Madrid. El Gobierno se comprometió ayer a elaborar antes del 30 de junio una propuesta de "reforma integral" de las administraciones públicas, de manera que "se simplifique y adelgace su estructura, estudiando el coste de todos los servicios para evitar duplicidades, que las administraciones se solapen y existan organismos como las embajadas autonómicas", según explicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "A lo mejor hay que empezar a eliminar mucha cosa superflua", resumió la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para referirse a lo que se presenta como un proceso recentralizador en el conjunto del Estado. El objetivo del estudio es realizar una auditoría "de abajo arriba", un camino en el que se buscará "el consenso con los partidos políticos y el resto de los niveles de la administración, el autonómico y el local".
A ello se dedicará la comisión creada ayer por acuerdo del Consejo de Ministros, cuyo trabajo implicará a todos los departamentos del Gobierno. "Vamos a analizar y proponer cambios de estructuras, competencias y procedimientos, vamos a organizarnos mejor para ser mejores", dijo Sáenz de Santamaría. La portavoz subrayó que se busca "una auditoría completa a las estructuras administrativas", un "trabajo de bolillos" para dibujar "un mapa de todo lo que hay, que no se ha hecho nunca y ha llegado el momento ineludible de hacer". Añadió que "se trata de hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien, pero que es insostenible en tiempos de crisis".
embajadas Sáenz de Santamaría ejemplificó el objetivo del Gobierno cargando contra las embajadas autonómicas en el extranjero, en especial las de Cataluña. "Es uno de los puntos que en el informe se abordará", dijo, para defender que "probablemente" lo más eficiente sean embajadas españolas "bien dotadas".
Al hilo de este asunto, la vicepresidenta aseguró que el trabajo de la comisión va a ser también un ejercicio de transparencia: "dónde gasta cada cuál y cómo". "Aquí vamos a salir retratados muchos, lo que nos están costando determinadas estructuras. Vamos a saber el coste de determinadas decisiones. La transparencia permite valorar por qué determinadas administraciones no suprimen determinadas cosas y hacen otros ajustes. Eso también va en la responsabilidad".
mandato Sáenz de Santamaría recalcó en su intervención que este trabajo es un mandato de la Conferencia de Presidentes, en la que se acordó por unanimidad estudiar cómo hacer más eficientes las administraciones. Por ello, confía en que "todos también intenten acordar los instrumentos para ello. La voluntad de diálogo hay que ponerla en valor", insistía.
Frente a probables faltad de colaboración, la vicepresidenta del Gobierno advirtió de que con la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, "Hacienda cuenta con un conocimiento profundo y detallado de la situación de todas las administraciones, del destino del dinero que gastan y de cómo lo gastan, porque deben cumplir el objetivo de déficit". Según Sáenz de Santamaría, el trabajo que ahora se realiza también dará a este ministerio información de dónde "generar más ahorro" para llegar a ese objetivo y devolver los créditos, tanto del Fondo de Liquidez como del Plan de pago a proveedores.
La portavoz resumió la justificación de este estudio en la necesidad de que "varias administraciones no hagan lo mismo".
