MADRID. Podrán acogerse a la suspensión de una ejecución hipotecaria los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
Así, la medida beneficiará a familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.
También podrán beneficiarse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
Adicionalmente, será necesario tener una renta inferior a tres veces el IPREM -1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales- o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas.
Se entenderá por esto último cuando el peso de la cuota hipotecaria sobre los ingresos aumente en un 50 % en los últimos cuatro años, o que la cuota hipotecaria supere el 50 por ciento de los ingresos netos. En todos los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la bolsa de pisos para alquilar del nuevo fondo social se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.
ALQUILERES CON PRECIOS BAJOS La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha señalado que los alquileres del fondo tendrán "precios bajos" y aseguró que en el futuro habrá más medidas para paliar los desahucios.
Lo aprobado hoy es una "respuestas urgente y paliativa" a la "dura" situación económica, una "primera fase", dijo Saénz de Santamaría, quien avanzó que este decreto se tramitará en las Cortes con un proceso de diálogo en el Ejecutivo esperan aportaciones "de todos los grupos, especialmente PSOE".
El Gobierno y el PSOE se han reunido todos los días esta semana para intentar alcanzar un acuerdo sobre las reformas legales de la legislación que afecta a los desahucios, lo que no ha sido posible.
Se deja para la negociación parlamentaria, la modificación de los intereses de demora que cobra la banca, medidas para garantizar la independencia de las tasadoras respecto a los bancos, limitar el valor de la vivienda que se adquiere para evitar el sobreendeudamiento e iniciativas para evitar las cláusulas abusivas en las hipotecas.
