Madrid. El Gobierno y el PSOE volvieron a sentarse ayer por tercer día consecutivo -la reunión continuaba al cierre de esta edición- para intentar consensuar un decreto que hoy verá la luz en el Consejo de Ministros. Un acuerdo que el pasado fin de semana todos daban por hecho y que, según han ido pasado los días, se ha ido torciendo cada vez más.

En la reunión de ayer, los socialistas y el Gobierno del PP pactaron ampliar el número de beneficiarios de los mecanismos de renegociación de hipotecas para evitar los desahucios a aquellas familias que no superen en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir 19.000 euros anuales. Sin embargo, los socialistas rechazan otros de los requisitos que el Gobierno de Rajoy quiere imponer a estas familias porque dificultarían bastante el acceso a esa posibilidad. También se mantienen diferencias sustanciales en cuanto a los beneficiarios de la moratoria y al alcance de la reforma de la legislación hipotecaria.

Los socialistas quieren que el Gobierno se comprometa a modificar varias de las leyes actuales, algo a lo que el Ejecutivo de Rajoy de momento es reticente. Presionado por los bancos y también por el ambiente político en Bruselas, Moncloa está preocupado por la posibilidad de que una reforma profunda perjudique a los bancos, precisamente ahora que están a punto de recibir 40.000 millones de euros de dinero europeo, y teme lanzar la imagen de que no volverá a haber desahucios. Y, según admiten todas las partes, nada más lejos de la realidad.

Otra de las discrepancias está en el valor de tasación de las viviendas afectadas. El Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Luis de Guindos en marzo incluía en estas medidas paliativas a las casas con una tasación máxima de 200.000 euros para las grandes ciudades. Sin embargo, ambas partes admiten que es escasa y es necesario revisarla. La propuesta del PSOE es elevarla hasta los 350.000 euros.

El Gobierno y el PSOE también están de acuerdo en que la negociación entre el deudor y la entidad financiera se convierta, por norma o de facto, en obligatoria. Y este es otro de los asuntos que deben precisar, ya que aún no está cerrado en qué momento se debe empezar esa negociación y tampoco está definido cómo operarían los intereses de demora en ese caso. Los socialistas han propuesto que preferiblemente sea antes de iniciar el proceso para la ejecución hipotecaria y que mientras dure la negociación no se acumulen éstos intereses, que pueden llegar al 20%.

Precisamente este, el elevado coste de la mora es uno de los asuntos a los que los socialistas quieren dar una solución. Para ello sería necesaria la modificación de la Ley Hipotecaria. Algo, dicen las fuentes consultadas, a lo que el Ejecutivo aún no se ha comprometido, aunque tienen la esperanza de que, si se tramita el decreto como proyecto de Ley, se pueda incluir la modificación de algún aspecto de la legislación que afecta a las hipotecas.

Plazos Otra de las cuestiones planteadas es el plazo para el que se aplica la medida. El Código de Buenas Prácticas establece que los deudores que cumplan los requisitos establecidos puedan quedarse dos años en la vivienda. El Ejecutivo de Rajoy ha tomado ese periodo de dos años para llevarlo al decreto que apruebe hoy, pero el PSOE quiere que pueda ser de menos tiempo si se reforma la legislación hipotecaria y la medida se amplía a más personas que las propuestas hasta ahora por el Ejecutivo de Rajoy.

De hecho, no se atreven a dar una cifra exacta de cuántas personas podrían verse beneficiadas con esta medida porque de las cifras de desahucios que se han dado hasta la fecha, las cifras más verosímiles hablan de unos 370.000 casos, se incluyen muchas segundas y terceras viviendas, locales comerciales, solares y terrenos.