Bilbao. Cerca de 38.000 jóvenes vascos comenzaron ayer el curso en Formación Profesional, diez mil más que al inicio de legislatura. Tras esta notable escalada se sitúa sin duda la crisis económica, razón por la que miles de estudiantes han dado continuidad a su formación y otros tantos que abandonaron los estudios en el boom inmobiliario se hayan reenganchado, con el objetivo de reciclar sus conocimientos. Además, se pone de largo el último plan estrella del Gobierno de Patxi López en materia educativa: la formación en alternancia, o lo que es lo mismo, la combinación del estudio con el trabajo remunerado en empresas.
En mayo las consejeras de Educación, Isabel Celaá, y de Empleo, Gemma Zabaleta, presentaron en sociedad el programa Hezibi y anunciaron que a partir de setiembre "al menos 1.000 alumnos" sin cualificación menores de 30 años iban a compaginar sus estudios con prácticas remuneradas y contrato laboral. Pues bien, el que estaba llamado a ser un programa ejemplar de formación adaptada a las necesidades empresariales ha resultado un fiasco. El Departamento de Educación no ha logrado cubrir 800 de las 1.000 plazas anunciadas antes de verano.
En la inauguración del curso celebrada ayer en el Instituto Nicolás Larburu (Barakaldo), la consejera Celaá afirmó que este año dará comienzo el nuevo modelo vasco de formación en alternancia en el que se han inscrito 200 estudiantes de 30 centros educativos, es decir, un 80% por debajo de las expectativas alimentadas por el Gobierno socialista.
Ni la consejera de Educación, ni el lehendakari, Patxi López, explicaron las razones del pinchazo sufrido por el plan con el que el Gobierno Vasco pretendía hacer sombra a la FP a la alemana impulsada por el ministro José Ignacio Wert que, sin embargo, ha condicionado al logro de financiación suficiente y la implicación del tejido empresarial.
Este año 144 empresas han respondido al llamamiento realizado por el Gobierno Vasco, a pesar de que ofrecía unas condiciones muy ventajosas para los empleadores. Según la orden que regula el contrato para la formación y aprendizaje, las empresas pueden optar a una subvención de 2.000 euros por alumno y año, así como a una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social del 100% si tiene una plantilla menor a 250 personas o del 75% en el supuesto de que la empresa tenga un número de trabajadores igual o superior a esa cifra. Además, si se trasforma ese contrato en indefinido, la empresa tiene una rebaja de 1.500 euros al año durante tres años en la cuota a la Seguridad Social, una prima que se elevaría a los 1.800 euros año en el caso de ser mujeres.
Inseguridad jurídica Según el Gobierno Vasco, el programa contaba con 8 millones de euros a cargo de Lanbide. Poco después esta cifra se vio reducida a 2,4 millones de euros en el borrador de la orden conjunta de las consejeras de Empleo y Educación que regula el proyecto. Ayer esta orden no aparecía publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. Por tanto, cabe concluir que la norma que define y debería sostener jurídicamente los contratos laborales que suscribirán los chavales ni siquiera ha sido aprobada.
A la luz de todo ello, el programa de FP en alternancia diseñado por el Gobierno de Patxi López no solo nace con una demanda notablemente inferior a la anunciada (un 80% de alumnos menos) y con 5,6 millones de euros por debajo de la cifra comprometida por Celaá y Zabaleta allá por mayo, sino que echa a andar con una gran inseguridad jurídica para los centros educativos, las empresas y los propios alumnos.
Ni López ni Celaá ni Zabaleta hicieron alusión alguna a esta circunstancia mientras charlaban con los alumnos de Instituto Nicolás Larburu, donde se volvió a escuchar por boca del lehendakari que la FP vasca es "marca de país". Durante su intervención, López destacó la importancia de disponer de "un buen sistema de formación profesional para una sociedad moderna como la nuestra" y señaló que este curso "arranca en una situación complicada para prácticamente todos los países de la Unión Europea", para subrayar que "es precisamente en tiempos difíciles cuando los gestores públicos tenemos que tener claro qué rumbo queremos marcar".
En este sentido apuntó que la apuesta de Euskadi debe centrarse en "mantener permanentemente una Formación Profesional de alta calidad y de excelencia pegada al terreno" y dijo que su Gobierno "siempre ha tenido muy claro que recortar en formación es recortar en nuestro futuro y, por eso, seguimos apostando de manera clara por la Formación Profesional".
Por su parte Celaá se felicitó por el buen nivel de matriculación. Desde su punto de vista, los cerca de 38.000 alumnos representan "todo un éxito y una cantidad cada vez más creciente de alumnos que se sienten atraídos por una formación profesional de lujo". También se refirió a la FP a través de las tecnologías y recordó que el centro de FP on line tiene 1.360 matrículas con 50 módulos y ocho titulaciones. Asimismo, subrayó la importancia de la vinculación del centro formativo y la empresa, "que estimulamos cada día alcanzando una simbiosis que ya viene a ser significativa".