que se describe la propuesta del actual equipo de gobierno municipal para conformar un nuevo modelo policial para el cuerpo resulta sorprendente. No en vano, el informe, que desgrana desde el pasado miércoles este diario en exclusiva, desvela el estado "deplorable y dramático" de parte del equipamiento con el que tienen que trabajar a diario los agentes. Además, estos desarrollan su trabajo maniatados por la frustración que imponen las actuales estructuras del cuerpo. Al menos, así lo atestigua el marco teórico que ha de guiar la revolución en las formas y maneras de trabajar del servicio.
Es más, en la redacción del Documento base para la definición del modelo de Policía Local en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, texto suscrito el pasado 27 de agosto por el ya exdirector general del Departamento de Seguridad Ciudadana, Javier Sáez Lanas, se define al cuerpo policial con inusitada proliferación de adjetivos. Estos plantean una situación difícil de abordar por las taras acumuladas con el paso del tiempo y con la sucesión de gobernantes que poco o nada han hecho para ponerles coto.
Al respecto, la literalidad del informe que desvela este rotativo señala que "el cuerpo sólo puede encuadrarse en un modelo de policía tradicional de corte reactivo, cuyos cambios en materia de innovación han sido producto históricamente, más de objetivos forzados por la oportunidad política, que de un esfuerzo de planificación estructural. Esta evolución caracterizada por acciones puntuales de carácter experimental ha devenido, finalmente, en distintas formas de fracaso o abandono, precisamente por su escasa o nula integración en el conjunto organizacional".
Todo ello, en la práctica, genera trastornos en un cuerpo que el informe que manejan desde hace semanas en el Departamento de Seguridad Ciudadana y en el mando del cuerpo describe dentro de un ámbito en la que abundan déficits y carencias. Entre ellas, la del número de efectivos -ya que no se llega a la recomendación de agentes que hace la Unión Europea-, la de estabilidad en la estructura del mando -con un 37% de los puestos jerárquicos adjudicados en comisión de servicios-, la de liderazgo efectivo y la de una cultura de trabajo en equipo de carácter trasversal, cuestión ésta que propiciaría, según el documento, la infrautilización de los recursos humanos disponibles.
Sobre el particular, los 407 efectivos del cuerpo requerirían, según los postulados del marco teórico aportado por Sáez Lanas, una fuerte inversión en personal. De hecho, se necesitarían 80 nuevos policías para llegar al ratio que recomienda la UE, que es de 2 agentes por cada mil policías -en la actualidad, dicho registro, en la capital alavesa, se queda en 1,67-. Sin embargo, la realidad manda y tal circunstancia se antoja imposible en la actualidad. "La situación económica es un déficit difícil de resolver", explica el documento desvelado a lo largo de la presente semana en estas páginas.
Abuso comisión de servicios Pero, teniendo en cuenta los baremos del informe de marras, no es el único problema que han de afrontar los gestores políticos de la Guardia Urbana (el Gabinete liderado por el popular Javier Maroto, que gobierna el Ayuntamiento gracias a la minoría más numerosa en el Pleno de la institución local). De hecho, la descripción pormenorizada que se hace de las estructuras y formas de trabajar del cuerpo refleja un mal endémico. Éste consistiría en la existencia de hasta 28 puestos ocupados por policías en comisión de servicio por efectivos que no se corresponden con el rango y que accederían a ellos como cargo de confianza del comisario jefe de turno o de los gestores del servicio.
Al respecto, en la actualidad se encontrarían en esta situación el comisario jefe -cuyo nombramiento, no hay que olvidarlo, está judicializado-, uno de los subcomisarios, tres oficiales, ocho suboficiales y un total 15 agentes primeros. Todo ello, precisamente, "impide el liderazgo efectivo en todos los niveles, especialmente, en el rango superior, con el consiguiente deterioro en la operativa de las unidades de trabajo, la pérdida de dirección efectiva para los agentes, un deterioro del clima laboral y de confianza en la organización", recoge el documento que ha de guiar la transformación del cuerpo de municipales.
Al respecto, fuentes policiales consultadas señalan este problema -el de la ausencia de concursos de méritos y la asunción de plazas a través del mérito o de oposiciones internas- como uno de los principales, al menos, desde el punto de vista de la estabilidad. "El poder nombrar en un cargo a quien te cae bien o a quien no da guerra o al que es mi amigo es un caramelo", explica un agente que prefiere mantener el anonimato.
inestabilidad jerárquica Ahondando en la materia, el documento reconoce dicho déficit en la estructura del mando, que afectaría al 37% de los puestos jerárquicos, y que se hallaría "desde hace años anclada en la fórmula viciada de la comisión de servicios" y que estaría sometida "a una intensa rotación de ocupantes". Toda una declaración de intenciones que no oculta, por ejemplo, que el actual Ejecutivo ha apostado por la fórmula de la comisión de servicios para el actual puesto de comisario jefe. Tal circunstancia supuso la presentación de una demanda judicial por parte de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi (Ajeple), que logró una sentencia favorable a sus postulados y que ahora, el Gobierno local del Partido Popular ha decidido recurrir. Ésta consideraba que tal designación no se ajustaba a derecho.
La sentencia quedó vista para sentencia en primera instancia hace unos meses en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital alavesa, que tuvo que estimar el nombramiento del comisario jefe de la Policía Local, José Carlos García Marcos. El caso es que a juicio de la portavocía de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi, tal circunstancia no concordaba con los procesos legales en vigor para tales circunstancias. En ese sentido, la citada organización reclamó ante el magistrado que se declarara la nulidad o que se revocase el Decreto de Alcaldía de 21 de junio de 2011 del Ayuntamiento de Vitoria. En aquella orden se asignó en comisión de servicios al actual comisario jefe el desempeño de las funciones del puesto. Ajeple creía que la designación del nuevo responsable policial debía responder a un proceso de concurso tal y como determina la Relación de Puestos de Trabajo.
Sea como fuere, todas las circunstancia aquí relatadas se suman a otras en la que el documento de marras afea el estilo de control vertical en la metodología de trabajo, la escasa o nula elaboración de "productos técnicos", la ausencia "acentuada" y "rara vez institucionalizada" de las relaciones con la comunidad o el hecho de que los mandos adopten únicamente "un rol técnico ficticio", que se ejecutaría sólo en formato de órdenes de servicio.
Es decir, "los mandos se ven obligados a compartir sus funciones gestoras con la producción técnica, que queda relegada a cuestiones urgentes, con resultados, por regla general, muy pobres", sentencia el informe al que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
