LA primera semana de la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los ERE ha aflorado mucho conocimiento, a veces impúdico, de la personalidad y avatares familiares de los declarantes, pero nada sobre el reparto de mil millones con cargo a la famosa partida 31L del presupuesto andaluz. Las últimas comparecencias han paliado el preocupante inicio de esta comisión que, más que de investigación de irregularidades en el reparto de estos fondos de la Junta de Andalucía, parecía de exculpación.
Que muchos de ellos estén imputados por la juez Mercedes Alaya ha favorecido que no contesten a las preguntas de los diputados para preservar su derecho de defensa, aunque no han ahorrado críticas a sus señorías aprovechando el alegato final de sus comparecencias. Sí han denunciado las "difamatorias", "manipuladoras" y "atentatorias" preguntas de los diputados, a quienes Ramón Díaz, exdiputado del PSOE y exasesor de Empleo, amenazó con los tribunales. Algunos quisieron ausentarse para no escuchar las preguntas de los diputados.
La negativa a contestar -que no a criticar- a los diputados exasperó a los portavoces de IU y PP, algo que empeoró cuando el del PSOE, que no había hecho ninguna pregunta oral para amparar los derechos de declarantes imputados, rompió su silencio y preguntó al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por las fechas en que ocupó este cargo. La cuestión causó hilaridad entre algunos, pero avezados analistas políticos la descifraron como una vital precisión temporal para preservar al presidente Griñán de responsabilidad en este asunto.
Guerrero es, hasta ahora, la estrella mediática de esta comisión en la que sus superiores, los consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, le han dejado a los pies de los caballos por el, cuanto menos pródigo, reparto de fondos públicos. Único imputado en prisión -junto a su infiel y deslenguado chófer, que no ahorró detalles sobre el pago de copas y cocaína con fondos públicos- compareció con desenvoltura ante la comisión. "Lo único que le quiero decir a su señoría es que todo el mundo me tiene, y me tengo, por una persona jovial, pero ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece, cuando me apetece y donde quiero", espetó.
La tribu periodística, cuyos plumillas soportaban anodinas comparecencias y los fotógrafos esperaron el furgón policial de Guerrero a más de 40 grados, consumió ese día 80 litros de agua. Pero, por fin, se regaló los oídos con sabrosos titulares. La confesión de Guerrero de su amor por el Marlboro y el gin-tonic, pero no por los porros, que no le "han hecho falta", reforzó su simpatía mediática, aunque no aclaró el uso, o abuso, de la partida 31L, que definió a la policía como "fondo de reptiles". Sí dejó una pista: "Hay muchos no imputados que pueden resolver sus dudas; suerte", deslizó a sus señorías, de quienes se despidió para volver a prisión con un "ya hablaremos".
Sus jefes, Viera y Fernández, le han señalado como responsable de cualquier reparto irregular de los fondos, que beneficiaron hasta al churrero de su pueblo. Ambos aparecieron desmemoriados ante las preguntas sobre el convenio-marco que firmaron en 2001, origen de la 31L y amparo legal del reparto de casi mil millones de ayudas.
Apuntaron que este convenio cambió los controles -los anuló, según la oposición- para agilizar el reparto de ayudas con las que sofocar una Andalucía incendiada por cierres empresariales y huelgas que demolían la "concertación social", el estandarte político del presidente Chaves. Sus memorias fallaron para precisar el reparto de estas ayudas o su conocimiento y aceptación por Chaves y su gobierno.
La desmemoria de Viera fue casi total sobre las decenas de millones a la Sierra Norte sevillana, donde no negó cierto comportamiento político caciquil, y preguntado por las subvenciones a empresas de su hija y cuñado dijo haberse enterado por la prensa. Censuró con contundencia haber sufrido una campaña de "destrucción" política que ha "zarandeado" a su familia.
Fernández, que salió de prisión hace dos semanas tras pagarse su fianza de 450.000 euros con donaciones tan magnánimas como anónimas, deploró haber perdido su empleo "y casi todo", excepto su "honor y su vergüenza". Y dejó dos asertos sobre la 31L: "La maldad no está en el procedimiento, sino en el ser humano" y "la política es discrecional pero no arbitraria".
