Catalunya, ¿y ahora qué?

Pese al intento del PP de minimizar el componente identitario del hastío de los catalanes, de su "fatiga" en palabras del president de la Generalitat, Artur Mas, y señalar como detonante la crisis y los apuros económicos por los que se arrastra Catalunya, los expertos constitucionalistas consultados coinciden en situar como mecha del incendio aquel tijeretazo del Constitucional.

Tras cuatro largos años de deliberación, en junio de 2010 el alto tribunal declaró inconstitucional catorce artículos del Estatut y cuestionó otros 23, unos recortes que neutralizaron la misma esencia del texto, ya que echaron abajo cuestiones básicas del autogobierno. El nuevo Estatut fue aprobado con amplísima mayoría en el Parlament, pasó el cepillado del Congreso y el Senado, y volvió a Catalunya para someterse a referéndum. Se habían cumplido todos los requisitos legales y, aún así, el Tribunal Constitucional (TC) daba un portazo. La multitudinaria manifestación de protesta el 10 de julio de aquel año ya hacía presagiar la defunción de las actuales relaciones entre Barcelona y Madrid.

Dos años más tarde, con una recesión económica gigantesca sobrevolándolo todo y el cambio de signo político en la Generalitat mediante, la contundencia en el grito independentista que se escuchó el martes en las calles de Barcelona no deja lugar a dudas. Artur Mas ha recogido el guante y reclama Estado propio y una consulta popular para que los catalanes se pronuncien. Nadie se atreve a pronosticar con seguridad si mantendrá el órdago o se servirá de él para forzar a Mariano Rajoy a aceptar el pacto fiscal.

problema político, no jurídico Con independencia de los posibles acuerdos que se puedan adoptar a corto plazo, la pregunta es ahora qué camino podrá emprender Catalunya para hacer posible un salto en su autogobierno. Los expertos consultados por DNA coinciden en lo sustancial: toda reivindicación soberanista o independentista de cualquier territorio del Estado español no tiene encaje en el actual marco constitucional. El más rotundo es Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y que participó en la redacción del Estatut de 2006 recortado por el TC. "La independencia está excluida de entrada", sentencia. El artículo 2 de la Constitución fija la "indisoluble unidad de la nación española". "No se puede ir más allá -remarca el experto-. Fue la gran decisión que adoptaron los constituyentes respecto de la articulación territorial del poder: reconocimiento del derecho de autonomía pero siempre bajo la unidad política del Estado". Nos encontramos, por tanto, "ante un problema de naturaleza política, no jurídica. Jurídicamente el tema está perfectamente resuelto", sentencia.

Para modificar este artículo solo existe una alternativa, según la jurisprudencia del TC: reformar la Constitución como establece su artículo 168, lo que requiere la aprobación de las dos terceras partes del Congreso y el Senado, disolver las Cortes y convocar elecciones, y ratificación de las dos terceras partes de las nuevas cámaras legislativas con posterior aprobación en referéndum entre todos los ciudadanos del Estado español. Estos requisitos implican su paradoja, como sostiene Hèctor López Bofill, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que también es dirigente de la formación soberanista Solidaritat Catalana per la Independència. Podría darse el caso, ilustra, de que ante un proyecto de reforma constitucional se podrían pronunciar el Congreso y Senado por dos veces, además del pueblo español, "sin tener certeza de la voluntad de secesión".

El español no es el único caso de blindaje del Estado, como recuerda Iñigo Bullain, profesor de Derecho Constitucional e Integración Europea de la UPV/EHU. "La mayoría de los textos constitucionales no recogen la secesión como un derecho", asevera. Pero ello contrasta con el hecho de que el derecho de autodeterminación forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que vincula al "orden legal del Estado español".

Constitución nueva Llegados a este punto, la búsqueda de alternativas se hace difícil. Pérez Royo no contempla más salida que el "pacto político". Sería imprescindible lograr un gran consenso en las Cortes Generales para dar cabida a una reivindicación soberanista de uno de los territorios. Para el catedrático, la modificación sería de tal calibre que se trataría, "materialmente, de una Constitución nueva". El pacto sería también el camino si se quiere "dar salida política" a la manifestación de "una voluntad clara y mayoritaria de la población". Chequia y Eslovaquia optaron por el "divorcio amistoso". Montenegro se separó de Serbia en 2006, pero allí la constitución permitía despejar en un referéndum la voluntad de los montenegrinos de ser independientes. A diferencia de España, donde los referéndum, no vinculantes, solo pueden ser convocados por el Gobierno español de turno. La UE solo puso como condición para la independencia de Montenegro que sus promotores obtuvieran un mínimo del 55% de apoyos. La fórmula de la consulta popular es la defendida por Mas tras la manifestación de la Diada. «¿Cómo se sabe si un pueblo es una nación? Votemos.", proponía el jueves el president de la Generalitat.

