Nuevo varapalo de la Corte de Estrasburgo a la justicia española. El Tribunal de Derechos Humanos dejó ayer de nuevo en evidencia a la Audiencia Nacional al condenar al Estado a indemnizar con 24.000 euros al exdirector de Egunkaria y actual responsable de Berria, Martxelo Otamendi, por no investigar de forma "profunda y efectiva" las denuncias de torturas presentadas por el periodista contra agentes de la Guardia Civil. Según el tribunal, España vulneró el artículo 3 del convenio europeo de derechos humanos que prohíbe el trato inhumano y degradante.

El propio Otamendi valoró ayer que se ha hecho "justicia, porque Estrasburgo, de una manera muy elegante, está diciendo entre líneas que torturaron" a los directivos de Egunkaria. En una rueda de prensa celebrada en Andoain junto a su abogado Iñigo Iruin y los exdirectivos del diario clausurado Juan Mari Torrealdai e Iñaki Uria, aseguró que es un día para ser celebrado "desde el punto de vista de los derechos humanos, porque esta sentencia le da un marco más estrecho de actuación al Estado español y a las policías españolas a la hora de tratar a los detenidos".

"A España le vendría bien un rescate de Europa en materia de derechos humanos", dijo. Denunció además que al Estado le sale "más barato" pagarle 24.000 euros que "quitar la tortura como método de trabajo para obtener información o investigar a los torturadores, enjuiciarles y encarcelarles".

El tribunal recuerda en su sentencia que el que fuera director de Egunkaria fue arrestado el 20 de febrero de 2003 en el marco de una investigación sobre el entorno de ETA. Estuvo cinco días bajo el régimen de incomunicación -durante los cuales recibió la visita de un médico forense en cuatro ocasiones- hasta que pasó a disposición judicial. Otamendi denunció entonces que había sido objeto de malos tratos y torturas. Concretamente, relató que los agentes no le habían dejado dormir, le habían forzado a estar de pie durante dos días, a hacer flexiones y a adoptar una posición sexual. También denunció que recibió insultos homófobos, le cubrieron en dos ocasiones la cabeza con una bolsa de plástico, simularon que le disparaban y fue amenazado de muerte. Ya el 27 de febrero, el periodista solicitó a la Audiencia Nacional que remitiera al juzgado ordinario de Madrid una copia de su testimonio. La petición fue rechazada con el argumento de que la investigación era confidencial. Meses más tarde, Otamendi presentó una denuncia ante los juzgados de Madrid que, sin embargo, fue archivada en 2004 sin que los magistrados escucharan su versión o la de los agentes que lo detuvieron tal y como solicitó el denunciante. Agotada la vía judicial en el Estado, el director de Berria presentó recurso en 2008 ante la Corte de Estrasburgo.

Varapalo a la AN Ayer, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dio la razón con una sentencia en la que afirma que, pese a las denuncias presentadas, el juzgado central de instrucción número 6 de la AN permaneció "pasivo". Además, concluye que la investigación realizada por la juez de instrucción número 5 de Madrid no fue lo suficientemente "profunda ni efectiva. Según el fallo, la Audiencia Nacional no investigó debidamente las denuncias de malos tratos porque solo tuvo en cuenta la declaración del médico forense que le examinó durante los días que permaneció incomunicado y no interrogó ni al propio Otamendi ni a los agentes que le vigilaron mientras estuvo bajo custodia, lo que "podría haber contribuido a arrojar luz sobre los acontecimientos".