Partidos y sindicatos responderán por sus decisiones penalmente, dice el Gobierno

Gallardón hizo este anuncio en respuesta a una interpelación de la portavoz de UPyD, Rosa Díez, en la que explicó que "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual que el resto de personas jurídicas". La aplicación práctica de este anuncio implicaría que la Justicia podría perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.

Por otra parte, el ministro rechazó la petición de Díez de impedir a personas imputadas estar en listas electorales, si bien se mostró dispuesto a estudiar, también en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, un mecanismo "ulterior" para establecer esa prohibición. En el debate, Alberto Ruiz Gallardón explicó que lo que hace la condición de imputado es dar "garantías procesales" a quien se le aplica, pero no debe ser un "prejuicio de culpabilidad". El ministro recordó que las querellas que se tramitan por el procedimiento abreviado, el juez siempre cita a declarar como imputados a los querellados para que puedan acudir asistidos por un letrado, lo que no significa después que acaben siendo condenados. Una opción sería, según explicó, la apertura de juicio oral, que supondría que "ya hay un indicio racional de criminalidad y por tanto debería impedir a esa persona concurrir a unos comicios". De todas maneras la condición que finalmente se decida servirá no sólo para impedir estar en una lista electoral sino también para cesar a un cargo público si ése es el caso. No obstante Gallardón lamentó que actualmente la imputación se ha convertido en "una condena social, en una precondena", y en el caso de cargos públicos se produce lo que se conoce como "condena de telediario", y eso es algo que hay que cambiar en la reforma. Por eso insistió en que no se puede impedir el derecho de representación de un imputado, porque supondría dejar "en manos de particulares" dicho derecho, y permitir que se utilizase de forma "torticera". "No puede ser que vivamos en un país en el que el reconocimiento de las garantías procesales sea una condena previa, hasta el punto de que se pida privar de derechos si no ha habido pena", añadió el ministro.