Sin atreverse a formular ninguna propuesta concreta, Pérez Royo tiene claro que la salida que buscará el pueblo catalán está "fuera de la Constitución". "El TC les dijo que esta Constitución no es suya, que no caben en ella -proclama-. Hicieron todo lo que la Carta Magna dice para reformar el Estatuto y no sirvió de nada. Así que, como consecuencia, lo que viene ahora es mucho más de lo que era el Estatuto".

mirando a Europa El experto Iñigo Bullain comparte que "la voluntad de llegar a acuerdos es clave. El proceso de integración europeo representa el ejemplo de cómo se puede alterar el texto constitucional sin recurrir a reformas formales", ejemplifica. "El problema de fondo -añade el profesor de la UPV/EHU- es la falta de voluntad política para respetar la voluntad de autogobierno de vascos y catalanes, y buscar un acomodo asimétrico en la Constitución".

Al "error político" que supuso haber "jibarizado" el Nou Estatut, hay que añadir el portazo que recibió en Madrid la Propuesta de Estatuto Político del lehendakari Ibarretxe. Bullain matiza que, a su juicio, "la legitimidad democrática" de aquella propuesta "no era válida", debido a que contó con "el apoyo parcial de un grupo que por entonces sostenía una estrategia político-militar", en referencia a la izquierda abertzale. Explica, sin embargo, que todo cambia ante un hipotético futuro acuerdo en Euskadi "una vez que el MLNV ha renunciado a su estrategia político-militar" y se produce "su normalización con el resto de fuerzas políticas que no emplean la violencia como recurso político".

El profesor de la universidad vasca no se cierra otras alternativas, como la posibilidad de realizar una especie de preconsulta para certificar, la voluntad popular esquivando los inconvenientes existentes para convocar un referéndum. Y fija su mirada en Escocia.

"Siempre cabría la posibilidad de acudir a unas elecciones reclamando del electorado una mayoría parlamentaria favorable para iniciar un proceso de autodeterminación. Ese ha sido el camino empleado en Escocia por el SNP (Scottish National Party), que reclamó y obtuvo una mayoría parlamentaria para convocar un referéndum. Por lógica democrática, Londres ha aceptado y autorizado dicha convocatoria". Estos días se especula con que Artur Mas acabe adelantando las elecciones autonómicas, aunque él mismo se ha encargado de descartarlo. Pero la posibilidad sigue ahí.

Un Estado catalán, añade Bullain, plantearía "algo inédito", dado que hasta la fecha ninguno ha tenido su origen en un estado miembro. Aunque no existe norma escrita, a su juicio, "si una clara mayoría expresara a través de un proceso democrático su voluntad de mantener su condición de ciudadanos de la Unión pero en el seno de un nuevo Estado, existiría una obligación de la UE de habilitar un proceso de negociación para unas nuevas condiciones de pertenencia".

Aventura, incluso, la posibilidad, "tal vez transitoria", de que España reconociera a Catalunya y a Euskadi como repúblicas autónomas, y negociara con la UE para que en el marco europeo contaran también con un estatus particular.

La vía de los hechos Sin embargo, Hèctor López Bofill solo ve una salida, la vía de los hechos, lo que denomina "la ruptura constitucional". La hoja de ruta para construir esta "nueva legitimidad" sería clara aunque no sencilla: "Primero, el Parlament declararía la independencia unilateralmente, a lo que seguiría la construcción de una nueva legalidad y, eventualmente, ratificación de esta nueva legalidad por referéndum para lograr una legitimidad internacional".

Es el procedimiento por el que optó en 2008 Kosovo -tras la desintegración de Yugoslavia, y la posterior y trágica guerra-, estado que Madrid sigue empeñado en no reconocer, una independencia sancionada por la Corte Internacional de Justicia. El profesor de la Universitat Pompeu Fabra concluye que este proceso de ruptura debe sustentar su legitimidad en dos principios claros: "La determinación de una voluntad mayoritaria y democrática del conjunto de la ciudadanía, y el respeto a las normas internacionales de protección de los derechos humanos".